El decreto marca un punto de inflexión político positivo, pero deja sectores sin respuesta. La solución integral exige recomposición salarial, activación de los Comités Mixtos (Ley 12.913) y un diálogo ampliado que incluya a activos, retirados y al futuro de la institución.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
La firma del reciente decreto por parte del gobierno provincial constituye, sin dudas, un hecho político relevante. No solo por las medidas concretas que introduce, sino porque representa el reconocimiento explícito de una realidad que durante años fue postergada o tratada de manera fragmentaria. La cuestión policial ha ingresado definitivamente en la agenda política institucional, que es el único ámbito legítimo donde pueden construirse soluciones de fondo.
Este primer paso debe ser valorado en su verdadera dimensión: es la política, en sus niveles más altos de decisión, la que ha asumido la responsabilidad de abordar un reclamo que siempre fue policial, pero que nunca dejó de ser profundamente institucional.
Sin embargo, también resulta evidente que las medidas adoptadas no alcanzan a la totalidad del personal, ni resuelven integralmente las desigualdades estructurales que forman parte de la realidad cotidiana de la institución. El salario continúa siendo el núcleo del problema y, al mismo tiempo, el punto de partida indispensable para cualquier solución duradera.
El salario no es un complemento ni un incentivo circunstancial. Es la base material sobre la cual se construye la dignidad del trabajador, la previsibilidad institucional y la estabilidad del sistema. Cuando el salario se fragmenta en suplementos selectivos, la institución se fragmenta con él.
Un proceso que debe ampliarse para incluir a todos
Las medidas anunciadas han generado expectativas, pero también han movilizado a cientos de familias cuyos integrantes no se encuentran alcanzados por los beneficios dispuestos. Esta situación expone una realidad que no puede ser ignorada: la institución policial es un sistema integral, donde cada función, operativa o de apoyo, resulta indispensable.
Personal de comisarías, bomberos, unidades rurales, operadores, áreas investigativas, administrativas y logísticas sostienen diariamente el funcionamiento del sistema. Su exclusión parcial o total de determinados beneficios genera una sensación de inequidad que debe ser atendida con responsabilidad y visión institucional.
No hay función operativa sin estructura de apoyo. No hay seguridad posible sin una institución cohesionada.
Retirados y pensionados: el reconocimiento debe ser completo
También resulta imprescindible que cualquier proceso de recomposición contemple a los retirados y pensionados, quienes forman parte inseparable de la institución. Toda mejora que no tenga carácter remunerativo y que no impacte en el sistema previsional corre el riesgo de consolidar desigualdades que afectan directamente a quienes han dedicado su vida al servicio.
El respeto institucional no puede limitarse al presente. Debe proyectarse hacia quienes sostuvieron la función en el pasado.
La fortaleza institucional se construye también sobre el reconocimiento de esa trayectoria.
El futuro de la institución: la crítica situación de los alumnos del ISEP
Existe, además, una situación que requiere atención urgente: la realidad de los alumnos del Instituto de Seguridad Pública, quienes actualmente perciben becas que rondan los 90 mil pesos mensuales.
Este monto resulta claramente insuficiente frente al contexto económico actual y compromete la continuidad de la formación de quienes representan el futuro de la institución policial. La formación no es un gasto, es una inversión estratégica del Estado.
A ello se suma el delicado momento financiero que atraviesa el propio instituto, generando incertidumbre sobre su capacidad de sostener adecuadamente su función formativa.
Fortalecer el presente sin garantizar el futuro sería una solución incompleta.
Una mirada provincial que no puede ser parcial
Es comprensible que Rosario ocupe un lugar central en las decisiones adoptadas, dada su dimensión y complejidad. Sin embargo, la seguridad es una construcción provincial, y las realidades del norte santafesino, del centro y del oeste presentan condiciones específicas que requieren una mirada integral.
Las movilizaciones registradas en Vera, San Javier, Reconquista, Rafaela, Esperanza, Tostado, Coronda San Lorenzo y otras ciudades evidencian que el reclamo es provincial, no sectorial ni geográficamente limitado. Cada pueblo debe ser considerado como corresponde a una comunidad integral.
El diálogo debe reflejar esa realidad territorial.
El diálogo debe profundizarse y el salario debe ser su eje
El camino elegido es el correcto. La política ha asumido el problema y ha comenzado a actuar. Pero ese proceso debe profundizarse, ampliando los canales de diálogo e incorporando nuevas voces, realidades y sectores que aún no han sido plenamente alcanzados.
En este contexto, el petitorio original presentado oportunamente debe complementarse con los aportes realizados por trabajadores y profesionales que han contribuido a enriquecer el proceso con propuestas orientadas a fortalecer el sistema institucional.
Asimismo, resulta necesaria una mayor participación de los representantes políticos territoriales. Senadores y diputados provinciales pueden cumplir un rol fundamental facilitando el diálogo y colaborando en la construcción de soluciones duraderas.
Los Comités Mixtos (Ley 12.913): el ámbito natural, legal y legítimo del diálogo institucional
En este contexto, resulta imprescindible señalar que el ámbito natural, legal y plenamente legítimo para abordar estas cuestiones es la activación efectiva de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, establecidos por la Ley Provincial Nº 12.913.
Esta norma constituye una herramienta concreta diseñada precisamente para garantizar la participación de los trabajadores en el análisis y mejora de sus condiciones laborales.
Su activación efectiva permitiría institucionalizar el diálogo, canalizar los reclamos dentro del marco legal y construir soluciones sostenibles en el tiempo.
No se trata de crear nuevos ámbitos. Se trata de utilizar plenamente los que la ley ya prevé.
Consolidar el camino institucional
El decreto firmado no es el final del camino. Es el inicio de una nueva etapa.
El desafío ahora es consolidar ese proceso, ampliarlo e incluir a todos los sectores que forman parte de la institución policial: activos, retirados, personal de apoyo y quienes hoy se encuentran en formación.
La decisión política ha abierto una puerta. Mantenerla abierta y ampliar su alcance será la verdadera medida del compromiso institucional.
El salario es el punto de partida.
El diálogo es el camino.
La solución integral es el objetivo.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (UNCAUS). Autor de Doctrina de la Sospecha Permanente y La Teoría del Foco y la Vara.
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