El Gobierno autorizó que militares en actividad trabajen como choferes de aplicaciones, repartidores o vigiladores privados. La medida fue presentada como una ampliación de libertades, pero también constituye el reconocimiento de una realidad preocupante: el salario militar ya no alcanza para vivir.
Durante la campaña presidencial, Javier Milei repitió una idea que se convirtió en una de las consignas más reconocibles de su discurso político: el ajuste lo iba a pagar «la casta».
La promesa era clara. Los costos de la crisis no recaerían sobre quienes trabajan, producen o prestan servicios esenciales al Estado, sino sobre una dirigencia política señalada como responsable de décadas de decadencia.
Dos años y medio después, una noticia proveniente del propio Ministerio de Defensa obliga a formular una pregunta incómoda.
Si hoy un militar debe manejar un Uber para llegar a fin de mes, ¿era esa la casta que debía pagar el ajuste?
Del discurso a la realidad
La reciente autorización para que militares en actividad puedan desempeñarse como conductores de aplicaciones, repartidores o trabajadores de seguridad privada fue presentada como una ampliación de libertades individuales.
Sin embargo, detrás de esa explicación aparece una realidad imposible de ocultar.
Nadie busca un segundo empleo después de una jornada militar porque tenga exceso de tiempo libre.
Lo hace porque el salario no alcanza.
Y cuando es el propio Estado quien habilita formalmente esa situación, lo que está haciendo es reconocer públicamente una crisis que ya no puede disimularse.
De la prohibición a la autorización
La contradicción es llamativa.
Hace apenas unos meses surgían cuestionamientos respecto de militares que realizaban actividades complementarias para sostener sus ingresos.
Hoy el propio Gobierno las autoriza.
No cambió la doctrina militar.
No desaparecieron las exigencias de disponibilidad.
No se redujeron las responsabilidades de quienes integran las Fuerzas Armadas.
Lo que cambió fue otra cosa: la magnitud del deterioro salarial.
Los que siempre terminan pagando
Los militares no fijan la política económica.
No administran el presupuesto nacional.
No negocian la deuda externa.
No diseñan los programas de ajuste.
Sin embargo, son ellos quienes hoy reciben el mensaje de que deberán buscar ingresos adicionales para sostener a sus familias.
Lo mismo ocurre con policías, penitenciarios, docentes, personal de salud y otros trabajadores estatales que ven cómo la pérdida de poder adquisitivo los empuja hacia el pluriempleo.
Por eso la discusión excede a las Fuerzas Armadas.
Habla de quiénes terminan absorbiendo realmente los costos de las decisiones económicas.
Una señal preocupante
La defensa nacional no se fortalece obligando a sus integrantes a multiplicar jornadas laborales.
La profesionalización no se construye con personal agotado.
La retención de recursos humanos estratégicos no se logra cuando pilotos, ingenieros, médicos, especialistas en comunicaciones o suboficiales altamente capacitados encuentran mejores condiciones fuera de la institución que dentro de ella.
La medida podrá resolver una urgencia económica individual.
Pero también constituye una admisión política de enorme relevancia: el salario militar dejó de cumplir adecuadamente su función básica.
La pregunta que queda
Tal vez la noticia no sea que un militar pueda manejar un Uber.
La verdadera noticia es que necesite hacerlo.
Y frente a esa realidad, la pregunta aparece sola.
Cuando quienes tienen la misión de defender la soberanía nacional deben salir a buscar pasajeros para completar ingresos, cuando los trabajadores uniformados necesitan un segundo empleo para sostener a sus familias y cuando el propio Estado termina reconociéndolo oficialmente, resulta legítimo preguntarse:
¿Esta era la casta que iba a pagar el ajuste?
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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