Un reciente trabajo propone un particular concepto para explicar cómo cámaras, registros ciudadanos, archivos periodísticos y organizaciones pueden transformar la observación del poder en una reconstrucción de las decisiones que produjeron una intervención estatal.
Un nuevo ensayo del investigador rosarino Alberto Rubén Martínez (*) propone el concepto de Panóptico Social Ampliado (PSA) para describir una transformación que ya puede observarse en numerosos procedimientos estatales: ciudadanos, periodistas y organizaciones no sólo registran a quienes ejercen autoridad, sino que comienzan a conectar imágenes, documentos y testimonios hasta avanzar en la reconstrucción de cómo se produjo una determinada intervención.
La propuesta parte de una aclaración importante. No se trata simplemente de afirmar que ahora los ciudadanos filman a la policía o que quienes antes eran vigilados también pueden vigilar. Esa inversión parcial de la mirada posee antecedentes teóricos conocidos, desde el synopticon de Thomas Mathiesen hasta la sousveillance desarrollada por Steve Mann, Jason Nolan y Barry Wellman. El aporte específico del ensayo apunta hacia otro fenómeno: la posibilidad de que registros dispersos se conviertan en trazabilidad del poder.
La diferencia es central. Una cámara puede mostrar una escena, pero la trazabilidad intenta reconstruir el proceso que la produjo: quién intervino, qué unidad participó, qué instrucciones fueron impartidas, qué niveles institucionales estuvieron involucrados y qué decisiones políticas o administrativas contribuyeron a crear las condiciones de la actuación.
Martínez resume esa idea con una formulación que atraviesa el trabajo: “La observación vuelve visible un acto; la trazabilidad intenta volver reconstruible el proceso que lo produjo.”
De la cámara aislada a la reconstrucción del procedimiento
Durante décadas, buena parte de la reconstrucción formal de una intervención policial dependía de documentos producidos por la misma institución que había actuado: actas, partes, comunicaciones, informes internos y declaraciones del personal.
Ese esquema no suponía necesariamente falsedad, pero sí generaba una fuerte asimetría informativa, porque el Estado era al mismo tiempo protagonista del procedimiento y una de las principales fuentes para explicar posteriormente qué había ocurrido.
Hoy esa situación se ha modificado parcialmente.
Teléfonos celulares, cámaras privadas, drones, sistemas de videovigilancia, transmisiones en directo, archivos periodísticos y registros institucionales pueden conservar diferentes fragmentos de un mismo acontecimiento. Ninguno de esos elementos contiene necesariamente toda la verdad, pero su combinación puede permitir una reconstrucción mucho más amplia de la secuencia.
El ensayo denomina observabilidad distribuida a esa condición contemporánea en la que múltiples actores producen huellas independientes sobre el ejercicio del poder, muchas de ellas fuera del control directo de la institución que protagonizó la intervención.
El salto cualitativo aparece cuando esas huellas dejan de permanecer aisladas y comienzan a ser preservadas, comparadas, sincronizadas y relacionadas entre sí.
El caso Pablo Grillo como ejemplo
El caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido durante la movilización frente al Congreso de la Nación el 12 de marzo de 2025, ocupa un lugar central en el ensayo porque permite observar cómo puede funcionar ese mecanismo.
La reconstrucción que permitió identificar al presunto autor material del disparo no surgió de una única imagen, sino de la articulación de fotografías tomadas por trabajadores de prensa, filmaciones desde diferentes ángulos y un registro aéreo obtenido mediante un dron.
La combinación de esos materiales permitió analizar horarios, posiciones, trayectorias, características del uniforme y ubicación dentro del dispositivo de seguridad, avanzando luego hacia la identificación de la unidad y distintos niveles de conducción vinculados con el operativo.
El ensayo distingue allí varios planos: trazabilidad fáctica, destinada a determinar qué ocurrió; trazabilidad operativa, orientada a identificar quién ejecutó determinada acción; trazabilidad organizacional e institucional, relacionada con la estructura, la coordinación y las órdenes impartidas; y finalmente una posible trazabilidad política, destinada a examinar qué autoridades definieron objetivos, prioridades y marcos generales de intervención.
Reconstruir esa estructura, aclara el trabajo, no significa trasladar automáticamente la responsabilidad hacia arriba ni considerar culpables a todos los integrantes de una cadena de mando. La propuesta consiste en evitar que la investigación se detenga en el último actor visible antes de determinar qué decisión correspondió efectivamente a cada nivel.
Cuando la mirada empieza a subir
Ése es uno de los puntos centrales del Panóptico Social Ampliado.
La imagen puede mostrar quién empujó, detuvo, golpeó o disparó, pero la reconstrucción puede continuar preguntando quién envió al personal, cuál era la misión, qué instrucciones existían, quién diseñó el operativo, quién supervisaba y cuáles eran los criterios establecidos para el uso de la fuerza.
A esa posibilidad de avanzar desde el ejecutor visible hacia los niveles superiores Martínez la denomina trazabilidad ascendente de la coerción.
El principio puede resumirse de manera sencilla: si determinadas decisiones descendieron por una estructura institucional, la reconstrucción democrática debería poder recorrer ese camino en sentido inverso.
En palabras del ensayo, “la coerción se ejecuta organizacionalmente, se habilita institucionalmente y puede legitimarse culturalmente; la trazabilidad democrática procura recorrer ese proceso en sentido inverso”.
La sociedad también organiza sus propios archivos
El trabajo presta especial atención a organizaciones y experiencias que ya no se limitan a registrar episodios aislados, sino que reúnen, preservan y comparan evidencias sobre actuaciones estatales.
Entre los ejemplos examinados aparecen la plataforma colombiana GRITA, el Mapa de la Policía en Argentina, experiencias universitarias y organizaciones con trayectoria en la acumulación de información sobre violencia institucional.
El interés del ensayo no consiste en asumir automáticamente como válidas todas las interpretaciones producidas por esas organizaciones, sino en observar el método que representan: ciudadanos producen imágenes, periodistas reconstruyen cronologías, especialistas analizan posiciones o trayectorias y organizaciones conservan materiales que posteriormente pueden conectarse.
Cuando eso ocurre, la mirada deja de ser puramente individual y empieza a adquirir memoria y continuidad.
Cuando la protesta también interpela al policía
El ensayo incorpora además una dimensión menos tecnológica y más relacional.
Durante algunas movilizaciones pueden aparecer momentos de deliberación espontánea en los que quienes protestan no se limitan a filmar o cuestionar a la policía, sino que la interpelan también en su condición de trabajadores, vecinos y ciudadanos.
La idea no supone que el policía deba someter órdenes legales a una deliberación popular ni que pueda elegir individualmente qué instrucciones cumplir según su simpatía con un reclamo.
El fenómeno analizado es más acotado: en determinadas situaciones, quienes participan de una protesta intentan introducir dentro del propio dispositivo policial una pregunta acerca de la posición social de quien está detrás del uniforme.
El mensaje, sintetiza Martínez, no es necesariamente “desobedezca”, sino algo diferente: “piense dónde está usted dentro de este conflicto”.
El ensayo denomina a ese fenómeno diálogo ciudadano espontáneo en situación de coerción y lo presenta como una hipótesis contingente, no como una característica necesaria de toda protesta.
El policía también puede quedar atrapado en decisiones que no produjo
A partir de allí, el trabajo aborda otra cuestión: la posibilidad de que conflictos laborales, previsionales, económicos o territoriales terminen siendo administrados policialmente cuando otros mecanismos políticos no ofrecen respuestas suficientes.
Martínez denomina policialización del conflicto social a ese desplazamiento mediante el cual una controversia originariamente ajena al campo policial termina tratándose principalmente como un problema de orden público.
En ese escenario, el agente que ocupa la primera línea puede terminar administrando materialmente un conflicto que no produjo, cuyas causas no puede resolver y cuyos términos generales fueron definidos por otros niveles del Estado.
El ensayo vincula este problema con la externalización policial del costo político, entendida como la posibilidad de que determinadas decisiones adoptadas en niveles superiores descarguen parte de sus costos operativos, públicos o jurídicos sobre quienes terminan ejecutando materialmente la intervención.
La formulación no pretende absolver al agente de sus responsabilidades concretas ni trasladar automáticamente toda responsabilidad hacia sus superiores, sino insistir en la necesidad de reconstruir la secuencia completa antes de atribuirlas.
Más cámaras no significan automáticamente más justicia
Uno de los aspectos más importantes del trabajo es que no presenta la multiplicación de registros como una solución automática.
Martínez advierte que una sociedad con más cámaras no es necesariamente una sociedad con mayor justicia y que la existencia de evidencia tampoco garantiza rendición de cuentas.
Una fiscalía puede disponer de imágenes y no investigar adecuadamente; una organización policial puede conservar registros y no utilizarlos; un tribunal puede interpretar de manera distinta una misma secuencia.
Además, toda cámara tiene un ángulo, todo registro posee un comienzo y un final y toda edición introduce una selección.
Por eso, el PSA no identifica registro con verdad ni trazabilidad con condena. Lo que modifica son las condiciones de reconstrucción bajo las cuales una actuación puede ser posteriormente examinada.
La trazabilidad también puede proteger al policía
El ensayo introduce otra cuestión que suele quedar fuera de las discusiones sobre vigilancia ciudadana.
Los registros independientes no sólo pueden demostrar abusos. También pueden mostrar que una acusación era incorrecta, que determinada secuencia había sido presentada de manera parcial o que un agente actuó dentro de los límites establecidos por la ley.
Desde esa perspectiva, una organización policial democrática debería tener interés en preservar y producir buena evidencia sobre sus propios procedimientos.
La trazabilidad puede servir al ciudadano que denuncia una actuación ilegítima, pero también al trabajador policial que necesita demostrar qué hizo, qué orden recibió y cuáles eran las condiciones concretas bajo las cuales actuó.
Una mirada situada desde dentro de la institución
Martínez, investigador independiente de Rosario y con trayectoria profesional previa como ex oficial durante dos décadas en la Policía de Santa Fe, explicita dentro del propio ensayo la posición desde la cual formula una parte de sus hipótesis.
Esa experiencia, aclara, no constituye una prueba estadística ni otorga un privilegio especial para interpretar los acontecimientos, sino un conocimiento profesional situado que debe ser sometido al mismo contraste que cualquier otra fuente.
Desde esa perspectiva, el trabajo incorpora una dimensión particular: el policía no experimenta al Estado únicamente como ejecutor de coerción frente a terceros, sino también como integrante subordinado de una organización atravesada por jerarquías, disciplina, restricciones específicas de derechos, disponibilidad y exposición al riesgo.
El ensayo insiste, sin embargo, en que esa circunstancia no equipara la posición del policía con la de quien recibe coerción estatal en el espacio público ni elimina la responsabilidad especial que deriva del ejercicio de la fuerza.
El poder sigue mirando, pero ya no controla todas sus huellas
El Panóptico Social Ampliado no pretende anunciar la desaparición del viejo Panóptico.
El Estado conserva capacidades tecnológicas, jurídicas y coercitivas muy superiores a las de cualquier ciudadano individual, mientras las grandes plataformas privadas poseen además enormes capacidades para observar y registrar a sus propios usuarios.
Lo que cambia es algo más limitado, aunque políticamente significativo: el poder puede encontrar cada vez mayores dificultades para controlar de manera exclusiva la memoria documental de sus propias actuaciones.
Una escena registrada desde distintos lugares puede permanecer disponible cuando el operativo ya terminó, cuando cambió el gobierno o cuando una nueva investigación vuelve sobre acontecimientos ocurridos años atrás.
En ese sentido, el archivo digital no garantiza responsabilidad, pero sí puede modificar las condiciones bajo las cuales el poder debe explicar posteriormente lo que hizo.
En una época en la que prácticamente cualquier procedimiento puede dejar registros fuera de los archivos oficiales, la pregunta ya no es solamente quién vigila a quién.
La cuestión pasa a ser quién puede conservar esas huellas, conectarlas y reconstruir el proceso que produjo aquello que una cámara alcanzó a mostrar.
Ése es, en definitiva, el núcleo que Martínez propone mediante el concepto de Panóptico Social Ampliado: el poder continúa mirando hacia abajo, pero la sociedad puede comenzar a seguir sus propias huellas en sentido inverso, desde la actuación visible hasta las decisiones y estructuras que contribuyeron a producirla.
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El Panóptico Social Ampliado by Apropol Noticias
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Sobre el autor:
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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