El general que dijo basta: “Esas son las palabras de un potencial criminal de guerra”

La reacción del mayor general retirado Randy Manner frente al discurso de Pete Hegseth abre una discusión que excede largamente a los Estados Unidos: qué responsabilidad tiene quien conduce políticamente una fuerza armada o policial cuando sus palabras corren límites, construyen enemigos y terminan validando conductas que otros deberán ejecutar con un arma en la mano. De Hannah Arendt a Javier Milei y Maximiliano Pullaro, el problema vuelve a ser el mismo: el discurso también conduce.

No lo dijo un pacifista: lo dijo un general

“Esas son las palabras de un potencial criminal de guerra”.

La frase resulta brutal, pero adquiere una dimensión mucho mayor cuando se conoce a quien la pronunció. Randy E. Manner no es un comentarista televisivo indignado, un dirigente opositor ni un militante pacifista que observa desde afuera una institución que desconoce. Es un mayor general retirado del Ejército de los Estados Unidos que prestó más de 35 años de servicio, condujo organizaciones del Ejército regular y de la Guardia Nacional y llegó a desempeñarse en responsabilidades de primer nivel dentro de la estructura militar estadounidense, entre ellas la vicejefatura interina de la Oficina de la Guardia Nacional, funciones de conducción en el Tercer Ejército y tareas vinculadas a la Defense Threat Reduction Agency, organismo especializado en amenazas estratégicas de enorme complejidad.

Es decir, habló un hombre formado dentro de aquello que cuestionaba y que conoce desde adentro el peso de una orden, el valor de una regla de enfrentamiento y las consecuencias que puede tener una frase cuando es pronunciada desde la conducción de una organización armada. Precisamente por eso importa su reacción frente a Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, también veterano militar y oficial de infantería de la Guardia Nacional, con despliegues en Guantánamo, Irak y Afganistán, pero portador de una concepción muy diferente acerca del modo en que una fuerza debe ejercer la fuerza.

Hegseth había sostenido que Estados Unidos no debía combatir con “estúpidas reglas de enfrentamiento” y reclamó “desatar las manos” de sus combatientes para “intimidar, desmoralizar, cazar y matar” a los enemigos de su país, reivindicando además la máxima letalidad y una mayor libertad de acción para quienes actúan sobre el terreno. Manner escuchó esas palabras y respondió que ese no era el consejo que un secretario de Defensa debía transmitir a soldados, marineros, aviadores y marines, porque semejante orientación, lejos de protegerlos, podía colocarlos en mayor peligro.

Después pronunció la frase que origina esta reflexión: “Esas son las palabras de un potencial criminal de guerra”.

No estaba afirmando que Hegseth hubiera sido condenado por un crimen de guerra ni formulando una imputación judicial. Estaba señalando algo anterior y, posiblemente, más profundo: la clase de mensaje que una conducción política transmite hacia abajo cuando presenta los límites al uso de la fuerza como obstáculos que deben ser removidos.

Dos maneras de entender al hombre armado

El contraste entre Hegseth y Manner muestra dos concepciones profundamente diferentes acerca de la profesionalidad militar. En marzo de 2026, al referirse a la intervención estadounidense contra Irán, Hegseth volvió a sintetizar su mirada al hablar de una guerra “sin reglas de combate estúpidas”, sin construcción de naciones, sin ejercicios de democracia y sin intentos por conquistar “los corazones y las mentes”. No era la primera vez que cuestionaba restricciones de ese tipo, ya que previamente había sostenido que determinadas reglas de enfrentamiento estaban prácticamente diseñadas para perder y para “esposar” a los soldados estadounidenses.

La idea posee una seducción evidente: el combatiente sería más eficaz cuanto menos condicionado se encontrara por controles, procedimientos y restricciones externas. Sin embargo, Manner plantea exactamente la lógica contraria, porque para él el límite no debilita al profesional armado, sino que constituye una parte esencial de aquello que lo define como profesional.

Un hombre con un fusil y sin límites no es necesariamente un mejor soldado; puede ser simplemente un hombre con un fusil. La profesionalidad comienza precisamente allí donde alguien entrenado y autorizado para ejercer una enorme violencia sabe cuándo puede hacerlo, contra quién, bajo qué condiciones y, especialmente, cuándo debe detenerse.

Las reglas de enfrentamiento, el derecho internacional humanitario, los protocolos operativos y las garantías no existen para impedir que una fuerza cumpla su misión, sino para determinar qué significa cumplirla legítimamente. Por eso la advertencia de Manner tiene una profundidad que va mucho más allá de la disputa personal con Hegseth: quien conduce una organización armada no administra solamente presupuestos, armamento y operaciones, sino también significados, porque explica qué entiende por valentía, qué considera eficacia, quién es el enemigo, qué controles considera legítimos y cuáles presenta ante sus subordinados como obstáculos innecesarios.

El discurso también forma parte de la cadena de mando.

Antes de una orden ilegal puede existir una legitimación

Existe una tendencia demasiado cómoda a reducir estos problemas a una sola pregunta: “¿Hubo una orden ilegal?”. Si la respuesta es negativa, parecería terminar allí toda responsabilidad política, como si las organizaciones humanas funcionaran exclusivamente mediante órdenes escritas, circulares y reglamentos.

Sin embargo, cualquier persona que haya integrado una estructura jerárquica sabe que también existen señales, silencios, premios, castigos, expectativas y formas no escritas de transmitir lo que se espera de cada subordinado. El funcionario aprende con rapidez qué conductas reciben reconocimiento, cuáles generan reproche, qué riesgos son aceptables y qué límites la conducción considera realmente importantes.

Sería simplista afirmar que una declaración política produce automáticamente una conducta ilegal, porque entre ambas existen la formación profesional, los mandos intermedios, los reglamentos, los controles institucionales y la responsabilidad individual. Pero sería igualmente ingenuo sostener que las palabras pronunciadas desde la cúspide carecen de consecuencias.

El conductor no necesita decir expresamente “violen la ley” para producir un efecto. Puede construir durante meses un universo discursivo en el que la ley aparezca como un obstáculo, los jueces como ingenuos, los controles como impedimentos, los derechos del detenido como privilegios, la moderación como debilidad y la dureza como demostración de compromiso.

Cuando ese proceso se consolida, aquello que antes requería una explicación comienza a parecer natural. Y justamente allí Hannah Arendt puede ayudarnos a comprender qué significa dejar de preguntarse por el sentido de lo que uno hace.

Arendt: cuando dejar de pensar se convierte en parte del problema

Hannah Arendt debe ser utilizada con cuidado, porque pocas categorías han sido tan repetidas y deformadas como su idea de la “banalidad del mal”. No se trata aquí de comparar a Hegseth, Milei, Pullaro o las democracias contemporáneas con el régimen nazi, porque semejante comparación sería históricamente absurda y conceptualmente innecesaria.

Lo que interesa recuperar de Arendt es otro aspecto. Durante el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, la filósofa observó algo que la perturbó profundamente: no encontró delante de sí la imagen de un monstruo excepcional, sino la de un hombre capaz de participar activamente en una maquinaria criminal recurriendo permanentemente a fórmulas, consignas y justificaciones producidas por la estructura a la que servía.

Su idea de la banalidad del mal no pretendía quitar gravedad a los crímenes, sino advertir acerca de una forma de vaciamiento del juicio individual. El problema aparecía cuando una persona dejaba de examinar moralmente aquello que hacía porque el sistema, el lenguaje y la autoridad ya habían producido previamente las respuestas.

Ese punto conserva una enorme actualidad cuando se lo traslada, con todas las precauciones necesarias, a organizaciones jerarquizadas que administran coerción y portan armas. Una fuerza democrática necesita disciplina y obediencia, porque ninguna organización armada podría funcionar si cada integrante sometiera cada instrucción a una deliberación interminable; pero necesita también hombres y mujeres capaces de reconocer que existe una frontera que ninguna orden, ningún discurso y ninguna urgencia puede legítimamente atravesar.

Cuando el lenguaje político comienza a borrar esa frontera, aumenta el riesgo de que alguien deje de hacerse preguntas. Primero cambia el vocabulario, luego se modifica la percepción y finalmente puede cambiar la conducta.

El detenido deja de ser una persona bajo custodia y pasa a ser “una basura”; el manifestante deja de ser un ciudadano y comienza a ser percibido como un enemigo; el sospechoso deja de ser alguien cuya responsabilidad debe probarse y pasa a ser tratado como culpable anticipadamente, mientras quien controla la legalidad de un procedimiento puede empezar a ser visto como aquel que “ata las manos” de quienes combaten.

En ese momento, el discurso ya hizo buena parte de su trabajo.

El discurso como motor de validación

Podemos denominar a ese proceso el discurso como motor de validación, porque no siempre ordena de manera directa, pero sí puede autorizar culturalmente determinadas conductas, construir las condiciones para que ciertos comportamientos parezcan razonables y transformar progresivamente lo excepcional en algo cotidiano.

La secuencia podría expresarse de manera sencilla: discurso, construcción del enemigo, legitimación, normalización, ejecución y responsabilidad.

El punto crítico aparece entre la legitimación y la normalización, porque cuando una conducta se normaliza deja progresivamente de necesitar una explicación. Aquello que ayer provocaba preguntas hoy empieza a formar parte del paisaje institucional y mañana puede convertirse en una práctica esperada.

Quien conduce no puede controlar cada decisión adoptada por miles de subordinados, pero sí posee una responsabilidad sobre el clima institucional que construye, las categorías que instala, los límites que reivindica y aquellos que ridiculiza. Cuando descendemos del escenario de la guerra al de la seguridad interior, el problema no desaparece, sino que adquiere una sensibilidad todavía mayor, porque del otro lado de la fuerza pública ya no se encuentra un ejército enemigo, sino ciudadanos.

Milei y la construcción política del enemigo

Javier Milei convirtió la confrontación verbal en una pieza central de su identidad política mucho antes de alcanzar la Presidencia. Reducir ese fenómeno a sus malas palabras sería perder lo esencial, porque el problema no reside solamente en el insulto sino en la manera en que clasifica, organiza y moraliza el conflicto político.

La política aparece reiteradamente dividida entre quienes formarían parte de un campo virtuoso y aquellos presentados como responsables de la decadencia: casta, ratas, parásitos, ensobrados, colectivistas, degenerados fiscales, zurdos y enemigos de las transformaciones que el gobierno considera necesarias.

Todo liderazgo político construye adversarios y la democracia sería incomprensible sin conflicto. El problema comienza cuando adversario y enemigo dejan de ser categorías diferentes, porque un adversario participa del mismo sistema y debe ser derrotado electoral o argumentalmente, mientras que un enemigo debe ser neutralizado.

La diferencia se vuelve especialmente importante cuando esas palabras son pronunciadas por quien encabeza el Estado y debajo de él funcionan organismos con capacidad de vigilancia, inteligencia, investigación y coerción física.

El policía también escucha al Presidente y a los ministros, observa qué procedimientos reciben respaldo, qué manifestaciones son caracterizadas anticipadamente como peligrosas, qué organizaciones son asociadas con el desorden, quién integra discursivamente la categoría de “gente de bien” y quién comienza a quedar simbólicamente afuera.

Esto no significa que cada policía adopte automáticamente esas categorías ni que el discurso presidencial produzca de manera directa abusos institucionales. Significa algo más elemental: el poder político genera marcos de interpretación y esos marcos condicionan la manera en que se leen determinados conflictos.

Gobernar mediante la sospecha

Aquí aparece el vínculo con aquello que hemos desarrollado en Gobernar mediante la sospecha (2026). La sospecha resulta indispensable para determinadas funciones del Estado, porque investigar supone formular hipótesis, identificar riesgos, detectar patrones y anticipar acontecimientos.

El problema comienza cuando deja de recaer sobre una conducta determinada y se transforma en una condición atribuida previamente a ciertas personas o grupos. Entonces ya no se sospecha de alguien porque hizo determinada cosa, sino que aquello que hace comienza a interpretarse como sospechoso porque previamente fue incorporado a una categoría de sospechosos.

Ese desplazamiento modifica profundamente la relación entre poder público y ciudadanía. El manifestante puede cometer un delito y deberá responder por ello, pero si todo manifestante comienza a ser observado anticipadamente como potencial violento, algo cambió. Un dirigente sindical puede delinquir y debe ser investigado, pero si la pertenencia sindical empieza a funcionar como presunción de peligrosidad, también algo cambió.

La Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) apunta precisamente a ese fenómeno: la sospecha deja de funcionar exclusivamente como herramienta excepcional vinculada a determinados hechos y comienza a convertirse en un principio ordenador de ciertas relaciones sociales y políticas.

El lenguaje resulta indispensable para que eso ocurra, porque antes de vigilar a una categoría de personas debe construirse una explicación acerca de por qué resulta razonable vigilarlas; antes de aplicar coerción de manera diferencial debe instalarse la idea de que determinados grupos representan un riesgo diferente, y antes de normalizar la excepcionalidad es necesario convencer a una parte de la sociedad de que esa excepcionalidad resulta imprescindible.

El discurso prepara el terreno.

Pullaro: autoridad, eficacia y la responsabilidad de marcar el límite

El caso de Maximiliano Pullaro requiere una lectura diferente y sería un error equipararlo mecánicamente con Milei o, mucho más todavía, con Hegseth. Santa Fe atravesó durante años niveles extraordinarios de violencia criminal y Rosario sufrió períodos en los cuales la capacidad del Estado para controlar determinados territorios estuvo seriamente cuestionada.

Pullaro hizo de la recuperación de esa autoridad uno de los elementos centrales de su gobierno y ha reivindicado de manera reiterada una política de seguridad basada en la firmeza, el respaldo a la fuerza pública y la recuperación de la iniciativa estatal frente al delito. Incluso ha definido su modelo como una forma de ejercer autoridad sin autoritarismo y de enfrentar al delito sin pactar.

La distinción debe ser tomada seriamente porque la autoridad no es autoritarismo y el Estado democrático necesita ejercerla. Una policía que no sabe si contará con respaldo para hacer legalmente su trabajo puede terminar convertida en una fuerza defensiva, temerosa o ineficiente, mientras que muchos policías santafesinos conocen además el fenómeno contrario: gobiernos que exigían resultados operativos pero desaparecían cuando esos procedimientos producían consecuencias políticas o judiciales.

Respaldar al funcionario que actúa correctamente no constituye un problema, sino una obligación de la conducción. Pero ese respaldo debe estar acompañado por otro mensaje igualmente claro: actúe, pero actúe dentro de la ley.

No alcanza con decir solamente “actúe”, del mismo modo que tampoco alcanza con recordar permanentemente los límites si después el Estado abandona al funcionario que los respetó y cumplió legítimamente su deber. La conducción democrática necesita transmitir ambas cosas a la vez.

El problema aparece cuando una política de seguridad instala como valor excluyente la obtención del resultado y el subordinado puede comenzar a interpretar que el procedimiento importa menos que aquello que finalmente consiga. Allí reaparece el problema inicial, no necesariamente porque exista una orden ilegal, sino porque puede comenzar a formarse una expectativa institucional acerca de aquello que el poder considera deseable.

Cuando el subordinado interpreta lo que el poder espera

Éste quizás sea el punto más delicado de toda la cuestión, porque en organizaciones fuertemente jerarquizadas no siempre es necesario ordenar de manera expresa. Los subordinados aprenden a interpretar qué quiere el jefe, qué espera el ministro, qué conducta premia el gobernador y qué comportamiento genera reconocimiento o reproche.

Ese mecanismo existe en cualquier organización, pero adquiere una gravedad diferente allí donde el subordinado porta un arma, puede privar de libertad, utilizar fuerza física y adoptar decisiones irreversibles en cuestión de segundos.

Puede ocurrir entonces que el funcionario termine ejecutando no aquello que recibió formalmente como orden, sino aquello que entendió que sus superiores esperaban de él.

Allí aparece una cuestión central: la transferencia vertical del riesgo. La conducción fija prioridades arriba, el discurso se pronuncia arriba, la presión por resultados nace arriba y el clima operativo se construye arriba, mientras que la acción material ocurre abajo. Cuando esa acción atraviesa el límite, la responsabilidad suele descender rápidamente hasta detenerse en el último integrante de la cadena.

Después del discurso queda el expediente

Hay algo especialmente inquietante en ese mecanismo porque las palabras políticas pueden desaparecer, reinterpretarse o ser explicadas posteriormente como metáforas, exageraciones o expresiones propias del fragor de una confrontación.

El procedimiento, en cambio, queda.

El policía aparece identificado, el arma tiene número, el proyectil posee una trayectoria, la cámara registra, el detenido puede presentar lesiones y el expediente lleva nombres concretos. Aquel clima institucional que durante meses descendió de arriba hacia abajo puede convertirse repentinamente en responsabilidad individual.

Por eso esta discusión no pretende debilitar a las fuerzas de seguridad, sino exactamente lo contrario. Poner límites claros también protege al policía. Un funcionario que sabe con precisión qué puede hacer, qué no puede hacer y que contará con respaldo cuando actúe legalmente se encuentra mucho más protegido que aquel al que primero se alienta a “ir hasta el fondo” y después se deja solo para explicar qué significaba exactamente aquella expresión.

El general que protegió a sus propios soldados

Tal vez ahora podamos volver a Randy Manner y comprender de otra manera aquella frase. Cuando dijo que las palabras de Hegseth eran las de un “potencial criminal de guerra”, no estaba protegiendo solamente a quienes pudieran encontrarse frente a los soldados estadounidenses, sino también a sus propios soldados, porque un conductor que desacredita públicamente las restricciones que gobiernan la violencia puede terminar colocando a sus subordinados en una situación extraordinariamente peligrosa: exigirles eficacia mientras difumina los límites que después determinarán su responsabilidad.

Manner hizo algo que debería esperarse de un verdadero conductor militar: marcó un límite frente al propio poder.

Esa quizá sea la enseñanza más importante del episodio. Una sociedad democrática necesita gobernantes capaces de respaldar a quienes la protegen, pero también necesita militares, policías, funcionarios y dirigentes capaces de decir “hasta acá” cuando la conducción comienza a confundir autoridad con ausencia de límites.

Hannah Arendt dejó una advertencia que conserva plena vigencia: el peligro no comienza únicamente cuando aparece alguien dispuesto a cometer una atrocidad, sino también cuando desaparece la pregunta acerca de si aquello que se hace está bien.

Por eso el problema del discurso nunca es menor, y mucho menos cuando habla quien conduce personas armadas, porque las palabras del poder no disparan un arma por sí mismas, pero pueden construir el universo moral dentro del cual otro llegue a creer que dispararla está permitido.

Y cuando todo termina, casi siempre queda alguien más abajo sosteniendo el arma y explicando por qué hizo aquello que, durante mucho tiempo, desde arriba le hicieron creer que debía hacer.

“Quien quiera oír que oiga”

(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en  Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los  libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?

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