Una denuncia penal sin precedentes ha sido radicada contra los fiscales de Rosario Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra por presunto encubrimiento agravado y faltas graves.
Por Rubén Pombo
El caso se centra en Norma Acosta, una testigo clave con antecedentes por narcotráfico, quien fue utilizada para impulsar la causa de la asociación ilícita y el homicidio de Andrés Bracamonte. La denunciante acusa que los fiscales habrían ignorado deliberadamente y con conocimiento la falsedad de los dichos de Acosta —comprobada por informes objetivos— para protegerla y darle impunidad , permitiéndole incluso planear un autoatentado que fue descubierto por otro fiscal. El escándalo sugiere que Acosta continuó operando como una «informante privilegiada» mientras dirigía la investigación hacia falsas hipótesis, poniendo en jaque la objetividad y transparencia de la fiscalía.
Mariana Susana Ghiselli ha presentado una grave denuncia penal ante el Auditor de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, apuntando directamente a los fiscales rosarinos Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra. La denuncia, patrocinada por el Dr. Sebastián Oroño, acusa a los funcionarios de posibles ilícitos de acción pública como encubrimiento agravado (Art. 277 CP) y severas faltas administrativas, todo en el marco de las investigaciones por la asociación ilícita y el homicidio de Andrés «Pillín» Bracamonte. El eje central del caso es la presunta protección e impunidad otorgada a una testigo clave, Norma Acosta, a pesar de que los fiscales habrían sabido de la falsedad de sus declaraciones.
Cuestionamientos a la Imputación por Asociación Ilícita
La denuncia inicia cuestionando la causa CUIJ 21-09109308-9, donde el hermano de la denunciante, Lautaro Fermín Ghiselli, está imputado como organizador de una asociación ilícita cuyo objetivo era desplazar a Bracamonte para que él asumiera el liderazgo de la barra brava de Rosario Central. La Sra. Ghiselli califica de «disparate jurídico» e «arrasamiento inexplicable de las más mínimas normas de objetividad» el hecho de que Alejandro «Cani» Zamudio y Alejandro Vázquez, los únicos dos imputados por el homicidio de Bracamonte (CUIJ 21-09564971-5), solo fueran señalados en la causa de su hermano como «personas afines» a la asociación ilícita, y no como miembros. A esto se suma la omisión de imputar a Martín Martínez (apodado «Pitito»), quien según testimonios, habría sido el «entregador» de Bracamonte. La denunciante sospecha que estas omisiones podrían ocultar la existencia de acuerdos por fuera de la normativa vigente con estas tres personas, posiblemente para aligerar su situación procesal a cambio de información, sin aplicar el procedimiento legal del artículo 41 ter del Código Penal.
Encubrimiento y Falso Testimonio de Norma Acosta
El punto medular de la denuncia se centra en el manejo del testimonio de Norma Acosta, una persona con «profusos antecedentes por narcotráfico» y detenida, que fue utilizada como testigo de identidad reservada (posiblemente la Nro. 1 de fecha 11/11/2024). Acosta se habría presentado como testigo presencial del homicidio de Bracamonte, brindando descripciones de los autores y vehículos. A raíz de su testimonio, se detuvo a Mirko Brest y Alejandro Leguizamón, quienes fueron señalados por Acosta en una rueda de reconocimiento. Sin embargo, la denuncia asegura que luego se demostró que estos individuos «nada tenían que ver» con el homicidio.
La situación se agrava al indicar que informes de DAJUDECO, el impacto de antenas y celdas, y la revisión de cámaras de seguridad, determinaron que Norma Acosta había mentido en todas y cada una de sus aseveraciones y que no había estado en el lugar de los hechos. A pesar de que los fiscales Schiappa Pietra y Pairola habrían descubierto las mentiras, así como los vínculos de Acosta con un sector de la hinchada de Central que respondería a Bracamonte (como «Gamuza» y «Juancito Gómez»), habrían decidido «ignorar olímpicamente esta situación para protegerla, darle impunidad y no perjudicarla». Esta omisión deliberada de iniciar un legajo contra Acosta por el delito de falso testimonio agravado (Art. 275 CP, que eleva la pena hasta diez años de prisión) es lo que la denunciante considera un claro encubrimiento y se presume que es resultado de «acuerdos extra normativos o presumiblemente contra legem».
Apartamiento de Fiscal y Autoatentado Revelado
La denuncia sostiene que para concretar este «plan de impunidad», los fiscales habrían desplazado «forzosamente» de la investigación al primer fiscal que intervino, el Dr. Alejandro Ferlazzo, quien se habría negado a formar parte del «entramado», contando con la supuesta anuencia del Fiscal Regional de Rosario, Dr. Merlo.
La falta de comunicación entre las fiscalías se puso de manifiesto cuando en marzo de 2025 Norma Acosta denunció mediáticamente un ataque a balazos contra su vivienda. La investigación de este hecho, a cargo del fiscal Dr. Pablo Socca, demostró finalmente que Acosta había mentido nuevamente: el ataque fue un autoatentado planeado por ella con la colaboración de miembros del sector de Bracamonte, como Juan José «Juancito» Gómez. Según el fiscal Socca, Acosta «hizo provecho de la exposición de lo ocurrido para tomar una postura ante los medios de comunicación como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad […] para instalar hipótesis ficticias y fraudulentas y para introducir información falsa e incriminatoria sobre diferentes autoridades policiales».
Norma Acosta fue finalmente detenida y se le dictó prisión preventiva por los delitos de intimidación pública, falso testimonio agravado y encubrimiento, en una investigación que no contó con la colaboración de los fiscales Schiappa Pietra y Pairola. La denunciante considera que Acosta continuaba como «informante» privilegiada mientras llevaba adelante actividades delictivas.
Petición de Medidas y Convocatorias
La denunciante solicita al Auditor de Gestión una serie de medidas probatorias para desenmarañar el caso. Entre ellas, se destaca la solicitud de copias completas de los legajos, todas las solicitudes de órdenes de allanamiento, GPS, e intervenciones telefónicas que utilizaron el testimonio de Norma Acosta.
Además, se pide la citación a declaración testimonial de:
- El Dr. Pablo Socca.
- El Dr. Alejandro Ferlazzo, para que indique las razones de su apartamiento de la investigación.
- El Fiscal Regional Dr. Merlo, para que informe el motivo del apartamiento del Dr. Ferlazzo y si los fiscales Pairola y Schiappa Pietra le advirtieron en algún momento sobre el falso testimonio de Acosta.
La denuncia:
Denuncia de Mariana Susana Ghiselli ante el MPA by Apropol Noticias
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