En el marco de una causa por corrupción institucional, se imputará a efectivos de alto rango de la Policía santafesina y a particulares vinculados a una estación de servicio. El perjuicio estimado supera los 45 millones de pesos mensuales.
Por Rubén Pombo
Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Santa Fe. Según adelantó el portal El Ciudadano, 16 efectivos policiales y 4 civiles serán imputados por su presunta participación en un esquema de sobrefacturación de combustible destinado a móviles policiales. El monto del desfalco se estima en más de 45 millones de pesos mensuales.
La investigación, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, reveló el uso indebido de tarjetas Visa Flota y maniobras realizadas en una estación de servicio de la firma Puma, en Ovidio Lagos al 3900.
Entre los policías involucrados hay comisarios, inspectores y subinspectores, algunos con cargos clave en logística, abastecimiento y unidades operativas. Por respeto al debido proceso, se identifican por sus iniciales:
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R.D. (Secretaría Privada URII)
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G.R. (Garage de distribución de combustible)
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F.F. y M.B. (Sección Perros y Caballería)
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D.P. (Talleres Tarragona)
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J.P.P. (Orden Urbano)
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J.V. (Motorizada)
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S.L., R.S., J.A., F.T. (Comando e Infantería)
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F.C., J.D., G.B. (Logística)
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F.C. (Investigaciones)
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N.P. (División Personal)
También serán imputados los civiles M.B., D.R., M.D.F. y O.C., propietarios y encargados de la estación de servicio en cuestión.
Las audiencias imputativas se esperan para la próxima semana, en un proceso que podría derivar en medidas más amplias. La Unidad Regional II fue intervenida por 90 días y el comisario general Claudio Romano fue designado como interventor.
Este caso profundiza la crisis institucional en Rosario y refuerza el reclamo por mayor control, transparencia y auditoría interna en las fuerzas de seguridad.
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