Vivimos bajo un gobierno que no gestiona, no escucha y no representa.
Por Mercedes Iñiguez (*)
Un gobierno que se autoproclama adalid de la «ficha limpia», pero que convive con asesores cuestionados, protegidos por la militancia y el blindaje político. La incoherencia es tan grotesca que pedir ética desde allí resulta un chiste de mal gusto.
¿Y a los trabajadores? ¿A los ciudadanos? ¿Quién los representa realmente? La persecución, las amenazas veladas y las medidas injustas caen sobre quienes día a día sostienen el país. El show de la mano dura ya no engaña a nadie. Incluso el ministro de Seguridad de El Salvador –sí, ese El Salvador del que tanto toman ejemplo– advirtió que no se puede imponer mano dura en las cárceles si primero no se controla la calle. Pero aquí, la lógica no entra, y las balas tampoco.
Lo que sufrimos es una extorsión institucional. Se olvidan de que están ahí por el voto popular, ese que hoy traicionan. Promueven bajar la edad de imputabilidad mientras algunos de sus propios referentes tienen pasados juveniles oscuros, cubiertos por el silencio y el poder. Mientras tanto, ordenan operativos arbitrarios, como si la seguridad se midiera en cifras, exponiendo a los policías con decisiones que no tienen ni sentido ni ética.
La «portación de rostro» se ha convertido en delito. Persiguen a quienes empujan un carrito buscando cartón para alimentar a sus hijos, pero ignoran los delitos de guante blanco. Castigan la pobreza, no el crimen.
Este es un gobierno autoritario, que presiona por reformas constitucionales sin diálogo ni consenso. No gobierna, impone. Y eso, lejos de fortalecer la democracia, la debilita.
Porque no es seguridad, es abuso. No es gestión, es propaganda. No es justicia, es impunidad.
(*) «Mecha» es personal policial de Santa Fe en actividad
APROPOL Noticias