El estudio determinó que el gasto provincial cayó 9,3 % en términos reales entre 2023 y 2025. Mientras crecieron la conducción superior del Ejecutivo, el sistema penal y los servicios de seguridad, docentes, enfermeros, policías, asistentes escolares y empleados públicos perdieron poder adquisitivo.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aportó datos concretos para explicar cómo consiguió el Gobierno de Maximiliano Pullaro exhibir equilibrio fiscal mientras disminuían los recursos vinculados con la actividad económica y el consumo.
La conclusión es contundente: las cuentas provinciales se cerraron mediante una reducción real del gasto que tuvo como una de sus principales variables los salarios de los trabajadores estatales.
El análisis comprende la ejecución presupuestaria entre 2023 y el primer trimestre de 2026 y reconstruye la evolución de los ingresos de siete casos testigo pertenecientes a Educación, Salud, Seguridad y Administración Pública.
Para medir el poder adquisitivo, el CEPA comparó salarios netos de bolsillo entre noviembre de 2023 y junio de 2026, manteniendo constantes el cargo, la jornada laboral, la antigüedad y la categoría. Las cifras fueron actualizadas mediante el Índice de Precios al Consumidor del IPEC, correspondiente a la inflación registrada en Santa Fe.
El gasto provincial cayó $1,4 billones
Entre 2023 y 2025, el gasto total devengado por la Provincia se redujo un 9,3 % en términos reales, equivalente a aproximadamente $1,4 billones a valores de junio de 2026.
El recorte más fuerte se produjo durante 2024, primer año completo de la gestión Pullaro, cuando el gasto cayó 16,8 % respecto de 2023. La recuperación parcial observada durante 2025 no alcanzó para regresar a los niveles anteriores.
En ese contexto, la Provincia cerró 2025 con un superávit financiero de $8.264 millones. La cifra equivale apenas al 0,07 % del gasto total y representa menos del 2 % de lo que se dejó de ejecutar solamente en Educación y Cultura.
El dato pone en discusión la dimensión real del logro fiscal exhibido por el Gobierno: para obtener un superávit relativamente pequeño, la Provincia aplicó recortes muy superiores sobre áreas esenciales.
Educación, salud y previsión absorbieron el ajuste
El recorte no se distribuyó de manera uniforme.
Los Servicios Sociales, que representan casi el 60 % del presupuesto, explicaron el 74 % de toda la reducción real del gasto provincial.
Entre 2023 y 2025 se registraron las siguientes variaciones:
- Educación y Cultura: –13,3 %, equivalente a $497.987 millones menos.
- Seguridad Social: –10,3 %, con una reducción de $326.650 millones.
- Salud: –5,5 %, equivalente a $91.264 millones menos.
- Agua Potable y Alcantarillado: –76,4 %.
En sentido contrario, los Servicios de Seguridad crecieron 10,6 % y la Administración Gubernamental aumentó 1,4 %.
Dentro de esta última finalidad se observa una diferencia especialmente significativa: mientras el Poder Judicial sufrió una reducción real del 22,3 %, la Dirección Superior Ejecutiva creció 37,8 %, con $186.397 millones adicionales.
No se trató, por lo tanto, de un ajuste homogéneo. El Gobierno eligió qué áreas expandir y sobre cuáles descargar el costo del equilibrio fiscal.
Más dinero para seguridad, pero no para los policías
Los Servicios de Seguridad recibieron $149.115 millones adicionales entre 2023 y 2025, un crecimiento real del 10,6 %.
Sin embargo, gran parte de esa expansión estuvo relacionada con el sistema penal, que aumentó 31,7 %, en consonancia con las obras penitenciarias y el endurecimiento de la política de encierro.
El incremento general de la finalidad Seguridad no se trasladó proporcionalmente a los salarios policiales.
Según el caso testigo analizado por el CEPA, el ingreso real del personal policial se encontraba en junio de 2026 un 4,9 % por debajo del nivel de noviembre de 2023.
La caída fue amortiguada por una garantía salarial no remunerativa incorporada en febrero de 2026. Sin ese concepto, la pérdida habría rondado el 18 %, de acuerdo con la estimación del centro de estudios.
El mecanismo permite mejorar el ingreso de bolsillo sin recomponer plenamente el salario remunerativo. Esto tiene consecuencias sobre el aguinaldo, los aportes previsionales, los futuros haberes jubilatorios y otros suplementos calculados sobre componentes regulares del sueldo.
El Gobierno invirtió más en el aparato de seguridad, pero quienes lo sostienen diariamente continuaron perdiendo capacidad de compra.
Los docentes encabezan la pérdida
El caso más grave es el de los maestros de grado.
Un docente de jornada simple terminó junio de 2026 con un salario real 18,9 % inferior al de noviembre de 2023. Según el CEPA, durante todo el período dejó de percibir un acumulado cercano a $8,5 millones, calculado a valores constantes de junio de 2026.
Esa cifra requiere una precisión: no representa necesariamente el valor de un “bono” jurídicamente reconocido o reclamable de manera automática. Es la estimación económica de todo el ingreso que el caso testigo dejó de recibir debido a la pérdida acumulada de poder adquisitivo.
Los porteros y asistentes escolares tampoco lograron recuperar sus ingresos. Un portero de categoría 3 registró una caída real del 9 % y una pérdida acumulada estimada en $5,9 millones.
El informe también advierte que parte de las mejoras recientes en el bolsillo docente no provino de una recomposición salarial genuina, sino de la extensión de la jornada laboral y del presentismo.
En otras palabras, se mejora el ingreso trabajando más o cumpliendo condiciones adicionales, pero no se recompone suficientemente el valor del cargo.
Enfermería perdió más de $10 millones acumulados
El personal de enfermería aparece entre los sectores más perjudicados.
Un enfermero o enfermera de categoría 3 con jornada larga percibía en junio de 2026 un salario neto de $1.948.856. Expresado a valores del mismo mes, el ingreso equivalente de noviembre de 2023 era de $2.153.183.
La pérdida real fue del 9,5 %.
Durante todo el período analizado, el caso testigo dejó de percibir aproximadamente $10.834.715, la mayor pérdida acumulada entre los siete perfiles estudiados.
El personal profesional comprendido en el régimen del Arte de Curar tuvo una trayectoria diferente. La incorporación parcial de la jerarquización profesional permitió una recuperación durante 2026, pero su ingreso todavía permanecía un 2,8 % por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Un ajuste regresivo dentro del propio Estado
El informe también detectó una fuerte desigualdad dentro de la Administración Central.
Las categorías inferiores, que concentran alrededor del 91 % de la planta, terminaron junio de 2026 un 9,5 % por debajo del poder adquisitivo de noviembre de 2023.
En cambio, las categorías intermedias se encontraban 19,2 % por encima y las superiores 12,3 % arriba de aquel punto de partida.
El ajuste fue, por lo tanto, regresivo: cuanto más bajo se encontraba el trabajador dentro de la estructura estatal, mayor fue el impacto relativo sobre sus ingresos.
No hubo un sacrificio proporcional de toda la Administración. Las categorías con menores salarios absorbieron una parte sustancial del costo.
Una recuperación que todavía no revierte el deterioro
Los datos del primer trimestre de 2026 muestran una recuperación del gasto frente al mismo período de 2025. Sin embargo, el volumen total todavía se encontraba 1,9 % por debajo del primer trimestre de 2023.
Además, la recomposición mantuvo las prioridades establecidas desde el comienzo de la gestión: crecieron Seguridad, la conducción superior del Ejecutivo y determinadas obras, mientras Salud, Seguridad Social y otros servicios esenciales continuaron debajo del punto de partida.
A junio de 2026, ninguno de los siete casos salariales analizados había recuperado de manera sostenida todo el poder adquisitivo vigente antes de la asunción de Pullaro.
Paritarias cerradas por decreto
El informe se conoce cuando el Gobierno provincial vuelve a clausurar las discusiones salariales mediante decisiones unilaterales.
Después del rechazo expresado por los gremios docentes, el Ejecutivo decidió aplicar igualmente su propuesta. La medida profundizó el conflicto con AMSAFE y SADOP, mientras diferentes sectores estatales sostienen que las recomposiciones continúan por debajo de la inflación acumulada.
El debate público suele concentrarse en el porcentaje de acatamiento a los paros, las declaraciones de dirigentes sindicales o la cantidad nominal ofrecida en cada negociación. El trabajo del CEPA permite observar el proceso completo: más allá de cada paritaria, los principales casos testigo perdieron ingresos reales desde noviembre de 2023.
El verdadero costo del superávit
Pullaro presenta el equilibrio fiscal como una prueba de orden y eficiencia. Pero un resultado contable no explica por sí mismo cómo fue alcanzado ni quién pagó su costo.
Los datos muestran que la Provincia protegió y expandió el vértice ejecutivo, incrementó los recursos destinados al sistema penal y redujo en términos reales el gasto social y los salarios de quienes sostienen diariamente los servicios públicos.
Docentes, enfermeros, porteros, policías y empleados administrativos no aparecen como beneficiarios del ordenamiento. Aparecen como sus financiadores.
El superávit no cayó del cielo ni fue solamente producto de una administración más eficiente. Según el informe, se construyó sobre una decisión política concreta: licuar ingresos, diferenciar jerarquías y trasladar el costo fiscal hacia los sectores con menor capacidad de negociación.
El Estado santafesino no redujo sustancialmente su cantidad de trabajadores. Redujo el valor de su trabajo.
El informe completo puede consultarse en el Centro de Economía Política Argentina.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora