El reciente fallo que condenó al agente Lucas Brest por allanamiento ilegal, robo y plantación de pruebas durante un operativo en Rosario, pone en evidencia una grieta creciente en el ejercicio del poder policial. ¿QUIEN DEBÍA CONTROLAR QUE ESTO NO SUCEDIERA?
Por Alberto Martinez (*)
Brest recibió una pena en suspenso de tres años, inhabilitación por una década y deberá pagar cinco millones de pesos, resultado de un juicio abreviado aceptado por él mismo.
Pero no es sólo el castigo lo que llama la atención, sino lo que revelan los audios filtrados: un policía afirmando —casi con naturalidad— que “Todas las guardias están llevando plata, droga, cosas. Les va a salir bien hasta que les sale mal”. Es más que una denuncia, es un grito de alerta al interior de la institución.
El peligro de normalizar la ilegalidad
Cuando la fuerza bajo cuyo amparo descansan la seguridad y la justicia se comporta como una banda más, la confianza ciudadana colapsa. No es un hecho aislado ni esporádico: es un síntoma de una cultura institucional donde el fin —capturar al sospechoso— justifica cualquier medio, sin preguntas ni controles.
Pero hay otra lectura: estos excesos son también un reflejo del desgaste emocional y funcional del personal policial. Sin resguardo psicológico, formación adecuada ni supervisión, se multiplican los casos de abuso de autoridad.
¿Qué estamos haciendo mal?
Desde APROPOL llevamos años alertando sobre prácticas institucionales que erosionan el profesionalismo, degradan al personal y empujan al descontrol operativo. Los llamados “10 bis”, las cuotas de motos a derivar al corralón, los operativos sin respaldo judicial ni cadena de custodia sólida, los circuitos paralelos de recaudación, todo forma parte de un sistema que premia el resultado a cualquier precio y castiga a quien se atreve a cuestionarlo.
No se puede sembrar desorden desde la jefatura y esperar legalidad en la calle.
Proteger al personal para proteger a la sociedad
¿Dónde ponemos el freno? Primero, en una capacitación permanente que combine normativa, ética y derechos humanos. Según el fallo y la fiscalía, hubo una cadena de errores –desde el superior que ordenó ocultar evidencia hasta quienes plantaron un arma– que pudo evitarse con protocolos claros y sanciones efectivas .
Segundo, protocolos de respaldo psicológico real. Un policía cansado, sin contención, expuesto a presiones y sin espacio para procesarlas, está al límite de cruzar la línea.
Tercero, controles externos e independientes —auditorías, monitoreo ciudadano, defensorías del pueblo— para que no existan zonas de impunidad ni oscilaciones entre legitimidad e ilegalidad.
Mirar el pasado para avanzar hacia adelante
Históricamente, la policía ha sido vista como garante del orden frente al descontrol. Esa imagen debía animarnos, no herirnos cuando vemos que miembros de la fuerza violan las garantías de un ciudadano. Urge recuperar un modelo de policía profesional, ética y confiable.
Conclusión alentadora
Este fallo reciente no es el fin, es la oportunidad: si el sistema responde con transparencia, formación integral y respaldo a quienes cumplen correctamente, podemos revertir la tendencia. Se necesita valentía institucional para purgar lo malo, profesionalizar lo bueno y ganar la confianza de la ciudadanía.
Solo así, daremos a cada policía —y a cada ciudadano— las herramientas para que “hacer bien su trabajo” no sea una excepción, sino una norma con futuro.
Ya no se trata de hechos aislados: estamos ante una degradación estructural de la cadena de mandos. Hace años que advertimos que los procedimientos irregulares y los abusos funcionales no son responsabilidad exclusiva de quienes los ejecutan, sino de quienes los ordenan, los permiten o los encubren. Hoy, la detención de policías se realiza en forma de verdaderas razzias, con operativos donde se llevan de a decenas a personal uniformado, como si fueran enemigos del Estado. Si esta es la nueva normalidad, es porque los mandos —por dolo o impericia— han abandonado su deber de liderazgo y conducción. Deben ser relevados de inmediato. No por venganza, sino por justicia institucional: porque el peor crimen es exponer a los subordinados a actuar sin respaldo, sin formación y sin límites claros. Lo que está ocurriendo nunca antes se registró en esta magnitud, y no hay margen para mirar para otro lado.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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