El trabajador solo ante el mercado: la apuesta ideológica detrás de la reforma laboral

Una reforma que redefine la relación entre capital y trabajo y desplaza al Estado como garante de derechos, instalando un modelo donde el mercado impone sus reglas. ¿EN QUE AFECTA A LOS POLICÍAS Y PENITENCIARIOS?

Por Alberto Rubén Martínez (*)

El Poder Ejecutivo envió al Congreso su proyecto de Ley de Modernización Laboral, una iniciativa que el presidente Javier Milei presenta como indispensable para “reducir la litigiosidad”, “liberar la productividad” y “modernizar la economía argentina”. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia se esconde una reconfiguración profunda del sistema laboral, con consecuencias estructurales para los trabajadores y para el modelo de igualdad construido en las últimas décadas.

Un impacto silencioso pero profundo en las fuerzas de seguridad

Para el personal policial, la reforma laboral no es un debate ajeno ni abstracto. Aunque la Ley de Contrato de Trabajo no rige directamente sobre la fuerza, el espíritu general de la reforma —más poder para el empleador y menos resguardo para el trabajador— repercute de lleno dentro de una institución altamente jerarquizada. En un contexto donde ya faltan médicos, uniformes, movilidad y condiciones básicas, esta reforma consolida un modelo en el cual el policía queda todavía más expuesto y desprotegido.

El resultado es claro: menos control de las arbitrariedades internas, más presión sobre las carpetas médicas, traslados cada vez más discrecionales, rechazos injustificados de permutas y una mayor carga económica que cae sobre los bolsillos del propio personal. En síntesis, mientras el discurso oficial habla de “modernización”, lo que realmente se profundiza es la precariedad interna: más exigencias, menos derechos y ninguna garantía de que la vida del trabajador uniformado mejore.

A la luz de la DSP y la Teoría del Foco y la Vara

Si analizamos esta reforma desde la Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y la Teoría del Foco y la Vara (FyV), el panorama para las fuerzas de seguridad se vuelve aún más preocupante. La DSP muestra cómo el Estado —en lugar de proteger al trabajador policial— parte de la desconfianza, tratándolo como un engranaje sospechoso que debe ser vigilado, controlado y disciplinado.

La reforma laboral mileísta refuerza ese esquema: flexibiliza las obligaciones del empleador, reduce los mecanismos de defensa del trabajador y amplía la margen para decisiones arbitrarias. En consecuencia, el personal queda más expuesto a la mirada sancionatoria de la institución, con controles internos más duros, presiones sobre licencias médicas y traslados impuestos sin criterios transparentes.

Por su parte, la Teoría del Foco y la Vara explica cómo el poder dirige siempre el foco hacia abajo —al que trabaja, al numerario, al que está en la calle— mientras mide con una vara más benévola a quienes ocupan roles de conducción. En una policía que ya funciona con carencias estructurales, este modelo no solo precariza: naturaliza la desigualdad jerárquica y profundiza la vulnerabilidad cotidiana del trabajador policial.

Análisis por el filtro de constitucionalidad y convencionalidad

A la luz del control de constitucionalidad, varios ejes del proyecto chocan con principios centrales de la Constitución Nacional: el artículo 14 bis, que garantiza la protección del trabajo, la estabilidad, las indemnizaciones justas, la organización sindical y la negociación colectiva; y el principio protectorio, que exige favorecer siempre a la parte más débil de la relación laboral.

El proyecto de Milei, al priorizar la autonomía de la voluntad, debilitar convenios colectivos, abaratar despidos y limitar la tutela judicial efectiva, se aleja del piso mínimo de derechos que la Constitución manda resguardar. Desde la convencionalidad, la reforma también enfrenta tensiones con tratados internacionales de jerarquía constitucional —como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— que exigen proteger la libertad sindical, evitar regresiones en derechos y asegurar mecanismos efectivos de reclamo. La reforma, en su diseño general, parece avanzar en sentido regresivo, algo especialmente problemático en materia laboral, donde rige el principio de no regresividad.

Bajo ambos filtros, el proyecto presenta serios riesgos jurídicos: reduce protección, restringe derechos adquiridos y desplaza al Estado de su rol constitucional como garante del equilibrio en la relación laboral, lo que podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y en un conflicto institucional de alta intensidad.

Tabla comparativa: Constitucionalidad y Convencionalidad vs. Reforma laboral propuesta

¿Qué Estado propone Milei? 

1. El Estado liberal (el que propone Milei)

Es un Estado mínimo, centrado casi exclusivamente en garantizar propiedad privada, contratos y seguridad física. Reduce su intervención en la economía, en las relaciones laborales y en la regulación social. La libertad del mercado se presenta como el principio rector, y el Estado se concibe como un árbitro distante, sin funciones redistributivas, sin tutela protectoria y sin obligación de equilibrar desigualdades estructurales. En este modelo, el trabajador es un individuo libre que negocia “entre iguales” con el empleador, aunque en la realidad exista una asimetría enorme de poder. Es un Estado eficiente para los intereses empresariales, pero débil para proteger a las personas comunes, porque renuncia a su función social.

2. El Estado social (el que rige en Argentina desde 1949, reforzado en 1957 por el Art. 14 bis)

Es un Estado que reconoce que el mercado no genera justicia por sí solo y que la libertad formal no alcanza si no se equilibran las desigualdades. A partir de esto, el Estado social tiene el deber de intervenir para proteger al trabajador, garantizar salarios dignos, estabilidad, negociaciones colectivas, seguridad social y derechos colectivos. Aquí el trabajador no es un individuo aislado sino un sujeto de derechos, parte de una comunidad, con el Estado como garante frente a la asimetría del poder económico.

3. El Estado constitucional (el que surge de la CN + los tratados internacionales)

Este modelo combina la democracia liberal y el Estado social con un piso jurídico obligatorio: Los derechos humanos, económicos, sociales y laborales son límites infranqueables para cualquier gobierno, independientemente de su ideología. Esto incluye:

• No regresividad de derechos sociales.
• Protección del trabajo como principio rector.
• Libertad sindical y negociación colectiva.
• Derecho a la tutela judicial efectiva.
• Igualdad real y prohibición de arbitrariedades.

En este modelo, el Estado no puede retirarse, aunque quiera. Su obligación de proteger es constitucional y convencional.

¿Qué implica entonces el modelo de Milei en este mapa?

En términos comparativos, la reforma laboral y la visión estatal mileísta:

• Se corren del Estado social, al eliminar o reducir la protección, la intervención y los mecanismos de equilibrio entre capital y trabajo.

• Chocan con el Estado constitucional, porque avanzan sobre derechos fundamentales que la Constitución y los tratados internacionales obligan a preservar.

• Reinstalan un Estado liberal clásico, sin obligaciones redistributivas ni protectorias, donde el mercado es el árbitro supremo y el trabajador queda solo frente a estructuras mucho más poderosas.

En síntesis:

El Estado que propone Milei es un Estado que “libera” a los poderosos y desprotege a los vulnerables, un Estado que renuncia al mandato constitucional de igualdad real y se limita a garantizar reglas de mercado, aun si esas reglas profundizan desigualdad, precariedad y conflictividad social.

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Falacias centrales del proyecto de reforma laboral

1. La falacia de la “igualdad” liberal

La reforma parte de la idea de que empleador y trabajador son individuos libres que negocian en igualdad de condiciones. Pero la experiencia histórica —en Argentina y en el mundo— demuestra que esa igualdad no existe: hay una asimetría estructural entre quien contrata y quien necesita el salario para vivir.

El Estado liberal mileísta, al retirarse, perpetúa esa desigualdad porque trata igual a quienes no son iguales, y desconoce que ciertos grupos —como trabajadores precarizados, estatales o uniformados— requieren protecciones diferenciadas, que solo el Estado Social y el Estado Constitucional pueden garantizar.

2. La falacia de que “menos derechos generan más empleo”

No existe evidencia empírica sólida que indique que abaratar despidos y flexibilizar contratos genere empleo sostenido. Al contrario: en todos los procesos históricos de flexibilización (Menem en los 90, Macri en 2016, reformas en España o México), el resultado fue más precariedad, mayor rotación, y una caída en los salarios reales. La reforma reproduce esta lógica sin mostrar estudios o simulaciones que la avalen.

3. La falacia del “costo laboral” como causa del desempleo

Se insiste en que el trabajador “cuesta demasiado”, ocultando que el problema estructural argentino es la productividad, la evasión y la concentración económica, no los derechos laborales. Reducir indemnizaciones y negociación colectiva no mejora productividad: solo abarata el despido.

4. La falacia de la libertad individual absoluta

El proyecto exalta la “autonomía de la voluntad”, como si cada trabajador pudiera negociar libremente sus condiciones. Eso es falso: la negociación individual favorece siempre al empleador. Por eso en el derecho moderno existen convenios colectivos, sindicatos y garantías mínimas. Al permitir que acuerdos individuales prevalezcan sobre convenios, la reforma destruye esa protección y convierte la “libertad” en sumisión contractual.

5. La falacia de la “modernización”

El proyecto se vende como un salto hacia el futuro, pero en realidad implica un retorno al pasado (dos siglos atrás): un mercado laboral pre–Estado Social, sin controles, sin derechos y sin equilibrio. La modernidad real se basa en protección social + competitividad inteligente, no en desprotección.

6. La falacia del “Estado eficiente”

Se plantea que el Estado debe retirarse de la regulación laboral para ser más eficiente.
Pero el Estado Constitucional tiene la obligación indelegable de garantizar igualdad real, tutela judicial, negociación colectiva, salarios dignos y protección frente a abusos. Un Estado que abdica de ese rol no es eficiente: es inconstitucional.

7. La falacia del “consenso”

El Gobierno afirma que la reforma busca “dar certezas a todos los sectores”. Pero no fue consensuada con sindicatos ni con organizaciones de trabajadores. Es, en esencia, una reforma a medida del poder económico. El supuesto “consenso” se convierte en un monólogo empresarial.

8. La falacia del “progreso” para quienes siempre quedan atrás

Se afirma que la reforma beneficia a “todos los argentinos”, pero la historia laboral muestra que cuando se reducen derechos, siempre pagan el costo los más débiles, no los dueños del capital. La reforma no ofrece mecanismos reales de inclusión, sino un “sálvese quien pueda” que contradice totalmente el modelo de Estado Social y Constitucional que busca igualdad real.

9. La falacia de la neutralidad

El proyecto se presenta como técnico, económico, inevitable. Pero toda reforma laboral es política y define quién gana y quién pierde. En este caso, la balanza se inclina claramente hacia el sector empresarial a costa de millones de trabajadores.

10. La falacia del “trabajo como mercancía”

Se considera al trabajo como un bien transable más, ignorando que el derecho constitucional argentino lo concibe como fundamento de la organización social, no como un objeto sometido a la ley de oferta y demanda.

El proyecto se sostiene sobre falacias que buscan legitimar un modelo de Estado mínimo, puramente liberal, que ya demostró —histórica y empíricamente— no generar igualdad ni desarrollo sostenible.

Frente a ese modelo, el Estado Social y Constitucional establece lo contrario:

la igualdad no se declama, se construye protegiendo de manera diferenciada a quienes tienen menos poder.

El texto completo y el análisis del proyecto

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El Texto Completo Del Proyecto de Reforma Laboral (2025) by Apropol Noticias

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Analistas coinciden en que no se trata de una reforma técnica ni coyuntural, sino de un cambio de paradigma, alineado con un proyecto político más amplio que promueve la desregulación extrema del mercado y la retracción del Estado como garante de derechos.

Tabla comparativa: Situación actual vs. Reforma laboral propuesta

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Un proyecto que erosiona el sueño de la igualdad

Diversas lecturas críticas, como las publicadas por Letra P, sostienen que esta reforma significa un “adiós al sueño de la igualdad”: el fin de la idea de que el trabajo es un derecho social protegido y no una mercancía libre en el mercado.

Según estos análisis, la iniciativa de Milei busca desmontar —pieza por pieza— el andamiaje jurídico construido para equilibrar la asimetría entre empleadores y empleados, debilitando el rol de los sindicatos, restringiendo el acceso a la Justicia y ampliando el margen de discrecionalidad empresarial.

Flexibilización estructural: contratos más frágiles y menos protección

El proyecto redefine el concepto de trabajo para incluir cualquier actividad “lícita y voluntaria” que produzca beneficio económico, diluyendo la frontera entre empleo formal, autónomo y semidependiente. (pág. 16)

Esto habilita modalidades laborales más flexibles, más baratas y —sobre todo— más inciertas para los trabajadores.

Al mismo tiempo, introduce modificaciones en el Régimen de Contrato de Trabajo que facilitan:

• contratos por tiempo determinado,
• esquemas híbridos,
• y condiciones de registración más laxas. (pág. 19)

La pregunta que surge es inevitable: ¿flexibilización para quién? Para el trabajador, significa menos estabilidad; para las empresas, mayor libertad para organizar y ajustar su planta.

Un golpe directo a la negociación colectiva

Uno de los cambios más profundos es la posibilidad de que acuerdos individuales prevalezcan sobre convenios colectivos en determinados casos. (pág. 18)
Esta medida debilita drásticamente la capacidad negociadora de los sindicatos y desplaza el equilibrio histórico entre capital y trabajo.

Los críticos señalan que esta es la piedra angular del modelo libertario: fragmentar al trabajador, aislarlo frente al poder empresarial y transformar la relación laboral en un contrato entre partes “iguales”, aunque en la realidad haya una asimetría evidente.

Indemnización, pero reducida: el Fondo de Cese Laboral

Un eje clave del proyecto es la creación de Fondos de Asistencia Laboral, financiados con un aporte del 3% del salario, que reemplazarían parcial o totalmente las indemnizaciones tradicionales. (pág. 9)

El resultado es claro:

• Despedir será más previsible y más barato.
• El trabajador pierde un resguardo histórico frente a la arbitrariedad.

Es un giro que apunta a disminuir el “riesgo empresario”, pero que transfiere incertidumbre y vulnerabilidad a quienes viven de su sueldo mensual.

Litigiosidad: menos juicios, pero también menos derechos reclamables

La reforma también toca la Justicia del Trabajo:

• habilita la homologación automática de acuerdos conciliatorios, (pág. 18)
• reduce la intervención judicial,
• y limita la capacidad de reclamo del trabajador frente a despidos o incumplimientos. (pág. 7)

El Gobierno lo presenta como una forma de “agilizar procesos”.

Los críticos lo leen como una manera de cerrar la puerta a litigios por abuso empresarial.

Una reforma alineada con el programa económico de Milei

El mensaje oficial que acompaña el proyecto es explícito: la reforma se inscribe en un proceso más amplio de “simplificación normativa” y “reducción de distorsiones”. (pág. 12)
En otras palabras, responde al modelo económico de Milei:

• menos Estado,
• más mercado,
• y una fuerza laboral con reglas más flexibles, menos costosas y menos protegidas.

Según especialistas citados por Letra P, esto implica abandonar la tradición argentina que buscaba más igualdad en el punto de partida. En su lugar, se propone un sistema donde cada trabajador negocia individualmente su supervivencia dentro del mercado.

El impacto en la vida real: incertidumbre y fragmentación

Más allá de la teoría, el efecto cotidiano podría ser contundente:

• Trabajos más precarizados.
• Mayor rotación.
• Menor protección frente al despido.
• Sindicatos debilitados.
• Más dificultades para reclamar derechos básicos.

Es un escenario que, según los críticos, traslada todos los riesgos al trabajador al tiempo que libera al empleador de gran parte de sus obligaciones históricas.

El debate político que se abre

La reforma laboral será una de las discusiones más intensas del ciclo político.

De un lado, el Gobierno y sectores empresariales la presentan como la llave para “destrabar la Argentina”.

Del otro, sindicatos, organizaciones sociales y juristas laborales advierten que se trata de la mayor pérdida de derechos laborales desde 1976.

En el centro de ese choque, millones de trabajadores observan con preocupación un proyecto que redefine no solo su presente laboral, sino su futuro.

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«Quien quiera oir que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)

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