Los policías heridos siguen sin asistencia. El expediente sigue en Mesa de Entradas. El DIPART no actuó. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) jamás impulsó la causa. Marcela Muñoz —interventora política en ese momento— hoy ocupa un alto cargo. Y el comisario Bertolotti, jefe directo de la Brigada al momento del estrago, sigue trabajando como si nada.
Por Marcos Anglada (*)
El 13 de agosto de 2021 algo estalló… y no fue solo la pirotecnia
Aquella mañana, una explosión en el patio interno de la Unidad Regional I dejó a dos policías gravemente heridos al manipular pirotecnia decomisada que estaba almacenada sin protocolo técnico ni condiciones de seguridad.
Lo demás es una película que ya conocemos:
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No hay responsables.
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No hubo asistencia médica ni legal.
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El expediente judicial sigue sin moverse.
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El DIPART nunca apareció.
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La causa se acerca peligrosamente a su prescripción.
Parvelotti, el jefe que nunca dio la cara
Al momento de la explosión, el jefe de la Brigada de Explosivos era el comisario Parvelotti, primer responsable operativo del almacenamiento y manipulación del material detonante. Fuentes internas aseguran que tenía pleno conocimiento de la situación, y aun así se permitió que personal no especializado manipulara cientos de kilos de pirotecnia altamente inestable.
¿Consecuencias? Ninguna.
PARVElotti sigue en funciones, como si nada. Nunca fue imputado, ni sancionado, ni separado preventivamente. Impunidad de manual.
El MPA no actúa, el DIPART no responde, y la política protege a los suyos
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) nunca impulsó la investigación. La causa sigue en Mesa de Entradas desde 2021. Ni un informe técnico, ni una citación, ni una reconstrucción de hechos.
¿La razón? Es simple: la justicia penal en Santa Fe actúa por “impulsos electromagnéticos de la política”. Se activa si conviene. Se apaga si molesta.
El DIPART, supuesto órgano de asistencia al personal herido o damnificado, nunca se acercó a los compañeros. Ni seguimiento médico, ni asesoramiento legal, ni acompañamiento psicológico. Nada.
Marcela Muñoz: la política se recicla, el dolor queda
La interventora política de la URI en ese momento era Marcela Muñoz. Estaba al tanto de las condiciones del depósito, tenía poder de decisión para intervenir… y no lo hizo.
Lejos de ser investigada, hoy ocupa un alto cargo político en el Ministerio de Seguridad provincial, bajo la gestión de Cococcioni y Pullaro.
¿Quién la designó originalmente? Marcelo Sain, actual opositor de Pullaro.
Una muestra más de que la supuesta grieta no aplica cuando se trata de proteger a los de adentro.
Los heridos, en silencio. Los responsables, ascendiendo.
Mientras tanto, los dos policías heridos siguen esperando que algo —al menos algo— se mueva. No reclaman privilegios, solo reconocimiento, reparación y justicia.
Pero el Estado no los ve. Solo los usó. Hoy están al borde del olvido judicial, camino a una prescripción que garantizará impunidad para todos los involucrados.
Desde APROPOL exigimos: basta de impunidad encubierta
Exigimos:
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Que se reactive el expediente penal, con responsabilidad directa sobre Parvelotti y la cadena de mando.
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Que se investigue la actuación (u omisión) de Marcela Muñoz como interventora.
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Que el DIPART dé explicaciones públicas por su total ausencia.
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Que el Ministerio de Seguridad asuma su deuda institucional con los heridos.
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Que se termine con el sistema de premios políticos para quienes perjudican a los trabajadores policiales.
La explosión fue literal. Pero el encubrimiento es estructural.
Y mientras tanto, el reloj judicial sigue corriendo.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
APROPOL Noticias
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