El caso de los policías de la URI en el Hospital Protomédico, entre el abandono institucional, el disciplinamiento por hambre y la sospecha estructural.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Un grupo de policías de la URI presta servicio adicional las 24 horas en el Hospital Protomédico de la ciudad de Recreo. Desde hace más de dos meses no cobran. La deuda ya alcanza cinco quincenas. Trabajan, cumplen, arriesgan… y el Estado responde con excusas, demoras y silencio.
Policías sin cobrar hace más de dos meses en el Hospital Protomédico de Recreo
“Nos dicen que el Ministerio no gira la partida o que el sistema de adicionales tiene fallas. Pero nadie da la cara. Queremos que al menos se sepa lo que estamos viviendo”, contaron los compañeros a APROPOL.
¿Error técnico? ¿Desidia administrativa? ¿O una forma más sutil —pero igual de violenta— de ejercer el control?
La precarización como castigo
Este caso muestra un fenómeno más profundo: la precarización laboral como herramienta de disciplinamiento.
Porque el problema no empieza cuando no te pagan. Empieza antes: cuando el salario “normal” ya es insuficiente para vivir, y obliga a cada trabajador a buscar adicionales, horas extra, segundas actividades.
Un policía base en Santa Fe cobra, en promedio, la mitad de lo que necesita para sostener una vida digna con familia.
Esa situación no es accidental. Es parte de una lógica de poder:
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Te pagan mal para que dependas de lo adicional.
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Te hacen esperar para que no protestes.
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Te silencian con la incertidumbre.
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Te controlan sin firmar una sola sanción.
El salario en la mira: sospecha como forma de gobierno
En lugar de reconocer el esfuerzo, se instala la sospecha: que el policía miente, que cobra sin trabajar, que “se avivó”, que hay que verificar antes de pagarle.
Así, el salario deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una retribución condicional, vigilada, sujeta a revisión y demorada por sistema. No es un accidente administrativo: es un patrón político.
Lo llamamos Doctrina de la Sospecha Permanente: una racionalidad estatal que considera al trabajador, por el solo hecho de serlo, como una hipótesis de riesgo a neutralizar. Y en el caso de los uniformados, se aplica con más rigor, más cinismo y más impunidad.
No es error: es doctrina
La sospecha institucional no se anuncia, se ejecuta:
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Control sin causa.
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Inspecciones sin protocolo.
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Sueldo sin fecha.
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Retención sin explicación.
Porque no se trata solo de sospechar del acto: se sospecha del sujeto. Y por eso se lo precariza, se lo desgasta, se lo calla.
¿Dónde está el derecho?
Desde APROPOL exigimos que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud regularicen de inmediato los pagos adeudados a los compañeros de la URI. Pero también denunciamos un sistema que degrada al trabajador hasta hacerlo invisible y prescindible.
Porque donde no hay salario digno, no hay libertad. Donde no hay confianza, no hay comunidad. Y donde todo se sospecha, nadie es libre.
Nombrar el poder que no se ve, es el primer paso para enfrentarlo.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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