En un país golpeado por la pobreza, la indigencia, el endeudamiento y la falta de acceso a la vivienda, un anuncio oficial que presenta el crecimiento de las villas como un problema de “orden” envía un mensaje preocupante. La seguridad exige políticas públicas, pero también respeto irrestricto por los derechos humanos de todas las personas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió un anuncio que vincula el “orden” con evitar que crezcan las villas. La consigna, acompañada por una imagen policial, no es inocua: presenta el crecimiento de los barrios populares como una amenaza y coloca a la Policía en el centro de una cuestión que exige políticas de vivienda, urbanización, servicios, planificación y oportunidades.
El problema no es debatir cómo impedir loteos ilegales, ocupaciones o construcciones que vulneren las normas. Esas situaciones deben abordarse con herramientas legales y políticas públicas eficaces. El problema aparece cuando la pobreza y la informalidad urbana se representan como una amenaza en sí mismas, como si quienes viven en esos barrios fueran responsables de una crisis que los excede.
Los datos sociales muestran el contexto que ese mensaje deja fuera de cuadro. Según el INDEC, durante el primer semestre de 2026 el 32,3% de la población de los aglomerados urbanos estaba bajo la línea de pobreza y el 7,5% no alcanzaba a cubrir la canasta alimentaria. En la Ciudad de Buenos Aires, con la medición local y su propia canasta, la pobreza llegó al 21,9% y la indigencia al 6,3% durante el segundo trimestre de 2026.
La vivienda también se ha convertido en una fuente de endeudamiento y angustia. Un análisis basado en la Encuesta Permanente de Hogares estimó que el 18,4% de los hogares de los aglomerados urbanos del país alquila; en la Ciudad de Buenos Aires, la proporción alcanza el 35%. Entre los hogares inquilinos del AMBA relevados en una encuesta de 2025, el 57% destinaba más de la mitad de sus ingresos al alquiler y el 45% tenía deudas. Entre esos hogares endeudados, el 77% había pedido dinero para poder pagar el alquiler.
La dificultad no termina en quienes ya alquilan. En la misma encuesta, el 40% de las personas que vivían en hogares inquilinos con menores dijo haber tenido problemas para encontrar vivienda. Además, el 22% de quienes se habían mudado en los últimos años lo hizo porque ya no podía afrontar el alquiler o la renovación del contrato. Casi dos de cada diez personas encuestadas preveían dejar su vivienda antes de que terminara el contrato, y el 28% no tenía certeza de contar con un lugar donde vivir dentro de cinco años.
Esos números describen una realidad que no se resuelve con consignas. Cuando una familia no puede pagar un alquiler, cuando debe endeudarse para conservar un techo o cuando no encuentra una vivienda adecuada, el Estado tiene que ofrecer respuestas. Reducir el problema a una cuestión de orden público corre el riesgo de estigmatizar a quienes padecen la falta de vivienda y de ocultar las responsabilidades políticas y económicas que están detrás de esa situación.
La Policía cumple una función esencial en la prevención del delito y en la protección de la comunidad. Pero no puede reemplazar una política habitacional ni ser presentada como respuesta a la pobreza. Tampoco corresponde asociar automáticamente la vida en un barrio popular con la criminalidad. Hacerlo expone a sus habitantes a una sospecha colectiva y confunde dos planos distintos: el cumplimiento de la ley y el derecho de todas las personas a vivir con dignidad.
Un gobierno que invoca el orden debe explicar qué hará para ampliar el acceso a la vivienda, garantizar servicios, urbanizar los barrios y planificar el crecimiento de la Ciudad. También debe establecer cómo actuará frente a las ocupaciones o loteos ilegales sin convertir a los vecinos en responsables colectivos ni dejar a las familias sin alternativas.
El orden democrático no se construye señalando a las villas. Se construye con leyes que se cumplen, instituciones que protegen derechos y políticas capaces de ofrecer una salida concreta a quienes no pueden alquilar ni acceder a una vivienda digna. La seguridad pública necesita legitimidad, y esa legitimidad se debilita cuando el Estado comunica sospecha hacia los sectores más vulnerables.
Cuando esta pesadilla pase y se instalen gobiernos que respeten los derechos humanos de todas las personas, sin exclusiones, quedará una tarea profunda: desmontar esta ideología perversa que presenta la pobreza como una amenaza y convierte a quienes menos tienen en sospechosos. No alcanzará con cambiar los nombres de quienes gobiernan; habrá que revisar las políticas, los discursos y las prácticas que normalizaron la estigmatización y la exclusión.
El desafío será reconstruir una política de seguridad democrática, junto con políticas de vivienda, urbanización y protección social que reconozcan a cada persona como titular de derechos. Porque el orden que merece una sociedad no es el que expulsa ni estigmatiza: es el que garantiza que nadie quede afuera.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Ex oficial de la PSF. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)» , ¿En nombre del odio?, «La Masacre de Rosario» y ¿Quién protege al que protege?
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