El Instituto de Seguridad Pública (ISEP) atraviesa un serio problema: no logra cubrir las vacantes disponibles para formar a los futuros policías de la provincia.
Por Alberto Martínez (*)
Lejos de ser por falta de cupos, el obstáculo central está en que cada vez menos jóvenes se inscriben, entre otras cosas por los altos costos iniciales, las becas irrisorias y las condiciones poco claras del proceso de selección.
Según denuncian los propios aspirantes, iniciar el trámite de ingreso cuesta alrededor de $700.000 entre estudios médicos, viajes y gestiones. Una suma prácticamente imposible para la mayoría de las familias, especialmente del interior. Y como si fuera poco, las becas que se ofrecen a los cadetes apenas llegan a $90.000 mensuales, un monto que no cubre ni la alimentación básica de un estudiante que debe radicarse lejos de su hogar.
A esto se suman criterios médicos y administrativos arbitrarios que generan indignación. Algunos postulantes fueron rechazados por exceder mínimamente el índice de masa corporal permitido —un caso de 30,4 quedó afuera— mientras que otros, con valores más altos, fueron admitidos. Lo mismo ocurre con los tatuajes: a unos los eliminan por un pequeño diseño, mientras que a otros, con brazos enteros tatuados, los dejan pasar.
El enojo crece cuando los jóvenes intentan pedir explicaciones: muchos médicos se niegan a identificarse, a pesar de ser servidores públicos. Incluso hubo casos de aspirantes que viajaron toda la noche desde lugares como Reconquista o Garabato, para recibir un “no apto” ni bien llegaron y ser enviados de vuelta a casa.
“Es una verdadera vergüenza”, expresan los chicos, que sienten que el sacrificio que hacen nadie lo valora. Algunos presentaron certificados de nutricionistas que acreditaban tratamientos en curso y evolución favorable, pero esos documentos tampoco fueron considerados.
La situación es tan crítica que el Estado debió extender la edad máxima de ingreso a 30 años y prorrogar los plazos de inscripción para intentar cubrir las vacantes, pero aun así la concurrencia sigue siendo baja.
En paralelo, el trabajo policial ha dejado de ser atractivo para muchos jóvenes: los riesgos, la falta de reconocimiento social, los salarios bajos y la incertidumbre en la carrera terminan pesando más que la vocación de servicio.
En resumen: el Estado necesita más policías, pero no logra formar a los que hacen falta porque el sistema de ingreso desalienta y expulsa a quienes quieren servir. Los costos son prohibitivos, las becas son insuficientes, las reglas se aplican con arbitrariedad y la profesión ya no seduce a los jóvenes.
Desde APROPOL advertimos: sin condiciones económicas razonables, sin reglas claras y sin dignificar la tarea policial, el ISEP seguirá vacío de postulantes, y la seguridad pública seguirá en riesgo.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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