El nuevo protocolo del Ministerio de Seguridad de Santa Fe abre la puerta a una vigilancia interna sin límites claros.
Por Alberto Martínez (*)
Tras la reciente detención de una suboficial acusada de filtrar datos del sistema 911 a su pareja detenida detenida en una cárcel, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe anunció un nuevo protocolo destinado a controlar los vínculos personales, afectivos y sociales de los integrantes y aspirantes a las fuerzas de seguridad.
La medida, presentada como parte de una estrategia para evitar infiltraciones del crimen organizado en las instituciones, abre un debate urgente: ¿hasta dónde puede el Estado intervenir en la vida privada de un trabajador en nombre de la seguridad?
¿Qué tiene de positivo?
Desde el punto de vista operativo, el protocolo apunta a resolver un problema real. La filtración de información sensible pone en riesgo no solo procedimientos policiales sino también la seguridad de testigos, víctimas y hasta de los propios agentes. Reconocer estas fallas y actuar en consecuencia es un primer paso necesario.
Asimismo, el protocolo intenta proteger la integridad institucional y evitar conflictos de interés que podrían surgir de relaciones personales que comprometan la función pública.
Pero… ¿a qué costo?
El principal problema es que no se conocen públicamente los criterios que se utilizarán para definir qué tipo de vínculos son considerados “riesgosos”. ¿Será motivo de observación tener un familiar con antecedentes penales? ¿Y una pareja que haya pasado por el sistema carcelario? ¿Un amigo de la infancia?
Este tipo de controles, sin regulación clara ni control judicial, puede derivar en una violación directa del derecho a la intimidad, la libertad de asociación y la no discriminación.
Además, el protocolo puede ser usado como herramienta de disciplinamiento interno o persecución gremial, tal como ya ocurrió en otras etapas de la historia reciente de la fuerza. Es decir, más que prevenir delitos, podría servir para callar voces críticas o independientes dentro de las fuerzas.
Ya existen mecanismos de control previos y racionales
Este tipo de evaluaciones no son nuevas ni ajenas al sistema policial. De hecho, tradicionalmente se han realizado a través de los llamados «informes ambientales» antes del ingreso al ISeP, cuando se analiza el entorno familiar, social y comunitario del aspirante.
La diferencia es que antes se hacía con criterios objetivos, acotados al momento de selección, y sin invadir la privacidad del personal en servicio.
Convertir ese control en una vigilancia permanente e indeterminada no mejora la seguridad: la corrompe desde adentro.
Lecciones de otras provincias y fuerzas
La historia reciente en Argentina ofrece ejemplos concretos de cómo estos mecanismos, mal aplicados, terminan convirtiéndose en herramientas autoritarias:
🔻 Córdoba (2018–2022): Bajo un protocolo “antinarco”, la Policía provincial removió o aisló a decenas de agentes por sus vínculos familiares o afectivos con personas con antecedentes, sin prueba de delito ni debido proceso. Muchos de esos casos fueron represalias encubiertas contra trabajadores que reclamaban por sus derechos.
🔻 Fuerzas Federales: En la GNA, PFA y PSA hubo casos de traslados encubiertos y bajas sin explicación formal, con informes internos que mencionaban “entornos conflictivos” como causal. Ninguna garantía de defensa, y un clima de miedo institucional.
🔻 Informe Defensoría del Pueblo (2019): El informe nacional advirtió sobre prácticas discriminatorias y estigmatizantes dentro de las fuerzas de seguridad. Tener domicilio en un barrio popular, tener un familiar preso o haber tenido una pareja judicializada, eran causas de sospecha injustificada.
Un caso reciente en Santa Fe que indigna
Pero no hace falta mirar a otras provincias para advertir los peligros de este enfoque. En Santa Fe, recientemente se pidió la destitución de un Director de Policía — era jefe de una Unidad Regional, con casi 30 años de servicio— por el solo hecho de tener un vínculo como compañero de promoción de la Escuela de cadetes con un es oficial detenido en una causa judicial resonante.
No hay prueba de participación, ni vínculo delictivo, ni omisión funcional. Solo la existencia de una relación pasada, académica y profesional, con quien luego fue procesado por la Justicia.
Hoy ese jefe está suspendido, sin cobrar su salario y a la espera de un decreto del gobernador que defina su futuro, sin condena, sin proceso administrativo previo, sin siquiera haber sido escuchado.
Si esto le ocurre a un alto jefe policial, ¿qué le espera al agente de calle, al suboficial que apenas sobrevive con un salario congelado y sin respaldo?
Este caso evidencia que el problema no es la lucha contra la corrupción, sino el uso discrecional de la sospecha como herramienta de castigo. En lugar de investigar responsabilidades, se persigue por asociación. Se sanciona por conocer. Se destruye por haber compartido una promoción.
El verdadero problema no está en los trabajadores
El caso del 911 no se resuelve espiando a los operadores. Se resuelve:
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Controlando a los jefes que designan sin mérito.
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Supervisando los accesos al sistema de información crítica.
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Capacitando permanentemente al personal.
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Garantizando condiciones dignas y estabilidad laboral.
Pero eso no se hace. Y en lugar de eso, se culpa al último eslabón de la cadena.
Desde APROPOL lo decimos con claridad:
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La seguridad no se construye bajo sospecha.
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El trabajador policial no puede ser tratado como un riesgo por tener familia.
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El Estado tiene derecho a protegerse, pero también debe respetar la Constitución y los derechos humanos de sus propios agentes.
“No se combate el crimen organizado espiando al agente, sino controlando al poder político y judicial que lo ampara.”
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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