Un Sargento Primero rompe el silencio y denuncia abusos en la Policía de Entre Ríos.
Por Rubén Pombo (*)
En un video difundido por redes sociales, el Sargento Primero Miguel Ángel Campagnoni Romero, con 15 años de servicio en la Policía de Entre Ríos, expuso con crudeza y valentía las prácticas que —según denuncia— vulneran de forma sistemática los derechos laborales de los uniformados.
El eje central de su relato es la negativa constante a otorgar licencias en tiempo y forma. Campagnoni explica que, año tras año, a los policías solo se les conceden diez días hábiles de descanso, siempre después de las fiestas, sin posibilidad de elegir la fecha. Esto, afirma, genera acumulación de licencias que en muchos casos recién se gozan antes de jubilarse, cuando la energía y las posibilidades para disfrutar ya no son las mismas.
“Quiero mi licencia ahora, cuando todavía soy joven”, reclama. “No quiero tomarlas a los 60 años para quedarme encerrado en mi casa”.
La denuncia no se limita a las vacaciones. El sargento describe un sistema en el que enfermarse también se convierte en un problema: los certificados médicos deben ser visados por un médico policial y, si superan ciertos días, se retira el arma reglamentaria, lo que implica pérdida de códigos y una reducción salarial que, según calcula, ronda los 40 o 50 mil pesos. “Parece que tenemos que ser robots, no podemos enfermar”, señala.
En su testimonio también menciona recargos laborales arbitrarios: si durante un operativo no se cumplen las “cuotas” de retención de motovehículos, los policías son recargados con nuevas guardias a pocas horas de haber finalizado la anterior, extendiendo las jornadas a límites insalubres.
El relato adquiere un tono doloroso cuando vincula estas condiciones con el elevado número de suicidios policiales:
“Este trabajo te consume… y si al menos nos dieran la licencia que corresponde, sería más llevadero”.
Campagnoni deja claro que no habla por capricho, sino por necesidad de visibilizar lo que, según él, es un patrón de abusos naturalizado: “Estamos tan acostumbrados que pensamos que es normal, y no lo es”.
Su decisión de hablar públicamente, con nombre y apellido, es un acto de coraje que interpela a toda la fuerza y a la sociedad. Que su ejemplo se multiplique: porque callar solo perpetúa un sistema que humilla, agota y expulsa a quienes deberían ser reconocidos como servidores públicos esenciales.
FA24
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