En las fuerzas de seguridad se han perdido muchísimos recursos humanos valiosos

Colegas con años de formación y experiencia presentaron su renuncia o pidieron la baja, agotados, desmotivados por la falta absoluta de estímulos profesionales y por un retraso salarial criminal.

Por Mercedes «Mecha» Iñiguez (*)

Todos conocemos compañeros y compañeras que, en el día a día, expresan lo mismo: ya no tienen ganas de prestar servicio en estas condiciones. Relatan la angustia de su situación económica, el desgaste físico y emocional, y la imposibilidad de sostener una vida digna. Frente a esta realidad, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, cómodamente instalados en sus despachos, la respuesta fue tan cínica como insultante: anunciar que a los cadetes, futuros policías, se les darían clases de “economía personal”.

Nunca se hicieron cargo del problema estructural. No hubo políticas reales, no hubo soluciones. Solo se les “prendió la lamparita” para una salida improvisada que traslada la responsabilidad al trabajador y oculta la raíz del conflicto: salarios miserables y condiciones laborales indignas.

Los propios datos relevados por la Red de Mujeres Policías de Santa Fe en 2025 ponen en números esta tragedia estructural:

• En una encuesta provincial realizada entre el 21 de agosto y el 8 de octubre de 2025, con 108 respuestas anónimas de personal en actividad y retirado, el 90,6 % del personal afirmó que no llega a fin de mes con su salario. En ese mismo relevamiento, el 76,9 % declaró que no cubre la canasta básica y el 75,7 % que no puede cubrir necesidades médicas básicas, pese a recibir pluses y adicionales que igual no alcanzan.
• Además, el 94,9 % no puede ahorrar nada de sus ingresos, lo que expone la gravedad de la precarización salarial.

Estos números evidencian un colapso económico total dentro de la fuerza, con personal obligado a subsistir sin poder cubrir lo esencial y sin capacidad de ahorro, lo que impacta directamente en su vida personal, familiar y en su salud.

La salud no es un tema menor ni indirecto. En ese mismo estudio, dos de cada tres agentes encuestados (65,8 %) dijeron no poder acceder a atención de salud mental, y apenas el 9,3 % accede a cobertura integral como ATE–IAPOS. Esto pone de manifiesto que no solo no se cubren enfermedades o tratamientos básicos, sino que no existe contención psicológica ni profesional frente al estrés, las demandas emocionales y el desgaste de la función policial.

Además, los datos sobre el ambiente laboral y condiciones físicas de trabajo son devastadores:

• El 66,5 % calificó el clima laboral como “regular o malo” y el 44,4 % describió los espacios físicos como inadecuados o deplorables para desempeñar sus tareas.
• Un tercio del personal sufrió siniestros laborales, y en el 73,5 % de esos casos no intervino DIPART ni se les cubrieron los gastos asociados al accidente.
• Y mientras la institución dice promover la igualdad, una parte significativa de las agentes afirma que la maternidad frenó su desarrollo profesional y que la previsión jubilatoria está en crisis, producto de cambios legislativos y falta de reconocimiento de años de servicio.

Pero la precarización salarial y de salud se combina con la violencia institucional.

• Según un relevamiento de 2025 específicamente sobre violencia dentro de la fuerza, el 69,53 % de las mujeres encuestadas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia dentro de la institución. Las formas predominantes incluyen acoso laboral (mobbing), violencia psicológica y, en muchos casos, otras formas graves de agresión.
• En una parte de los datos difundidos por ese mismo estudio, más de un tercio de las mujeres policiales sufrió acoso sexual dentro de la institución, y en el 80 % de esos casos el agresor fue un superior jerárquico.

Estos datos no son anecdóticos ni aislados: expresan una precarización laboral profunda y sistemática que se traduce en angustia económica, agravamiento de la salud física y mental, y violencia institucional tolerada por la estructura misma de la fuerza.

La nueva pirámide social y económica de Argentina deja algo en evidencia: los trabajadores estamos en el último escalón. Hoy los trabajadores formales estamos por debajo de la línea de la pobreza, endeudados, sobreviviendo como podemos. Porque la ausencia en la vida familiar —provocada por jornadas interminables y traslados imposibles— muchas veces se intenta compensar con lo material. Y porque el propio servicio exige gastos que ustedes, señores gobernantes nacionales y provinciales, no cubren ni garantizan, incumpliendo lo mínimo indispensable para mejorar nuestra situación laboral.

Esto es violencia. Violencia institucional explícita. Desconocer la magnitud de los desafíos diarios que enfrenta el personal de seguridad, mientras se lo expone con salarios de hambre, desprestigio social y desgaste extremo, es una forma brutal de maltrato. Y quien no quiera reconocerlo, es porque elige ser ciego.

Es evidente que aplican políticas de shock —que nunca funcionaron— y nos empujan a una guerra cognitiva permanente, con resultados catastróficos. Intentaron dividir a las distintas fuerzas, fragmentarlas con diferentes leyes orgánicas, regímenes y formas de trabajo, bajo la vieja lógica del “divide y reinarás”.

Lo que no entendieron es que seguimos unidos. Unidos en la precarización laboral. Unidos en la violencia institucional que ustedes imponen. Unidos en un sistema de emergencia permanente en materia de seguridad que ustedes mismos generan.

A nosotros nos une algo que no pueden destruir:

• el amor por nuestras instituciones,
• el respeto por nuestra vocación de servicio,
• y el honor de nuestras investiduras.

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(*) «Mecha» es personal policial de Santa Fe en actividad

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