El plan promete alivio financiero, pero deja intacta la raíz del problema: ingresos insuficientes y un sistema que podría reordenar la deuda sin eliminarla.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El anuncio del plan de “desendeudamiento” en Santa Fe busca instalar la idea de alivio para miles de trabajadores ahogados por las deudas. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿por qué se endeudan? Con salarios que apenas rozan la línea de pobreza y muy lejos del costo real de vida, el crédito dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. En ese escenario, el plan oficial parece más orientado a ordenar la crisis que a resolverla.
CUAD, cuenta sueldo y el rol del banco: la letra fina que abre interrogantes
Uno de los puntos menos claros del plan —y al mismo tiempo más determinantes— es cómo se aplicará en la práctica el nuevo límite del 25% sobre los descuentos salariales.
Actualmente, gran parte de los créditos se canalizan a través del sistema formal de descuentos, conocido como CUAD (Código Único de Administración de Descuentos), que permite deducir cuotas directamente del recibo de sueldo. Es sobre este esquema donde el gobierno provincial anuncia un reordenamiento y una reducción del tope de afectación del salario.
Sin embargo, no todo el endeudamiento pasa por ese circuito.
El Nuevo Banco de Santa Fe —agente financiero de la provincia y entidad donde se acreditan los haberes— opera de manera distinta: los débitos se realizan directamente sobre la cuenta sueldo, es decir, sobre la caja de ahorro en pesos del trabajador.
Esto plantea una pregunta central: ¿Cómo se aplicará el límite del 25% sobre descuentos que no pasan por el sistema CUAD?
La diferencia no es menor. Mientras el CUAD puede ser regulado administrativamente por el Estado, los débitos automáticos sobre cuentas bancarias responden a otra lógica contractual.
En ese escenario, el riesgo es evidente:
- que el tope impacte solo sobre una parte del sistema
- que el endeudamiento se reconfigure hacia canales menos regulados
- o que el propio circuito bancario concentre aún más operaciones
En otras palabras, el plan podría derivar en un reordenamiento del endeudamiento… sin reducirlo realmente.
Un diagnóstico oficial que expone la gravedad del problema
Más allá del enfoque del plan, los propios datos difundidos por la vocera provincial revelan un cuadro preocupante sobre la situación de los trabajadores estatales.
Según lo expuesto por la funcionaria, el contexto general ya es crítico a nivel nacional:
- la morosidad en el sistema financiero pasó del 10,6% al 11,2% en apenas un mes
- mientras que en entidades no bancarias (fintech, billeteras) alcanza niveles cercanos al 30% de incumplimiento
Es decir: uno de cada tres créditos presenta problemas de pago.
Pero el dato más impactante aparece cuando se baja a la realidad santafesina.
De acuerdo al diagnóstico oficial:
- el 33% de los empleados públicos tiene descuentos por deudas
- eso representa alrededor de 35.000 trabajadores
- de ese total, unos 12.000 superan el 25% de afectación de su salario
A esto se suman:
- 7.000 jubilados provinciales en igual situación
- cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos con problemas similares
Un dato aún más profundo: la mitad de los estatales está comprometida
Incluso antes del anuncio oficial, desde el propio Ministerio de Economía se reconocía que: entre el 40% y el 50% de los empleados públicos tienen parte de su salario afectado por créditos a través de códigos de descuento
Esto implica algo contundente:
el endeudamiento no es un fenómeno marginal…
es estructural dentro del empleo estatal
El dato que cambia la lectura
Si uno junta toda la información oficial, el cuadro es claro:
- una proporción masiva de trabajadores está endeudada
- miles tienen una porción significativa de su salario comprometida
- el fenómeno atraviesa activos, jubilados y sector privado
Esto no describe un problema individual, describe una crisis generalizada de ingresos
Lo más significativo es que estos números no provienen de críticas externas, sino del propio gobierno provincial y sin embargo, el enfoque de la política pública no apunta a elevar el ingreso sino a reorganizar la deuda.
En ese punto aparece la contradicción central:
se reconoce un cuadro crítico…
pero se interviene sobre sus consecuencias, no sobre sus causas.
El corrimiento del eje: del salario al endeudamiento
Hay un aspecto político central en el planteo del gobierno provincial que no puede pasar desapercibido: el desplazamiento del problema desde los ingresos hacia la deuda.
Durante la presentación, los funcionarios señalaron con claridad que la causa de fondo es la política macroeconómica nacional. Y en eso no hay discusión: el deterioro del poder adquisitivo, la caída del consumo y el crecimiento del endeudamiento están directamente vinculados al rumbo económico definido por la gestión de Javier Milei. Sin embargo, ese señalamiento —correcto en el diagnóstico— convive con una contradicción política difícil de soslayar.
El gobierno de Maximiliano Pullaro ha acompañado en términos generales ese mismo rumbo nacional que ahora cuestiona en sus efectos.
En otras palabras: se reconoce el daño, pero no se confronta su origen político.
De víctimas a corresponsables
Pero el corrimiento del eje no termina ahí.
Al poner el foco en el “sobreendeudamiento” y en la necesidad de ordenar las finanzas personales, el discurso oficial introduce —aunque sea de manera indirecta— una idea problemática: que los trabajadores tienen algún grado de responsabilidad en la crisis que atraviesan.
Esto se refuerza con medidas como la reducción del margen de endeudamiento vía CUAD, que en los hechos:
- limita el acceso al crédito
- regula el comportamiento financiero
- y establece un “techo” sobre cómo el trabajador puede administrar su ingreso
El problema es que ese enfoque omite un dato central:
los trabajadores no se endeudan por elección…
se endeudan porque el salario no alcanza.
Si se observa el cuadro completo, el riesgo es claro:
- se reconoce que la macroeconomía genera el problema
- pero se actúa sobre la conducta individual
- y no sobre el nivel de ingresos
Esto puede derivar en una inversión del sentido del conflicto: de un problema estructural (salarios vs costo de vida) a un problema de administración personal (cómo se endeuda el trabajador)
La responsabilidad que no aparece
En ese esquema, hay un actor que queda llamativamente fuera del centro del debate: el propio Estado provincial como empleador. Porque más allá del contexto nacional, es la provincia la que:
- fija salarios públicos
- define estructuras de ingresos
- establece condiciones laborales
Y sin embargo, el discurso oficial evita poner en discusión ese punto.
Se construye así una narrativa donde:
- la Nación es responsable del contexto
- el sistema financiero del problema inmediato
- y el trabajador de su situación individual
Pero el rol del Estado provincial queda desdibujado.
El resultado es un enfoque que, aun partiendo de un diagnóstico correcto, termina desplazando el eje del debate.
No se discute cuánto se gana,
sino cómo se administra lo que no alcanza.
Y en ese cambio de enfoque se juega, en gran medida, el alcance real de la medida.
Una aspirina para una dolencia mayor
El plan de desendeudamiento puede ofrecer alivio en el corto plazo y evitar situaciones límite. Pero difícilmente pueda ser presentado como una solución de fondo.
Porque mientras el salario siga corriendo por detrás del costo real de vida, el endeudamiento no será una excepción, sino una consecuencia inevitable.
Ordenar la deuda sin recomponer ingresos es, en el mejor de los casos, administrar la crisis.
Y en ese esquema, el riesgo es claro: transformar un problema estructural —salarios insuficientes— en una cuestión individual —cómo se endeuda el trabajador—.
No se trata solo de cuánto se debe.
Se trata de cuánto se gana.
Hasta que esa discusión no se dé de frente, cualquier intento de “desendeudamiento” será apenas un parche sobre una realidad que sigue intacta.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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