Por Mercedes «Mecha» Iñiguez (*)
Cuando un efectivo policial entra en disponibilidad, comienza un tiempo de espera cargado de incertidumbre. No está ni dentro ni fuera del sistema. Su sueldo, su futuro, su posibilidad de ascenso, y hasta su identidad como trabajador, quedan suspendidos en una suerte de limbo institucional que nadie parece querer abordar en serio.
Las declaraciones oficiales suelen ser frías, vagas, imprecisas. Hablan de “evaluaciones”, de “protocolos” y de “respetar el debido proceso”. Pero la realidad es otra: la disponibilidad muchas veces deja al personal sin ingresos, sin acompañamiento y sin un horizonte claro. Y en muchos casos, sin justicia.
¿Dónde queda la salud mental en todo esto? ¿Dónde queda el seguimiento, el acompañamiento, el abordaje integral que tantas veces se promete en discursos? Cuando hay denuncias de por medio, la causa queda en manos del Ministerio Público. Pero en las comisarías, los hechos que involucran a funcionarios policiales son directamente desestimados o pasados a las divisiones judiciales, eternas esperas y atrasos. Así se alimenta la tiniebla: nadie sabe bien qué hacer, ni cómo actuar.
No se trata de defender ni de condenar sin pruebas. Se trata de asumir que detrás del uniforme hay personas. Y que la institución tiene la obligación de cuidarlas, también en momentos difíciles.
Decir que alguien “no faltó nunca” no alcanza para definirlo como buen empleado. Un buen trabajador es el que comprende su rol, el que se cuida física y emocionalmente, el que sabe que su tarea es cuidar a otros, y también a sí mismo.
En cambio, un sistema que margina en vez de contener, que castiga en vez de acompañar, que deja en disponibilidad sin recursos ni respuestas, está lejos de ser justo. Y mucho más lejos de ser eficaz.
Porque cuidar a quienes cuidan no es una frase de campaña: es una deuda que ya no puede seguir postergándose.
(*) «Mecha» es personal policial de Santa Fe en actividad
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