Los salarios reales de los estatales santafesinos se derrumban y la policía pierde efectivos por retiros y falta de ingresos, mientras el gasto político crece. Una radiografía del ajuste que no se anuncia, pero se siente en el bolsillo.
Por Marcos Anglada
El más reciente estudio del Centro de Economía Política Argentina revela una imagen preocupante del empleo público en la provincia de Santa Fe: entre marzo de 2023 y 2025 se perdieron cerca de 6.000 puestos de trabajo en la administración pública provincial, con un impacto especialmente profundo en sectores claves como educación y salud. Mientras tanto, la estructura estatal exhibe una paradoja que no es menor: la planta política más que triplicó su tamaño en el mismo período, concentrando recursos en cargos de mayor ingreso y jerarquía.
Esta doble dinámica —reducción de puestos efectivos y expansión de empleos de gestión política— no es un dato menor: pone en evidencia una reestructuración regresiva de la administración pública y una redefinición de prioridades del gasto estatal que debe ser analizada con mirada crítica.
La pérdida del empleo público y el poder adquisitivo
El ajuste no solo se traduce en despidos o retiros de trabajadores estatales: también en un deterioro profundo del salario real del personal que permanece en sus funciones. El informe detecta caídas de entre 8,5% y 17,4% en el poder adquisitivo de los salarios reales desde fines de 2023, con sectores como el educativo (-17,4%) y el de enfermería (-17,3%) entre los más afectados. El personal policial, por su parte, no quedó exento: su salario mínimo garantizado registró una caída del 15,7%. Y aquellos estatales que ocupan las categorías de menores ingresos —que concentran la mayoría de los puestos— sufrieron una caída cercana al 11% en su salario real.
Este retroceso salarial refleja, por un lado, el impacto de la inflación sobre ingresos fijos que no han sido adecuadamente compensados. Por otro, evidencia que la lógica de ajuste recae desproporcionadamente sobre quienes menos ganan, mientras que las categorías con mayores ingresos no enfrentan las mismas pérdidas reales.
Contraste con la planta política y la estructura del Estado
En medio de la caída de empleo y de poder adquisitivo, se produjo una expansión extraordinaria de la planta política: la cantidad de autoridades superiores y asistentes técnicos —incluidas figuras y niveles de gestión inexistentes en administraciones anteriores— aumentó de forma significativa. El resultado es una contradicción política tangible: mientras se reduce empleo efectivo y se deterioran salarios, se multiplican cargos de mayor jerarquía y remuneración dentro del Estado.
Esta reconfiguración no es neutra. Implica asignar recursos públicos hacia posiciones que, en general, tienen mayor remuneración y menor exposición a la pérdida directa de poder adquisitivo, en lugar de sostener el empleo, los salarios y la planta operativa del Estado que garantiza servicios esenciales a la ciudadanía.
Impacto sobre sectores estratégicos
El ajuste hizo mella con especial dureza en sectores estratégicos para la vida social y productiva de la provincia:
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Educación: reducción de alrededor de 4.800 puestos, equivalente a cerca del 8% de la planta.
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Salud: fuerte caída en la cantidad de enfermería y otros trabajadores esenciales.
Estos sectores no son redundantes: son pilares para la educación de futuras generaciones, la atención sanitaria y el funcionamiento básico de la sociedad.
Ingresos y retiros: hacia una provincia más desigual
La combinación de retiros, recortes de empleo y deterioro salarial refuerza la percepción de una provincia que, bajo la lógica de ajuste, está trasladando el peso de la crisis hacia los trabajadores de menores ingresos. Santa Fe era una de las jurisdicciones con menor ratio de empleo público por habitante, y ahora enfrenta una contracción todavía mayor, con el costo principal recayendo sobre quienes sostienen los servicios esenciales del Estado.
Conclusión: ¿a quién protege realmente el ajuste?
Lo que muestran los datos no es simplemente una reducción cuantitativa del empleo estatal, sino una transformación cualitativa de la estructura del Estado: menos trabajadores que sostienen servicios estratégicos, salarios que pierden capacidad de compra, y más cargos políticos de mayor ingreso.
Esta configuración no solo deteriora la calidad de vida de los trabajadores estatales y sus familias; planteada en el marco de debates más amplios sobre trabajo, derechos y redistribución, obliga a preguntarse qué tipo de prioridades está marcando la gestión pública y quiénes están siendo realmente protegidos por las políticas de ajuste.
El informe
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirma que el ajuste en Santa Fe no fue neutro ni parejo. Entre fines de 2023 y 2025, la planta política más que se triplicó, pasando de 662 cargos en 2023 a 2.115 en 2025, con la incorporación de más de 1.000 asistentes técnicos de designación directa, muchos de ellos con salarios que oscilan entre $3,3 millones y $7,5 millones mensuales.
El cuadro que describen los datos del CEPA no es el de un Estado que se achica, sino el de uno que recorta salarios y empleo donde hay trabajadores y expande el gasto donde hay poder político.
Análisis Del EMPLEO PÚBLICO en La Prov de Santa Fe Según CEPA by Apropol Noticias
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Fuente: Informe CEPA
APROPOL Noticias
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