¿El trabajador policial está condenado a convertirse en un Joker?

La pregunta no acusa al policía: interpela al sistema que lo humilla, lo aísla, le niega representación y luego pretende usar su bronca contra el resto del pueblo que sufre.

La imagen no debe tomarse como una caricatura ni como una ofensa. Al contrario. Sirve para iluminar una tragedia silenciosa: la del sujeto humillado, aislado, sobreexigido, sin reconocimiento real y sin mediaciones colectivas capaces de transformar su dolor en conciencia, su bronca en organización y su reclamo en proyecto.

Jessé Souza, en El pobre de derecha, toma la figura del Joker para describir al ciudadano empobrecido que, golpeado por la soledad, la precariedad, el desprecio y la humillación cotidiana, termina reaccionando de manera prepolítica. No actúa desde una estrategia colectiva, sino desde una herida. No disputa poder con organización, sino que estalla. Souza insiste en que el problema central no es solo económico: es moral, simbólico y político. La pobreza pesa, pero la humillación permanente destruye más hondo.

Ese punto es decisivo para pensar al trabajador policial.

Porque el policía también es trabajador. Trabajador armado, jerarquizado, disciplinado y sometido a un régimen especial, sí. Pero trabajador al fin. Vive de un salario. Padece inflación, endeudamiento, recarga horaria, desgaste familiar, presión psicológica, exposición penal, maltrato jerárquico y abandono institucional. Se le exige disponibilidad, obediencia y sacrificio; pero cuando el conflicto político o judicial aparece, demasiadas veces queda solo. Héroe en el discurso, fusible en la práctica. La vieja fórmula de siempre: aplauso en el acto, abandono en tribunales.

La invitación a dejar de reconocerse como trabajador

La dominación no funciona únicamente por la fuerza. También funciona ofreciendo pertenencias imaginarias. Al trabajador policial se le dice, de manera abierta o insinuada: “vos no sos como los otros trabajadores; vos sos autoridad, sos orden, sos distinto a los que protestan”.

Ahí está la operación más peligrosa.

Se lo invita a sentirse más cerca del poder que lo utiliza que del pueblo trabajador que comparte con él precariedad, cansancio, deuda y humillación. Se le ofrece una pertenencia moral al mundo del mando, aunque materialmente siga viviendo en el mundo de los que obedecen.

Souza describe algo parecido cuando analiza cómo la extrema derecha funcionaliza la ira de la clase trabajadora: no la dirige contra las causas reales de su empobrecimiento, sino contra otros pobres. Se inventa una guerra entre sectores populares, se produce una falsa rebelión y se genera un sentimiento de pertenencia en vidas castigadas y sin horizonte.

En clave policial, esa maniobra puede formularse así: al trabajador policial se le ofrece pertenecer imaginariamente al orden que lo explota, para impedirle reconocerse en el pueblo que también sufre.

No es poca cosa. Porque nadie reprime tranquilo a quien reconoce como semejante. Antes de descargar autoridad sobre el otro, hace falta construir una distancia moral. El jubilado que reclama deja de ser un viejo trabajador cansado y pasa a ser “un problema de orden público”. La persona con discapacidad que exige derechos deja de ser víctima de una injusticia y pasa a ser “un obstáculo”. El piquetero deja de ser un pobre organizado y pasa a ser “enemigo”. El sindicato que resiste deja de ser representación laboral y pasa a ser “corporación”. El partido popular fuera de control deja de ser expresión política y pasa a ser “amenaza”. Incluso las iglesias que acompañan a los pobres pueden ser presentadas como sospechosas cuando no bendicen el orden establecido.

Así se fabrica la frontera: de un lado, los pobres obedientes; del otro, los pobres castigables.

El aval ético de la separación

En este punto debe hablarse con cuidado, pero sin ingenuidad. No se trata de atacar la fe, ni de desconocer el papel comunitario, espiritual y social que muchas iglesias cumplen en los barrios, en las cárceles, en las familias quebradas y en los territorios donde el Estado aparece tarde o no aparece nunca.

El problema es otro: cuando ciertos discursos religiosos son utilizados políticamente para sacralizar el orden existente, despolitizar la injusticia y presentar la rebeldía social como pecado, amenaza o desviación moral.

Souza trabaja expresamente este aspecto al analizar sectores evangélicos y neopentecostales, especialmente en el capítulo dedicado al “negro evangélico” y a la “contrarrevolución evangélica y su significado social y político”. No responsabiliza a toda la fe evangélica, pero sí observa cómo determinadas estructuras pueden ofrecer pertenencia, sentido y contención a sectores populares abandonados, al mismo tiempo que pueden ser capturadas por proyectos políticos conservadores.

Ese “aval ético” cumple una función concreta: ayuda a separar al trabajador policial del resto de los sectores populares que sufren. Le dice que el orden está de su lado. Que los que reclaman son el caos. Que los que protestan son manipulados. Que los que se rebelan contra la injusticia son peligrosos. Que la obediencia es virtud y el conflicto es pecado.

Pero la tradición nacional y popular enseña otra cosa: la paz social no nace de callar el dolor, sino de organizarlo con justicia.

izquierda y derecha: categorías que no alcanzan

La idea de Souza es potente y debe ser tomada en serio. Pero no puede trasladarse mecánicamente a nuestra realidad. Las categorías de izquierda y derecha, nacidas en la experiencia europea, no alcanzan por sí solas para describir los procesos americanos.

En nuestro continente, y particularmente en la Argentina, muchas disputas no se ordenan solamente por esa geometría. Pesan la dependencia, la soberanía, el Estado, la justicia social, la comunidad organizada, el trabajo, la doctrina nacional, la representación sindical, la tradición popular y la vieja pelea entre privilegio oligárquico y reconocimiento del pueblo.

Por eso, más que preguntar si el trabajador policial es “de derecha” o “de izquierda”, hay que preguntar otra cosa:

¿está integrado a un proyecto de comunidad que lo reconozca como trabajador y sujeto de derechos, o está siendo usado como herramienta aislada de disciplinamiento social?

La pregunta cambia todo.

Porque cuando el trabajador policial es tratado como parte del pueblo trabajador, puede pensarse en términos de derechos, deberes, profesionalización, representación, defensa jurídica, salud mental, carrera, salario, doctrina democrática y conducción política.

Pero cuando se lo separa del pueblo, se lo convierte en otra cosa: un brazo ejecutor sin voz propia. Un sujeto exaltado simbólicamente y degradado materialmente. Un hombre o una mujer a quien se le pide que sostenga el orden de otros, aun cuando su propia vida esté desordenada por la deuda, el cansancio y el abandono.

Más dureza con los débiles que con los poderosos

Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en la Argentina contemporánea: el Estado descarga su mayor energía represiva sobre los sectores más vulnerables.

Jubilados empujados o golpeados. Personas con discapacidad tratadas como amenaza. Trabajadores despedidos vallados. Sindicatos hostigados. Organizaciones sociales perseguidas. Pobres convertidos en sospechosos permanentes. Mientras tanto, frente a poderes ilegales mucho más complejos —estructuras narco, redes financieras, economías criminales, circuitos de protección, lavado, corrupción organizada— el Estado muchas veces llega tarde, negocia en silencio o actúa de manera fragmentaria.

No se trata de negar el delito ni de romantizar la protesta. Una democracia seria debe distinguir entre conflicto social y criminalidad organizada. Debe ordenar el espacio público, proteger derechos, garantizar circulación, prevenir violencia y actuar con legalidad. Pero una cosa es conducir el conflicto con autoridad legítima, y otra muy distinta es convertir al vulnerable en enemigo interno.

Cuando el bastón cae con más facilidad sobre el débil que sobre el poderoso, la seguridad pública deja de ser protección comunitaria y empieza a parecer administración selectiva del miedo.

Y en esa escena, el trabajador policial también es víctima de una manipulación. Porque termina poniendo el cuerpo en una confrontación que no diseñó, contra sectores con los que comparte más de lo que le permiten reconocer. El jubilado reprimido podría ser su padre. La persona con discapacidad podría ser su hijo. El trabajador precarizado podría ser su vecino. El sindicalista perseguido podría estar reclamando algo que él mismo necesita pero no puede decir en voz alta.

El Joker policial no nace: se fabrica

El trabajador policial no se vuelve Joker por reclamar. Se vuelve Joker cuando no tiene canales legítimos para reclamar.

Se vuelve Joker cuando la institución le enseña obediencia, pero no le reconoce dignidad. Cuando la política le exige sacrificio, pero no le garantiza protección. Cuando la sociedad le demanda heroísmo, pero le niega humanidad. Cuando los gobiernos lo usan para controlar el conflicto social, pero lo abandonan si el operativo sale mal. Cuando no tiene sindicato reconocido, ni representación efectiva, ni defensa adecuada, ni salud mental cuidada, ni salario suficiente, ni horizonte de carrera justo.

Ahí la bronca queda suelta.

Y la bronca suelta es peligrosa. No porque el trabajador policial sea peligroso por naturaleza, sino porque todo dolor social sin organización puede ser capturado por discursos de revancha. La historia enseña que cuando el pueblo no encuentra una política que lo contenga, siempre aparece alguien dispuesto a venderle odio en cuotas. Y casi siempre con intereses más altos que cualquier financiera de barrio.

El Joker es eso: la humillación sin comunidad. La ira sin doctrina. El dolor sin conducción. La rebeldía sin proyecto.

La salida: representación, doctrina y comunidad organizada

La respuesta no puede ser más aislamiento ni más disciplinamiento. Tampoco una romantización ingenua de cualquier protesta policial. La salida debe ser institucional, democrática y profundamente política.

El trabajador policial necesita representación profesional. Necesita canales de diálogo. Necesita defensa jurídica. Necesita protección frente al abuso jerárquico. Necesita formación doctrinaria democrática. Necesita conducción política responsable. Necesita salud mental, descanso, salario y carrera. Necesita ser reconocido como trabajador del Estado y como integrante del pueblo, sin negar la especificidad de su función.

La autoridad policial no se fortalece negando derechos. Se fortalece cuando se apoya en legitimidad, profesionalismo, justicia interna y conducción política clara.

La seguridad pública no puede construirse sobre trabajadores humillados. Un Estado que humilla a quienes deben cuidar a la comunidad está sembrando su propia crisis. Y después, como suele pasar, se sorprende de la cosecha.

No está condenado

Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿necesariamente el trabajador policial debe ser un Joker?

La respuesta es: NO.

Pero puede ser empujado a ese lugar si se lo mantiene aislado, endeudado, silenciado, usado como escudo, separado del pueblo y seducido por una pertenencia imaginaria al mundo del poder.

El trabajador policial no necesita ser clasificado como izquierda o derecha. Necesita ser comprendido como trabajador del Estado, integrante del pueblo y sujeto de derechos dentro de una comunidad políticamente organizada.

Porque cuando esa comprensión falta, la humillación ocupa el lugar de la doctrina, la bronca ocupa el lugar de la política y el resentimiento ocupa el lugar de la organización.

Y ahí sí, el Joker deja de ser una película.

Empieza a parecer un parte de novedades.

«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha». y «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)».

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