En las últimas horas volvió a trascender el nombre de Aldo R., un oficial de la Policía de Santa Fe que durante años supo moverse en las sombras del poder judicial.
Por Alberto Martínez
Lo que pocos saben —y que nunca se comunica oficialmente— es que este funcionario es también abogado, una doble condición que se mantiene reservada para la opinión pública pero que le otorgó un lugar privilegiado en la trama de connivencia con los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, denunciados por ser armadores seriales de causas contra policías.
No se trata de hechos aislados. Aldo R. fue parte activa en el armado de la causa del galpón de calle Guatemala al 2200, donde se reunía un grupo de policías —en su mayoría retirados— que fueron allanados, detenidos e incautados de sus bienes sin que nunca se formalizara una causa concreta. La arbitrariedad llegó al extremo de que a uno de ellos le remataron ilegalmente un motorhome, en un procedimiento que desnuda el nivel de atropello con que se manejaban.
El oficial-abogado no actuó solo: lo hizo bajo la cobertura de un sector del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hoy seriamente cuestionado, que convirtió la persecución a trabajadores policiales en un método sistemático. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra, hoy denunciados por irregularidades graves, encuentran en Aldo R. un engranaje clave para legitimar causas fraguadas y operaciones de disciplinamiento institucional.
Este entramado de connivencia entre fiscales y policías funcionales es el que explica cómo se gestaron tantas causas armadas en Santa Fe, con el único objetivo de golpear a quienes cuestionaban o reclamaban dentro de la fuerza. Lo que debería ser justicia se transformó en un mecanismo de sospecha permanente y castigo anticipado.
Mientras tanto, la sociedad desconoce que algunos de los nombres que aparecen en procedimientos mediáticos tienen un trasfondo mucho más turbio: oficiales con título de abogado que operan como bisagras entre la persecución judicial y el disciplinamiento policial.
La nota de Rosario3 sobre nuevos detenidos en Granadero Baigorria es apenas la punta del iceberg de una práctica que lleva años. La pregunta es inevitable: ¿Cuántos Aldo R. siguen actuando en silencio, en connivencia con fiscales denunciados, para sostener un sistema que persigue a sus propios trabajadores?
AMPLIAREMOS
APROPOL Noticias