Estado ausente: Arte y mecenazgo para sostener al Hospital Churruca Visca

Buenos Aires – Una subasta solidaria reunirá 40 obras de reconocidos artistas argentinos para recaudar fondos destinados al Hospital Churruca Visca y a la Fundación Policía Federal Argentina.

La iniciativa merece reconocimiento por continuar una tradición de mecenazgo que durante décadas tuvo entre sus protagonistas a la familia Fortabat y a otros benefactores, pero también expone una contradicción que resulta difícil de admitir: mientras particulares, artistas y empresarios aportan voluntariamente para sostener la salud policial, el Estado nacional, que es empleador de esos trabajadores y responsable de garantizar sus derechos, permite el deterioro y el desfinanciamiento de los sistemas destinados a protegerlos.

El arte argentino volverá a ponerse al servicio de una causa concreta este jueves 13 de agosto, cuando Colección Amalita sea escenario de una subasta solidaria integrada por cuarenta obras de artistas de extensa trayectoria, organizada por Amalia Amoedo a beneficio del Hospital Churruca Visca y de la Fundación Policía Federal Argentina.

La convocatoria reúne trabajos de Marcelo Pombo, Edgardo Giménez, Graciela Hasper, Nicola Costantino, Matías Duville, Lucrecia Lionti, Valentina Quinteros, Eugenia Calvo y Carlos Huffmann, entre otros, además de obras pertenecientes a artistas históricos como Lido Iacopetti y Juan Grela. Una parte significativa del sector artístico y galerístico decidió así acompañar una iniciativa destinada a obtener recursos para equipamiento médico, capacitación profesional y necesidades asistenciales de uno de los establecimientos sanitarios más importantes vinculados al personal policial federal.

La iniciativa merece ser reconocida, entre otras razones, porque no constituye un hecho aislado ni una aparición ocasional de benefactores frente a una emergencia. Existe una extensa relación entre el mecenazgo privado y el Hospital Churruca Visca que se remonta varias décadas atrás, cuando Amalia Lacroze de Fortabat, Carlos Bulgheroni y otras personalidades participaron en la creación de la Fundación Policía Federal Argentina, concebida precisamente para colaborar con el hospital mediante la incorporación de tecnología, instrumental médico y programas destinados a mejorar la calidad de atención de sus afiliados.

Treinta y ocho años después, aquella tarea continúa bajo la presidencia de Amalia Amoedo, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, y conserva una tradición filantrópica que merece ser valorada sin reservas. Familias, empresarios, artistas y organizaciones privadas decidieron durante décadas destinar parte de sus recursos a una institución que atiende a personas que, durante su vida profesional, asumieron la responsabilidad de proteger a otros.

Precisamente porque esa generosidad merece respeto y agradecimiento, también corresponde advertir que existe un límite que ninguna sociedad organizada debería normalizar: la solidaridad privada puede acompañar al Estado, fortalecer su acción e incluso cubrir necesidades extraordinarias, pero nunca debería verse obligada a reemplazarlo en las responsabilidades esenciales que le corresponden como empleador y garante de derechos.

Cuando una obra social policial pierde capacidad financiera, un hospital necesita recurrir sistemáticamente al aporte de fundaciones para adquirir tecnología indispensable o los trabajadores comienzan a depender de colectas, donaciones y benefactores para acceder a prestaciones sanitarias adecuadas, ya no estamos solamente frente a una demostración encomiable de solidaridad, sino también ante una señal de alarma sobre el funcionamiento del sistema público que debería protegerlos.

El Hospital Churruca Visca no es una institución asistencial periférica ni una organización benéfica sostenida exclusivamente por aportes voluntarios. Constituye una pieza central del sistema sanitario destinado al personal de la Policía Federal Argentina y a una extensa comunidad de afiliados, retirados y familiares que durante décadas realizó sus correspondientes aportes. En consecuencia, cuando las prestaciones se deterioran o los recursos resultan insuficientes, existe una responsabilidad estatal que no puede trasladarse silenciosamente hacia fundaciones, empresarios o ciudadanos solidarios.

La contradicción resulta todavía más evidente porque el Estado nacional es, al mismo tiempo, empleador de buena parte de quienes necesitan esa cobertura. Estamos hablando de trabajadores sometidos a exigencias profesionales extraordinarias, sujetos a disponibilidad permanente, extensas jornadas, situaciones violentas, estrés operativo, disciplina jerárquica y riesgos físicos que forman parte habitual de su función. Resultaría difícil justificar que el mismo Estado que reclama semejantes niveles de compromiso pueda desentenderse luego de asegurarles una cobertura sanitaria adecuada cuando ellos o sus familias atraviesan una enfermedad.

Una solidaridad que revela también una ausencia

La subasta organizada por Amalia Amoedo permite observar esa paradoja con particular claridad, porque gracias al trabajo desarrollado por la Fundación durante 2025 pudo adquirirse para el Hospital Churruca Visca un mamógrafo destinado a la detección temprana del cáncer de mama y un equipo de estereotaxia que permite realizar biopsias sobre lesiones mamarias no palpables detectadas mediante estudios.

Durante 2026 la entidad asumió, además, el desafío de colaborar con la adquisición de un nuevo tomógrafo y atender otras prioridades, entre ellas un equipo de función pulmonar por pletismografía, una mesa de operaciones para quirófano inteligente, un fibroendoscopio flexible y programas de capacitación destinados al personal sanitario.

Todo ello habla favorablemente de quienes colaboran, pero inevitablemente abre un interrogante institucional que debería formularse sin desmerecer en absoluto aquella tarea: ¿cómo hemos llegado al punto en que la incorporación de tecnología médica indispensable para un hospital perteneciente al sistema de seguridad federal depende, en una medida significativa, de una subasta de arte y de la buena voluntad de particulares?

La pregunta no debe dirigirse contra la Fundación ni contra sus benefactores, porque ellos están haciendo exactamente aquello para lo cual la institución fue creada: ayudar, complementar recursos y fortalecer la calidad asistencial. El interrogante debe dirigirse hacia quienes administran el Estado y poseen responsabilidades presupuestarias, laborales y sanitarias que son de naturaleza completamente diferente.

Hay una distinción sencilla, pero fundamental, que permite comprender el problema: el mecenas contribuye porque libremente decide hacerlo; el Estado debe garantizar determinadas prestaciones porque tiene la obligación de hacerlo. Cuando ambas categorías comienzan a confundirse, existe el riesgo de convertir la generosidad en sustituto del derecho.

Una tradición que merece reconocimiento

Sería, por lo tanto, profundamente injusto convertir las dificultades actuales en un cuestionamiento hacia el mecenazgo, porque la historia argentina está atravesada por instituciones sanitarias, educativas, culturales y científicas que pudieron crecer gracias al compromiso económico de particulares, familias, empresas y asociaciones civiles.

La familia Fortabat forma parte de esa tradición y Amalia Lacroze de Fortabat desarrolló durante décadas una extensa actividad filantrópica y cultural, de la cual la creación y el acompañamiento de la Fundación Policía Federal Argentina constituyen una expresión concreta. Su nieta Amalia Amoedo continúa hoy esa tarea y moviliza nuevamente al mundo del arte para contribuir con necesidades específicas del Hospital Churruca Visca.

También corresponde reconocer a las treinta galerías de Buenos Aires y del interior que participan de esta edición, cediendo parte del valor de las obras en favor de la causa, así como a los artistas, profesionales, coleccionistas y compradores que hacen posible transformar una iniciativa cultural en recursos destinados directamente a mejorar prestaciones sanitarias.

El problema, por consiguiente, no radica en que estos sectores hagan demasiado, sino en que su esfuerzo termina haciendo visible cuánto está faltando desde el lugar donde debería encontrarse la respuesta estructural.

El policía también es un trabajador

Existe detrás de este episodio una cuestión que trasciende ampliamente al Hospital Churruca Visca. Durante mucho tiempo, una parte de la discusión pública pareció considerar al policía únicamente mientras viste uniforme, porta un arma, patrulla una calle o interviene ante una emergencia, olvidando que detrás de esa función existe un trabajador sometido a las mismas contingencias humanas que cualquier otra persona.

El policía enferma, envejece, se accidenta, forma una familia, tiene hijos, llega al retiro y necesita medicamentos, especialistas, tratamientos y hospitales que funcionen. Cuando esas garantías comienzan a desaparecer, el trabajador queda colocado en una situación paradójica en la cual quienes fueron preparados para asistir a la sociedad terminan dependiendo de redes informales de ayuda para afrontar sus propias necesidades.

Entonces aparecen compañeros organizando colectas, familias buscando contactos, organizaciones intermedias cubriendo urgencias y fundaciones adquiriendo equipamiento que el sistema necesita. Cada una de esas acciones expresa solidaridad y merece reconocimiento, pero cuando se convierten en una modalidad permanente de funcionamiento dejan también al descubierto una falla institucional.

Una sociedad puede y debe celebrar que existan ciudadanos dispuestos a ayudar, pero no debería resignarse a que esa solidaridad termine ocupando el lugar de derechos financiados durante años mediante aportes y que, además, corresponden a trabajadores que mantienen una relación directa de dependencia con el propio Estado.

Agradecer a quienes ayudan y reclamar a quien corresponde

La subasta a beneficio del Churruca Visca merece entonces una valoración que pueda sostener simultáneamente dos ideas sin convertirlas artificialmente en contradictorias. Por un lado, corresponde reconocer a Amalia Amoedo, a la Fundación Policía Federal Argentina, a la histórica contribución de la familia Fortabat, a los artistas, galeristas, empresarios y particulares que vuelven a poner recursos propios al servicio de quienes los necesitan. Existe allí una tradición de responsabilidad social y generosidad que merece ser preservada y agradecida.

Pero precisamente ese reconocimiento obliga a formular con mayor claridad la segunda cuestión: ningún mecenas, ninguna fundación y ninguna obra de arte subastada pueden sustituir la obligación estructural del Estado nacional de garantizar la salud de los trabajadores que dependen de él.

Cuando el empleador es el propio Estado, el desfinanciamiento de los sistemas de atención adquiere una gravedad adicional, porque ya no estamos frente a una administración distante respecto de las consecuencias de sus decisiones, sino frente al responsable directo de las condiciones laborales y sociales de quienes diariamente prestan un servicio público esencial.

La Argentina tiene una valiosa tradición de solidaridad y mecenazgo que merece ser conservada, y familias como los Fortabat han demostrado durante generaciones que el patrimonio privado puede contribuir de manera concreta al bien común. Esa historia debería ser motivo de reconocimiento y no la excusa para una retirada estatal.

Porque una cosa es que alguien tienda voluntariamente una mano y otra, completamente distinta, es que el trabajador termine dependiendo de esa mano porque quien tiene la obligación de protegerlo decidió retirar la propia.

La solidaridad dignifica a quien la ofrece; el derecho, en cambio, obliga a quien debe garantizarlo. El desafío consiste en no permitir que la primera termine siendo utilizada para disimular la ausencia del segundo.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.

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