15.000 policías borrados del Padrón Electoral en Misiones: la democracia cercada por gobiernos fascistoides.
Por Alberto Martínez (*)
En Argentina, la democracia se vota, pero no todos pueden votar. El Gobierno de Misiones acaba de hacer circular un listado con los datos personales de casi 15.000 policías activos, a quienes se les niega el derecho a sufragar en las elecciones del 8 de junio. La excusa: una cláusula constitucional de 1958 que llevaba casi dos décadas sin aplicarse. La verdadera razón: disciplinamiento político y censura por uniforme.
No estamos ante un tecnicismo electoral. Estamos ante una proscripción masiva, preventiva y dirigida, con nombre y apellido. Literalmente: el listado incluye el nombre completo, DNI, mesa y orden de votación de cada uno de los trabajadores que fueron excluidos del padrón. ¿Qué tipo de república construye su poder sobre la humillación de quienes la sostienen todos los días?
Esta medida no es neutra. Afecta directamente a un sector de la sociedad que ha empezado a organizarse, a reclamar derechos, a levantar la voz. Como bien dijo la cabo Constanza Parra, de la Policía de Río Negro:
“El silencio ya no es una opción.”
El Gobierno de Misiones no teme a una revuelta. Teme a la conciencia. Teme al voto.
Por eso encarcela a líderes como Ramón Amarilla, por eso desarma a los que piensan, y por eso borra del padrón a quienes podrían votar distinto.
La cláusula utilizada para justificar la exclusión estaba dormida desde 2006, desactivada por jurisprudencia. Su reactivación ahora, en pleno contexto de conflictividad gremial y emergencia salarial, no es casual: es una maniobra quirúrgica de exclusión política.
Y como si no alcanzara con negar el derecho, se publican los nombres de los excluidos. Una doble exposición que pone en riesgo no solo la integridad institucional, sino también la seguridad de los trabajadores. Se los silencia y se los expone. Se los castiga dos veces: por pensar… y por existir.
Esta nota no es solo una denuncia. Es un llamado. A los ciudadanos, a los organismos de derechos humanos, a los actores políticos con memoria democrática.
Porque cuando el Estado proscribe al que vota y castiga al que reclama, la democracia deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio reservado a los obedientes.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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