Los consumos problemáticos, el narcotráfico y la violencia barrial expresan un dolor social profundo que no se resuelve solo con patrulleros: exige salud mental, comunidad organizada, presencia real del Estado y una política de seguridad con sentido humano.
Los dichos del médico psiquiatra Gattaz en el expuestos en la edición del diario El Litoral del 02/07/26 merecen ser leídos con atención, sin apuro y sin prejuicios. No se trata de una simple opinión sobre adicciones. Tampoco de una defensa ingenua del consumo problemático ni de una negación del narcotráfico. Lo que plantea es mucho más profundo: cuando un barrio queda atravesado por la droga, la pobreza, la violencia y el abandono estatal, ya no estamos solamente ante un problema sanitario o policial. Estamos frente a una cuestión social de fondo que, si no se aborda a tiempo, termina convirtiéndose en un verdadero problema de seguridad interior.
Gattaz pone el dedo en una herida que todos conocen, pero que muchas veces se prefiere mirar de lejos. El consumo problemático no aparece de la nada. No nace solamente de una decisión individual. Crece en territorios donde antes se retiraron el trabajo, la escuela, la salud, el club, la familia acompañada, el Estado presente y la comunidad organizada.
Por eso advierte con claridad:
“Querer tratar los consumos problemáticos solo con patrulleros o volviendo al viejo paradigma médico-hegemónico de la abstinencia forzada es no entender nada de las condiciones estructurales que empujan a un pibe o a una piba a prenderse a una sustancia.”
La frase es fuerte porque obliga a ordenar el debate. El patrullero puede ser necesario frente al delito. La investigación criminal es indispensable contra el narcotráfico. La presencia policial puede proteger al vecino. Pero nada de eso alcanza si se cree que la adicción se resuelve únicamente con control, encierro, requisa o castigo.
La droga no es solo una sustancia. En nuestros barrios muchas veces es también la forma visible de una derrota anterior: la derrota del proyecto de vida.
Cuando el barrio se rompe, la seguridad también se rompe
Uno de los mayores aportes de Gattaz es que no mide el impacto del narcotráfico solamente por la cantidad de droga secuestrada o por las imágenes espectaculares de los procedimientos. Lo mide donde realmente duele: en la vida cotidiana.
Lo dice de manera precisa:
“Cuando la adicción y el narcotráfico colonizan un barrio, el impacto real no se mide en los kilos de droga que muestra la televisión, sino en el dolor cotidiano que vemos tallado en la trama humana que sostenemos a diario.”
Ese dolor tiene rostro. Está en los jóvenes consumidos por sustancias adulteradas. Está en las familias destruidas por la angustia. Está en las madres y abuelas que recorren hospitales, centros de salud, comisarías, juzgados, escuelas y comedores buscando una respuesta. Está en los vecinos que empiezan a encerrarse temprano. Está en los chicos que dejan de usar la plaza porque la esquina fue tomada. Está en el comerciante que baja la persiana antes de horario. Está en el docente que sabe que un alumno se está perdiendo y no tiene a quién recurrir.
Ahí aparece la dimensión profunda del problema. La seguridad pública no se rompe solamente cuando aumenta el delito. Se rompe antes, cuando se destruye la confianza comunitaria.
Cuando el miedo reemplaza al encuentro, cuando el encierro reemplaza al espacio público y cuando la supervivencia reemplaza a la vida en común, el barrio deja de ser comunidad y empieza a convertirse en territorio disputado.
Gattaz lo describe así:
“Todo esto termina provocando una deshumanización brutal del lazo social, donde el transcurrir diario en el barrio empieza a regirse por la ley de la supervivencia económica y la informalidad más violenta.”
Esa frase debería ser tomada en serio por cualquier política de seguridad. Porque cuando manda la supervivencia, pierde la ley. Y cuando pierde la ley, pierde también el vecino honesto, pierde la familia trabajadora y pierde el propio Estado.
Los cuerpos como primer territorio de la exclusión
Gattaz habla como médico, pero no se queda encerrado en el consultorio. Mira el cuerpo del paciente como una especie de mapa donde se escriben las consecuencias de la exclusión.
Afirma:
“Lo vemos en los cuerpos de nuestros pacientes, que son el primer territorio donde impacta la exclusión; cuerpos desgastados por sustancias adulteradas, expuestos a la violencia de la calle, a la desnutrición y al rebote constante de un sistema asistencial que les cierra la puerta.”
Esta mirada es fundamental. Porque muchas veces se habla del consumidor como si fuera apenas un problema de conducta. Se lo mira como amenaza, como molestia o como caso perdido. Gattaz propone otra lectura: ese cuerpo deteriorado expresa una historia social, familiar, sanitaria y comunitaria previa.
No se trata de justificar cualquier conducta. Se trata de comprender para intervenir mejor. Una política pública que no comprende lo que enfrenta termina haciendo ruido, pero no dando respuestas.
Y en esto hay que ser claros: comprender no es justificar. Comprender es gobernar con más inteligencia.
La familia abandonada y el Estado que llega tarde
Otro punto central de su planteo es el lugar de las familias. En los barrios, la crisis de consumo no la sostiene un escritorio ministerial. La sostienen, muchas veces solas, las madres, las abuelas, los hermanos, las tías, los vecinos y los referentes comunitarios.
Gattaz lo expresa con crudeza:
“Son las madres y las abuelas las que se cargan el cuidado al hombro en los pasillos, mendigando un turno en nuestros efectores desbordados, mientras sus hogares se desangran por el miedo y la dolorosa pérdida de cualquier expectativa de futuro para sus hijos.”
Ahí hay una denuncia sanitaria concreta. No alcanza con decir que existen programas. No alcanza con inaugurar carteles. No alcanza con discursos sobre salud mental si después las familias chocan contra turnos imposibles, equipos desbordados, derivaciones eternas y dispositivos insuficientes.
La política sanitaria fracasa cuando no llega antes del derrumbe. Y cuando el sistema de salud no contiene, el problema no desaparece: cae sobre la familia, sobre la escuela, sobre el comedor, sobre el barrio y finalmente sobre la policía.
Ese es el circuito que nadie quiere mirar completo. Primero se abandona socialmente. Después se atiende mal sanitariamente. Luego se judicializa. Finalmente se policializa. Y cuando todo estalla, se le pide al último eslabón que resuelva en minutos lo que el Estado no resolvió durante años.
El trabajo comunitario como última frontera
Gattaz también valora el papel de las organizaciones barriales. Y en esto hay una mirada que debemos rescatar. No todo está perdido donde hay comunidad organizada. Allí donde el Estado llega tarde, muchas veces aparece una red humana sosteniendo lo básico.
Lo dice así:
“Frente a esta desidia planificada del Estado, son los movimientos barriales, las ollas populares y los comedores comunitarios los que se convierten en el verdadero sostén de la vida en el territorio.”
Esto no debe leerse como una romantización de la pobreza. Nadie debería tener que reemplazar al Estado a pulmón. Pero sería injusto desconocer que muchas veces son esos espacios los que evitan que la caída sea total.
El comedor, el club, la escuela, la capilla, el centro de salud, la vecinal y la organización territorial son parte de una red de contención. Cuando esa red existe, el barrio resiste. Cuando esa red se rompe, avanza el mercado ilegal.
La comunidad organizada no es una consigna vieja. Es una necesidad urgente.
La adicción no es un fracaso moral
Uno de los tramos más importantes de Gattaz es cuando define el consumo problemático desde una perspectiva humana y social:
“La adicción no es un fracaso moral ni un delito individual, es el síntoma de un lazo social quebrado y de un Estado que se retira del cuidado para volver únicamente con la fuerza del uniforme.”
Esta frase resume buena parte del problema. El Estado no puede ausentarse como salud, educación, trabajo y cuidado, para reaparecer solamente como patrullero, allanamiento o represión. Esa presencia tardía no reconstruye comunidad. Apenas administra el daño.
Pero cuidado: esto tampoco significa negar la necesidad de seguridad. Al contrario. Un barrio tomado por economías criminales necesita autoridad legítima, investigación, inteligencia criminal, presencia policial profesional y persecución real de las estructuras narco. Lo que no puede hacerse es confundir al pibe atrapado en el consumo con el negocio criminal que lucra con su destrucción.
Una cosa es combatir al narcotráfico. Otra cosa es abandonar al consumidor vulnerable hasta que se convierta en un problema policial.
De la cuestión social a la seguridad interior
La gran enseñanza de esta exposición es que la cuestión social, cuando se descompone, termina impactando directamente en la seguridad interior.
El narcotráfico no solo vende drogas. Ordena territorios, compra voluntades, impone silencios, recluta jóvenes, rompe familias, disputa autoridad, controla información, genera miedo y construye economías paralelas. Cuando eso ocurre, ya no estamos frente a un problema marginal. Estamos ante una amenaza concreta a la vida comunitaria y a la autoridad legítima del Estado.
Pero esa amenaza no se derrota únicamente con más patrulleros. Se enfrenta con una política integral: salud mental, educación, trabajo, urbanización, deporte, cultura, presencia policial profesional, justicia eficaz, investigación patrimonial, control del lavado y reconstrucción comunitaria.
Gattaz lo plantea con una frase decisiva:
“La lucha contra el narcotráfico va a seguir siendo una puesta en escena y una batalla perdida mientras no entendamos que detrás de cada consumo hay un dolor profundo que necesita ser alojado por la comunidad y un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.”
Dicho de manera sencilla: no hay seguridad duradera sobre barrios rotos. No hay paz social sobre familias abandonadas. No hay combate serio al narcotráfico si al mismo tiempo se descuida la salud mental, la escuela, el trabajo y la comunidad.
Una política pública que cuide y ordene
El desafío no es elegir entre seguridad o salud. Esa es una falsa discusión. El verdadero desafío es construir una política pública que cuide y ordene al mismo tiempo.
Cuidar sin ordenar puede dejar al barrio indefenso frente al delito. Ordenar sin cuidar puede transformar al vulnerable en enemigo. La salida exige las dos cosas: autoridad legítima y justicia social.
El Estado debe perseguir al narcotráfico, pero también garantizar tratamientos. Debe proteger a los vecinos, pero también acompañar a las familias. Debe investigar el delito complejo, pero también fortalecer los centros de salud. Debe intervenir en la urgencia, pero también reconstruir futuro.
Por eso, el trabajo de Gattaz es valioso. Porque obliga a mirar más allá del titular fácil. Nos recuerda que detrás de cada consumo hay una historia. Detrás de cada barrio golpeado hay una comunidad que todavía resiste. Y detrás de cada crisis de seguridad suele haber una cuestión social no resuelta.
El dolor de nuestros barrios no puede seguir siendo tratado como una molestia de orden público. Es una señal de alarma nacional. Si no se escucha a tiempo, termina hablando en el lenguaje más duro: violencia, miedo, muerte, encierro y pérdida de comunidad.
La verdadera política de seguridad interior empieza mucho antes del patrullero. Empieza donde una familia encuentra ayuda. Donde un pibe encuentra una escuela que lo retiene. Donde un centro de salud tiene equipos suficientes. Donde un club vuelve a abrir sus puertas. Donde un comedor no tiene que mendigar alimentos. Donde la policía no llega sola, sino como parte de un Estado presente, justo y organizado.
Porque cuando el barrio se cura, la seguridad mejora.
Y cuando el barrio queda solo, el narcotráfico gobierna.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha». y «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)».
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