Escándalo en el Servicio Penitenciario: denuncian amenazas, privilegios a un interno narco y posible tráfico de influencias

Una grave denuncia sacude al Servicio Penitenciario de Santa Fe y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de las cárceles provinciales.

Por Marcos Anglada (*)

El hecho ocurrió el martes 24 de marzo de 2026 en una Unidad Penitenciaria 15, durante la jornada de visitas en el pabellón 14.

Según pudo reconstruirse, el conflicto se desató cuando personal de requisa, cumpliendo con los protocolos vigentes, impidió el ingreso de un elemento no autorizado. La situación escaló rápidamente cuando intervino la Comisario Daniela L., actual integrante de la Unidad Regional XV de la Policía de Santa Fe, quien reaccionó de manera violenta contra los agentes penitenciarios.

De acuerdo a los testimonios, L. no solo increpó al personal con insultos y descalificaciones, sino que además habría amenazado con hacerlos perder su trabajo, invocando su jerarquía y sus vínculos políticos. El episodio generó un clima de extrema tensión dentro del establecimiento.

El dato que agrava aún más la situación es que la intervención de la funcionaria se dio en el marco de una visita a su familiar, el interno Lucas Nos, ex policía condenado como jefe de una banda de narcotraficantes que operaba dentro de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la policía provincial. Esto abre un interrogante inquietante: ¿se trató de un intento aislado de abuso de autoridad o de un esquema más amplio de privilegios dentro de la unidad? 

Fuentes penitenciarias advierten que no sería un hecho aislado. Denuncian la existencia de un sistema informal que permitiría el ingreso de elementos prohibidos —como teléfonos celulares— a determinados internos, evitando controles y garantizando un trato diferencial. En ese contexto, el personal que intenta cumplir con la normativa sería objeto de amenazas, sanciones y traslados.

El nombre de un oficial penitenciario devenido en «asesor» del Ministerio de Justicia y Seguridad mantendría una relación con la comisario L., lo que alimenta sospechas sobre posibles conflictos de intereses y utilización de influencias dentro del sistema.

El trasfondo es todavía más preocupante. Trabajadores del servicio describen un clima de amedrentamiento permanente, donde hacer cumplir la ley puede costar el puesto. La cadena de mando formal, aseguran, estaría siendo desplazada por relaciones informales de poder.

A esto se suma un antecedente reciente que refuerza la hipótesis de persecución interna. En un episodio vinculado a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Lucía Masneri, una trabajadora fue sancionada tras exponer públicamente condiciones indignas dentro de un establecimiento, en lugar de corregirse las irregularidades denunciadas.

El cuadro que emerge es alarmante: un sistema donde quienes deben garantizar el orden son presionados, y donde algunos internos podrían gozar de beneficios por vínculos externos.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de situaciones no solo deteriora la credibilidad institucional, sino que también impacta directamente en la seguridad pública. El ingreso de teléfonos celulares a cárceles ha sido históricamente una de las principales herramientas para la coordinación de delitos desde el interior de los penales.

Por estas horas, crece el reclamo para que se investiguen los hechos a fondo, se garantice la protección del personal penitenciario y se determinen responsabilidades. La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿Quién controla realmente lo que pasa dentro de las cárceles?

Porque cuando el que cumple la norma es castigado y el que la viola es protegido, el problema deja de ser disciplinario… y pasa a ser estructural.

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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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