Buenos Aires – La jueza federal María Servini dio por clausurada la investigación y elevó a juicio oral la causa contra Sebastián Emanuel Martínez, oficial de la Prefectura Naval Argentina acusado de disparar con una lanzadora de gas pimienta contra un manifestante durante la represión del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso. La víctima perdió la visión de uno de sus ojos.
La Justicia Federal resolvió avanzar hacia el juicio oral y público contra Sebastián Emanuel Martínez, oficial de la Prefectura Naval Argentina, por un episodio ocurrido durante el operativo desplegado frente al Congreso de la Nación el 12 de marzo de 2025, jornada marcada por una fuerte represión contra la movilización de jubilados y en la que también resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo.
Martínez está acusado de haber disparado una lanzadora de gas pimienta contra un simpatizante de Chacarita que participaba de aquella jornada de protesta. Como consecuencia del impacto, el manifestante sufrió una lesión de extrema gravedad y perdió la visión de un ojo.
La jueza federal María Servini dispuso la clausura de la etapa de investigación y la elevación de las actuaciones a juicio oral, donde deberá determinarse finalmente la responsabilidad penal del integrante de Prefectura.
Una acusación por lesiones gravísimas agravadas
El prefecto llegará a juicio imputado por el delito de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función”, figura que, de acuerdo con la información conocida sobre la causa, contempla penas de entre tres y diez años de prisión.
La elevación a juicio no implica una condena anticipada. Martínez mantiene el estado constitucional de inocencia hasta que exista una sentencia firme, pero la decisión judicial supone que la investigación reunió elementos suficientes para que la acusación sea discutida ahora ante un tribunal oral.
Será esa instancia la que deberá analizar la mecánica del disparo, las circunstancias en las que fue utilizado el dispositivo, las reglas que regulaban su empleo y si la conducta atribuida al funcionario constituyó un uso ilegal o abusivo de la fuerza.
La misma jornada en la que fue herido Pablo Grillo
El episodio ocurrió durante la movilización del 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, una jornada que quedó especialmente marcada por las imágenes de la intervención de las fuerzas federales.
Ese mismo día resultó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado por un proyectil disparado durante el operativo. Ambos hechos terminaron convirtiéndose en casos particularmente sensibles para la discusión sobre el empleo de armas denominadas “menos letales”, los protocolos de actuación y la responsabilidad individual e institucional durante los dispositivos de control de manifestaciones.
La llegada de una de esas causas a juicio oral agrega ahora una instancia decisiva: ya no se discutirá solamente la existencia de imágenes o reconstrucciones periodísticas del operativo, sino la eventual responsabilidad penal de uno de los funcionarios que actuó materialmente en aquella jornada.
Del agente visible a las responsabilidades del operativo
El juicio deberá concentrarse sobre la conducta concreta atribuida a Martínez, pero un operativo de estas características se desarrolla dentro de una estructura de conducción, órdenes, protocolos y criterios de utilización de la fuerza.
Cuando el vigilante también es vigilado por el «Panóptico Social»
Determinar la eventual responsabilidad penal individual del ejecutor resulta indispensable, aunque ello no impide preguntar también bajo qué instrucciones se actuó, cuáles eran las reglas para el empleo de esos dispositivos, qué supervisión existió y cómo fue diseñado el operativo.
La responsabilidad penal es personal y deberá probarse en juicio. La responsabilidad institucional y política, cuando corresponda examinarla, pertenece a otros planos y requiere sus propias evidencias.
Precisamente por eso, la reconstrucción integral de lo ocurrido aquel 12 de marzo continúa siendo relevante: una imagen puede mostrar quién disparó; la trazabilidad permite preguntar además dentro de qué dispositivo actuó, bajo qué reglas y con qué cadena de conducción.
El juicio oral será ahora el ámbito en el que la acusación y la defensa deberán confrontar sus pruebas y donde finalmente se determinará si Sebastián Emanuel Martínez es penalmente responsable por las gravísimas lesiones sufridas por el manifestante.
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