El país de los que quedan dentro y los que quedan afuera

La Argentina atraviesa desde hace años un proceso de fragmentación social que no comenzó con Javier Milei, aunque bajo su gobierno adquirió una velocidad, una profundidad y una explicitación ideológica difíciles de ignorar. TE OFRECEMOS UN TEST DE PERTENENCIA PARA VER DONDE ESTAS PARADO. ¿TE ANIMAS? 

Para nombrar esta etapa podemos hablar de un experimento libertario de reorganización social y económica, entendiendo por tal no solamente un programa de reducción del Estado o ajuste fiscal, sino una determinada concepción acerca de quién debe hacerse cargo de los riesgos de vivir, trabajar, enfermarse, criar hijos, envejecer o perder un empleo.

El debate excede, por lo tanto, una discusión sobre déficit, inflación o gasto público. Lo que está en juego es una determinada idea de sociedad.

La Argentina construyó durante buena parte del siglo XX una tradición diferente, que encontró una de sus expresiones doctrinarias más acabadas en la Comunidad Organizada de 1949. Allí la persona no aparece como un individuo aislado abandonado a su propia suerte, sino como integrante de una comunidad formada por familias, trabajadores, organizaciones sociales, sindicatos, empresas, instituciones y un Estado obligado a armonizar intereses alrededor del bien común. La justicia social no era en ese esquema una concesión graciosa sino una condición de estabilidad de la propia comunidad.

Por eso el cuestionamiento actual a la justicia social va bastante más allá del peronismo. También tensiona una tradición cristiana que reconoce obligaciones hacia el prójimo, la dignidad de la persona, la solidaridad y el bien común. Puede discutirse cuánto Estado debe existir, qué impuestos son razonables o cuáles políticas resultan eficaces, pero resulta mucho más difícil construir una comunidad duradera sobre la premisa de que cada individuo debe arreglarse exclusivamente con aquello que consiga por sí mismo.

Del 60/40 al 80/20

Hace aproximadamente un año alguien desde la oposición describía políticamente una Argentina 60/40, colocando todavía a un 60 por ciento del lado de la inclusión y a un 40 por ciento fuera o en condiciones precarias. Nosotros utilizamos ahora la imagen 80/20 en sentido inverso, pero con una aclaración indispensable: no constituye una estadística, una medición del INDEC ni una afirmación empírica de que exactamente ocho de cada diez argentinos estén excluidos.

Es una metáfora.

Describe la percepción de que el espacio de inclusión sólida se está achicando, mientras crece un universo heterogéneo compuesto por pobres, trabajadores informales, asalariados endeudados, jubilados deteriorados y clases medias que conservan algunos símbolos externos de bienestar pero dependen cada vez más de que nada importante salga mal.

Porque no alcanza con separar a la sociedad entre pobres y ricos.

Hay al menos cuatro situaciones diferentes.

Exclusión, segregación, integración e inclusión

La exclusión aparece cuando directamente faltan bienes esenciales, empleo estable, vivienda, salud o protección social. La segregación existe cuando todos formalmente pertenecen al mismo país pero viven en circuitos distintos de educación, salud, vivienda, seguridad y oportunidades. La integración describe a quien trabaja, cobra, consume y paga impuestos, aunque para sostenerse necesita deuda, horas extras, adicionales o ayuda familiar. Y la inclusión sólida aparece cuando, además del ingreso, existen ahorro, patrimonio, seguridad, capacidad de elección y margen suficiente para atravesar una crisis sin caer rápidamente de posición social.

Esta diferencia debería interesar especialmente a policías y penitenciarios.

Tener uniforme, recibo de sueldo, obra social, tarjeta de crédito y automóvil no convierte automáticamente a nadie en integrante de los sectores privilegiados de la sociedad. El propio texto que venimos trabajando parte justamente de esa advertencia: cuando se observan estabilidad económica, ahorro, endeudamiento y responsabilidades familiares, la imagen de pertenencia puede cambiar considerablemente.

Haga la cuenta antes de elegir de qué lado cree estar

El siguiente test no pretende reemplazar ninguna medición oficial. Es apenas una herramienta orientativa destinada a responder una pregunta bastante más incómoda: ¿su familia pertenece realmente al pequeño grupo que puede atravesar dificultades sin perder rápidamente su posición o simplemente parece pertenecer mientras todo funciona normalmente?

Se toma como referencia una familia de cuatro integrantes y se incluye deliberadamente la obligación de ayudar a hijos, padres, nietos o hermanos, porque una familia aparentemente estable puede quedar profundamente condicionada cuando funciona como red económica permanente de otros hogares.

TEST DE PERTENENCIA

Resultado

Para ubicarse dentro del 20 no debería bastar con alcanzar 17 puntos si existe una vulnerabilidad crítica en vivienda, salud, deuda o capacidad de afrontar una pérdida laboral. La inclusión verdadera no consiste solamente en consumir durante los meses buenos, sino en resistir cuando llega uno malo.

La tabla original ya muestra con claridad esta diferencia entre inclusión sólida, integración vulnerable, integración precaria y exclusión.

Quien tiene auto, obra social, buen teléfono y puede tomarse algunas vacaciones, pero entra en dificultades después de uno o dos salarios impagos, debería pensarlo dos veces antes de considerarse parte del mundo de los plenamente incluidos. Esa es precisamente la diferencia entre tener determinados consumos y poseer verdadera seguridad social y patrimonial.

Ahora vuelva a mirar el uniforme

Aquí aparece la razón principal por la cual esta discusión debería importarle al trabajador policial y penitenciario.

El mismo hombre o mujer que hace adicionales, refinancia una tarjeta, alquila, ayuda a sus hijos o sostiene a padres mayores puede ser enviado pocas horas después a intervenir frente a docentes, jubilados, trabajadores de la salud, estatales o vecinos movilizados por problemas económicos semejantes a los que existen dentro de su propia casa.

No debería confundirse esta observación con una invitación a incumplir la ley ni a desconocer obligaciones funcionales. Se trata exactamente de lo contrario: comprender cuál es la función policial y cuáles problemas deberían haber sido resueltos antes de llegar a ella.

Una protesta salarial no nace como problema de seguridad.

Un conflicto jubilatorio tampoco.

Una huelga docente, un despido colectivo o una movilización por pobreza son inicialmente conflictos sociales, laborales, económicos o políticos. Pueden producir posteriormente situaciones concretas que requieran intervención policial para proteger personas, bienes o derechos, pero convertir preventivamente todo conflicto social en una cuestión de orden significa trasladar hacia la policía el fracaso de otros mecanismos institucionales.

El documento que analizamos lo expresa de manera clara: muchos conflictos salariales y sociales terminan trasladándose hacia la calle y el trabajador de seguridad queda colocado frente a sectores con los cuales puede compartir problemas materiales muy semejantes.

Cuando gobernar empieza a ser administrar sospechosos

Aquí nuestros trabajos anteriores permiten entender una segunda dimensión del problema.

La Doctrina de la Sospecha Permanente describe una forma de relación política en la cual determinados sectores dejan progresivamente de ser tratados como ciudadanos con demandas y empiezan a ser observados como potenciales problemas. El desempleado, el manifestante, el empleado estatal, el sindicalista, el joven, el opositor o cualquier grupo señalado coyunturalmente puede ser reinterpretado desde la sospecha.

Gobernar mediante la sospecha describe el paso siguiente: cuando esa lógica deja de ser exclusivamente policial y comienza a estructurar decisiones políticas, discursos y mecanismos de control.

La Ciudadanía de Segunda Clase muestra el resultado posible de ese proceso: ciudadanos jurídicamente iguales pero materialmente sometidos a derechos, protecciones y oportunidades profundamente diferentes.

Y ¿En nombre del odio? introduce otra advertencia: cuando el adversario deja de ser una persona con intereses distintos y pasa a ser moralmente descalificado, el señalamiento facilita tratamientos cada vez más duros y reduce los espacios de diálogo democrático.

Para policías y penitenciarios hay una paradoja adicional: ellos mismos pueden padecer formas de ciudadanía disminuida respecto de salario, condiciones laborales, derechos colectivos o protección institucional y, al mismo tiempo, ser utilizados para administrar la creciente conflictividad producida por esa misma sociedad.

El principio que debería ordenar todo: reciprocidad

Ahí aparece nuestro Principio de Reciprocidad Institucional.

El Estado puede exigir al policía disciplina, disponibilidad, riesgo y determinadas restricciones asociadas a la función, pero precisamente por ello contrae obligaciones especiales hacia él y su familia. Si exige mucho y devuelve cada vez menos, la relación institucional se desequilibra.

No hablamos de caridad.

Hablamos de reciprocidad.

El policía no necesita homenajes mientras debe financiar alimentos con tarjeta. El penitenciario no necesita discursos heroicos si debe multiplicar horas para sostener su hogar. Quien asume obligaciones extraordinarias merece garantías proporcionales a esas obligaciones.

La Comunidad Organizada supone justamente esa reciprocidad: nadie debería ser considerado únicamente por la utilidad que presta al sistema.

El fusible vuelve a ser el mismo

El informe de CEPA permite observar por qué esta discusión no es abstracta. Según el estudio, durante 2026 se habían registrado al menos 101 conflictos laborales estatales y el 45,5 por ciento continuaba activo.

Además, entre el 70 y el 80 por ciento del gasto provincial se concentra en servicios sociales, entre ellos salarios de docentes, trabajadores de salud, jubilaciones y fuerzas de seguridad. Cuando los recursos fiscales retroceden, esas áreas quedan necesariamente sometidas a presión.

En Santa Fe, CEPA señalaba expresamente la ausencia de una actualización específica para la policía y la existencia de denuncias por bajos ingresos.

Esa combinación debería encender una alarma.

Porque el mismo trabajador cuyo salario participa del problema puede terminar convertido en la herramienta visible para contener sus consecuencias.

Allí aparece una vez más nuestro fusible policial: la decisión económica se toma arriba, el conflicto social emerge abajo y entre ambas dimensiones queda un trabajador uniformado poniendo cuerpo, rostro, carrera y muchas veces responsabilidad jurídica a una situación que no creó.

Antes de ponerse de un lado, mire dónde está parado

El 80/20 no pretende decirle a nadie qué debe pensar políticamente. Pretende obligarlo a mirar con mayor precisión cuál es su lugar real dentro de la estructura social y económica.

Si usted puede perder un salario sin alterar sustancialmente su vida, tiene vivienda estable, ahorros, capacidad de ayudar a su familia, cobertura sanitaria, previsión para la vejez y margen suficiente para construir futuro, probablemente se encuentre dentro del grupo de mayor estabilidad.

Si, en cambio, necesita adicionales, crédito, horas extraordinarias, refinanciaciones o ayuda familiar para sostener aquello que ya tiene, probablemente comparta mucho más con los sectores que reclaman en la calle de lo que algunos discursos le permiten reconocer.

Y aquí aparece una segunda advertencia, tan importante como la primera: a la hora de buscar responsables, no mire automáticamente al costado ni hacia abajo; siga la cadena de decisiones hacia arriba.

El problema no es el trapito que busca unos pesos cuidando autos, el cartonero que recorre las calles, la familia que compró un televisor en treinta cuotas para ver el Mundial, el trabajador que se endeuda para comer, quien terminó en la calle porque ya no pudo pagar un alquiler o, sencillamente, quien nació y continúa viviendo en la pobreza. Ellos pueden ser la parte más visible del deterioro social, pero la visibilidad no equivale a responsabilidad.

Tampoco el docente que protesta, el jubilado que reclama, el trabajador despedido, el enfermero que pide recomposición salarial o el empleado público que se moviliza son quienes determinaron las condiciones económicas que llevaron el conflicto a la calle. Y mucho menos lo hizo el policía o el penitenciario que termina parado frente a ellos.

Las causas deben buscarse donde existe capacidad real de decisión: en políticas públicas, estructuras económicas, grandes grupos de poder, sectores financieros, actores empresariales, acreedores, organismos y condicionamientos que en algunos casos incluso exceden las fronteras nacionales. Eso no significa inventar enemigos lejanos ni negar las responsabilidades propias de la dirigencia argentina; significa algo más elemental: no confundir a quienes padecen las consecuencias con quienes poseen capacidad para producir, profundizar o corregir esas condiciones.

Cuando una sociedad fragmentada empieza a culpar hacia abajo, el trabajador privado culpa al estatal, el comerciante al pobre, el contribuyente al beneficiario de una ayuda, el vecino al cartonero y el policía al manifestante. Entonces quienes comparten buena parte de los mismos problemas terminan enfrentados entre sí, mientras los centros reales de decisión permanecen lejos del lugar donde se acumulan la bronca, la angustia y finalmente el conflicto.

El uniforme puede otorgar autoridad funcional, pero no modifica la posición social de quien lo lleva. Un policía puede estar legalmente obligado a intervenir ante una situación concreta y, al mismo tiempo, compartir con quienes tiene enfrente el alquiler, la deuda, la incertidumbre por sus hijos, la preocupación por sus padres, el deterioro salarial y la necesidad de trabajar cada vez más para conservar lo que ya tenía.

Por eso la conciencia de clase no significa desobedecer órdenes legítimas ni transformarse en militante de una protesta. Significa comprender algo mucho más básico: no confundir al destinatario inmediato de una intervención con el responsable de las causas que hicieron necesaria esa intervención.

Y quizás allí esté una de las cuestiones que policías y penitenciarios deberían comprender con mayor claridad en esta etapa: se puede estar del lado del Estado durante ocho horas y seguir perteneciendo, junto con la propia familia, al enorme universo de trabajadores que luchan todos los días por no quedar afuera.

Antes de mirar con desconfianza a quien está enfrente, quizá convenga hacerse una pregunta previa:

¿quién tomó las decisiones que hicieron que los dos termináramos acá?

La pregunta de fondo no es entonces quién está contra quién, sino algo bastante más inquietante:

¿qué clase de país estamos construyendo cuando cada vez más personas son necesarias para sostenerlo, pero cada vez menos pueden vivir plenamente dentro de él?

“Quien quiera oír que oiga”

(*) Periodista. Licenciado en  Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los  libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?

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