Falsas denuncias: Congreso internacional sobre una problemática que también golpea de lleno a la familia policial argentina

El Primer Congreso Internacional “No a las Falsas Denuncias”, que se realizará el 24 de octubre en Río Gallegos, vuelve a poner en debate una cuestión sensible: cómo proteger a las víctimas reales sin convertir una denuncia todavía no probada en una condena anticipada.

Entre los sectores alcanzados también aparecen policías, penitenciarios y miembros de fuerzas federales, donde una acusación puede producir efectos laborales, económicos y familiares mucho antes de que exista una resolución judicial.

El próximo 24 de octubre, desde las 15:00, en el Hotel Patagonia de Río Gallegos, se realizará el Primer Congreso Internacional “No a las Falsas Denuncias”, una jornada abierta y gratuita que reunirá especialistas y referentes de distintos países para debatir el impacto jurídico, psicológico, familiar y social de las denuncias falsas o presuntamente infundadas. La convocatoria plantea como eje la defensa de una Justicia basada en verdad, responsabilidad y garantías.

La abogada Elba Soria, una de las impulsoras de la actividad, explicó que el encuentro busca visibilizar una problemática que, según sostiene, atraviesa a personas y familias enteras, al tiempo que remarcó expresamente que la iniciativa no pretende desalentar denuncias reales ni relativizar situaciones de violencia. Su planteo es otro: proteger a las víctimas verdaderas sin desconocer que también pueden existir personas injustamente denunciadas y sometidas durante años a procesos con consecuencias personales irreversibles.

Una acusación no es todavía una condena

Uno de los puntos centrales que aparece en el debate es la necesidad de preservar la presunción de inocencia mientras una investigación se encuentra en curso. Una denuncia debe ser tomada en serio, investigada con profundidad y tratada con respeto hacia quien afirma haber sido víctima, pero esa misma obligación institucional no autoriza a convertir automáticamente al denunciado en culpable antes de que se produzca prueba suficiente y una decisión judicial.

Esta diferencia, elemental en cualquier Estado de Derecho, adquiere especial relevancia cuando las consecuencias administrativas, laborales o sociales comienzan a producirse antes que la propia resolución judicial. Soria señaló que en distintos ámbitos profesionales el sólo inicio de un expediente puede generar aislamiento, estigmatización, pérdida de ingresos, suspensión de tareas y un fuerte impacto psicológico sobre la persona involucrada y sobre su entorno familiar.

La familia policial también conoce este problema

La cuestión tiene una importancia particular para la familia policial y penitenciaria argentina. Durante la entrevista se planteó específicamente que existen agentes que, a partir de una denuncia, pueden ser apartados de funciones, ver restringidos sus haberes, perder el arma reglamentaria o quedar sometidos a sumarios administrativos aun cuando el proceso judicial todavía no haya determinado responsabilidades.

El problema no consiste en cuestionar que una fuerza de seguridad adopte medidas preventivas cuando existe una acusación grave. Las instituciones tienen obligaciones especiales frente a denuncias de violencia y deben garantizar investigaciones independientes y protección para posibles víctimas. La discusión aparece cuando una medida preventiva termina funcionando, en los hechos, como una pena anticipada y se prolonga durante años sin una definición judicial.

En esos casos, el impacto no recae solamente sobre el uniformado. También golpea a su pareja, sus hijos, sus padres y al conjunto de una familia que muchas veces depende económicamente de ese salario y que debe soportar simultáneamente la incertidumbre judicial, la exposición pública y el señalamiento social.

El daño puede comenzar mucho antes del juicio

En el material difundido con motivo del Congreso se mencionan situaciones donde agentes de fuerzas de seguridad habrían sido retirados temporalmente de sus funciones o afectados salarialmente mientras las actuaciones permanecían abiertas. La preocupación expresada por los organizadores apunta precisamente a ese período intermedio, cuando todavía no existe sentencia pero las consecuencias materiales y personales ya comenzaron.

Ese aspecto merece atención porque la Justicia puede tardar meses o incluso años en llegar a una conclusión. Si finalmente la acusación no se sostiene, una absolución o un archivo posterior no necesariamente reconstruyen el vínculo familiar, recuperan una carrera dañada, compensan ingresos perdidos o eliminan la marca social que dejó la acusación.

Por eso resulta fundamental distinguir entre denuncia, investigación, imputación, procesamiento y condena. No son sinónimos ni deberían producir automáticamente las mismas consecuencias.

Ni impunidad ni condena automática

La defensa de las garantías del denunciado no puede utilizarse para obstaculizar investigaciones legítimas ni para desacreditar a quienes denuncian hechos de violencia. Del mismo modo, la necesidad de proteger a una posible víctima no debería convertir la acusación inicial en una presunción irreversible de culpabilidad.

Ese equilibrio es especialmente importante dentro de las fuerzas de seguridad, donde existen relaciones jerárquicas, armas reglamentarias, funciones de autoridad y responsabilidades públicas específicas. Una denuncia grave puede justificar medidas precautorias, pero esas medidas deberían ser proporcionales, revisables y acompañadas por procedimientos que garanticen tanto la investigación seria como el derecho de defensa del agente.

El desafío consiste en evitar dos extremos igualmente problemáticos: la impunidad frente a una denuncia verdadera y la condena anticipada frente a una denuncia que todavía no fue probada.

Investigar mejor, no investigar menos

Uno de los ejes que aparece repetidamente en las intervenciones vinculadas al Congreso es la necesidad de mejorar la calidad de las investigaciones. La respuesta frente a la posibilidad de denuncias falsas no debería ser investigar menos, sino exactamente lo contrario: investigar mejor, con mayor objetividad, respaldo científico, pericias adecuadas y respeto por las garantías de todas las partes.

En ese sentido, una investigación rigurosa protege simultáneamente a la víctima real y al inocente acusado. Cuando el sistema trabaja mal, ambos pierden: la víctima porque puede no obtener justicia y el denunciado inocente porque puede quedar sometido durante años a una sospecha que después resulte imposible de revertir completamente.

Un debate que las fuerzas de seguridad no deberían ignorar

La realización de este Congreso adquiere particular relevancia para policías, penitenciarios y miembros de fuerzas federales porque se trata de trabajadores sometidos a regímenes disciplinarios mucho más intensos que los de la mayoría de las actividades laborales. Una denuncia puede activar simultáneamente una investigación penal y otra administrativa, con consecuencias distintas y, en ocasiones, con tiempos que tampoco coinciden.

Por esa razón, la discusión sobre falsas denuncias no debería quedar restringida al derecho de familia, al sistema educativo o a determinadas disputas sociales. También forma parte de la agenda de derechos laborales y garantías de quienes integran las fuerzas de seguridad.

Si una acusación resulta verdadera, corresponde investigar, sancionar y proteger a la víctima.

Si resulta falsa o no puede ser acreditada, también debe existir una respuesta capaz de reconstruir, en la medida de lo posible, aquello que el proceso destruyó.

Porque cuando una denuncia infundada golpea a un policía o penitenciario, no afecta solamente a un expediente ni a una carrera administrativa: golpea a una familia policial completa, que muchas veces queda expuesta a años de incertidumbre, pérdida económica y estigmatización.

Y precisamente por eso este debate merece ser abordado sin consignas fáciles: con investigación rigurosa, presunción de inocencia, protección efectiva para las víctimas y garantías suficientes para impedir que una acusación, por sí sola, termine convirtiéndose en una sentencia.

Fuente consultada: Tiempo Sur

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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.