Salarios inciertos y efectivos que esperan sin saber cuánto van a cobrar.
Por Marcos Anglada (*)
La crisis salarial de las fuerzas de seguridad en Santa Fe dejó de ser un reclamo interno para convertirse en un tema de alcance nacional. En un informe televisivo realizado al Oficial (R) Sergio Re Presidente de ATRASEG (Asociación Trabajadores Seguridad) fue entrevistado por Crónica TV destacó que la situación fue expuesta con crudeza: policías que esperan el recibo de sueldo para saber cuánto van a cobrar.
La escena no necesita demasiada explicación. Trabajadores que se juegan la vida todos los días, sin previsibilidad sobre su ingreso mensual.
“Están a tiro del decreto de un gobernador”, se afirmó durante la transmisión, reflejando una realidad que en la fuerza ya es habitual.
Una política salarial que no alcanza… y además divide
El problema no es solo el atraso salarial. Según se expuso, la política aplicada genera además una fractura interna: mientras algunos sectores recibieron aumentos —insuficientes frente al costo de vida— otros directamente quedaron con los salarios congelados.
“Siete departamentos cobran aumento… y otros no”, fue la síntesis.
El resultado es una fuerza desigual, fragmentada y sometida a criterios que no responden a una lógica clara ni uniforme.
Del ajuste a la tensión: un sistema al límite
La advertencia no fue menor:
“Esto es un polvorín”.
Y no se trata de una exageración, se trata de un proceso acumulativo donde confluyen:
- salarios deteriorados
- falta de previsibilidad
- decisiones discrecionales
- y una política de ajuste sin horizonte
Cuando esas variables se combinan, el conflicto deja de ser potencial y pasa a ser inevitable.
Sin paritaria, todo es imposición
El dato de fondo es otro, más profundo y estructural: no hay un ámbito real donde discutir estas condiciones. Las decisiones salariales se toman por decreto, sin participación del personal y sin mecanismos institucionales de negociación. Esto no solo debilita al trabajador, debilita al sistema porque cuando no hay paritaria, lo único que queda es la imposición.
La Ley 12.913: una herramienta ignorada
Lo más grave es que el canal existe. La Comisión prevista en la Ley 12.913 fue creada justamente para tratar este tipo de cuestiones: condiciones laborales, salarios, funcionamiento del servicio. Sin embargo, en la práctica, permanece relegada o directamente fuera de la discusión real.
Y ahí está el núcleo del problema: los temas estructurales no se discuten donde deben discutirse. Se resuelven —o se postergan— al arbitrio de decisiones administrativas que muchas veces desconocen la realidad del servicio.
La fragmentación como consecuencia política
Dividir salarios entre departamentos no es un detalle técnico., es una decisión política que impacta directamente en la cohesión de la fuerza.
Una policía con diferencias internas, sin reglas claras y sin canales de diálogo es una institución debilitada.
Y una institución debilitada no mejora la seguridad. La empeora.
Un problema que ya es nacional
Lo ocurrido en Santa Fe no es un caso aislado. El mismo esquema se repite en distintas provincias: restricciones presupuestarias, ajuste, salarios atrasados y fuerzas de seguridad cada vez más tensionadas.
El patrón es claro: más exigencia, menos recursos.
La pregunta que incomoda
La discusión de fondo ya no es si hay crisis, la discusión es por qué no se habilitan los mecanismos para resolverla porque herramientas existen y la Ley 12.913 es una de ellas. Lo que falta es voluntad política.
Cuando no se discute, el conflicto crece
La historia es conocida; cuando los problemas no se canalizan institucionalmente, no desaparecen, se acumulan y cuando se acumulan, explotan. Por eso la advertencia no debería pasar desapercibida. No es solo una frase televisiva, es un diagnóstico y si no se corrige el rumbo, también puede ser un anticipo.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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