Santa Fe se encuentra consternada tras confirmarse la muerte de Olga Estela Guadalupe González, de 54 años (hermana de otro policía), quien falleció este viernes luego de 42 días de internación en el Hospital Iturraspe. Había sido gravemente baleada por su pareja, el suboficial de policía César Muga, el pasado 1° de agosto en su vivienda del barrio Nueva Esperanza.
Por Marcos Anglada (*)
El ataque ocurrió en la mañana del 1° de agosto, cuando Muga ingresó al dormitorio donde dormía su esposa y le efectuó al menos tres disparos. Uno impactó en el tórax con trayectoria abdominal, causando graves lesiones internas. González intentó arrastrarse para pedir ayuda, pero recibió un tercer disparo. Sus hijas lograron socorrerla y trasladarla de urgencia al hospital, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento.
Tras la agresión, Muga se atrincheró en la vivienda y abrió fuego contra efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Finalmente fue reducido mediante un “tiro táctico” en la pierna y detenido en el lugar.
La investigación judicial
Inicialmente, la fiscalía lo imputó por tentativa de femicidio agravada y atentado a la autoridad. Con el fallecimiento de González, la calificación se agravó a femicidio en contexto de violencia de género, además de atentado y resistencia a la autoridad.
El juez Sebastián Szeifert ordenó su prisión preventiva y la conformación de una junta médica para evaluar su estado psíquico, tras manifestaciones suicidas posteriores al ataque. Cabe señalar que el suboficial estaba en disponibilidad hacía más de diez años y medio.
Controles internos bajo la lupa
Este caso vuelve a poner en duda los controles internos de la fuerza policial, particularmente respecto a la portación de armas de personal con antecedentes médicos. Hay múltiples denuncias de que agentes con licencias psiquiátricas son presionados a reincorporarse al servicio sin contar con el alta de sus médicos tratantes. Todo indica que esta podría haber sido también la situación de Muga, lo que deberá ser objeto de investigación.
Otro factor de peso es la crítica situación salarial. La imposibilidad de realizar horas extras o adicionales suficientes empuja a muchos trabajadores a volver al servicio operativo —armados— aun sin estar en condiciones de salud óptimas, priorizando la necesidad económica por sobre la seguridad propia y de terceros.
Indignación y pedido de justicia
La muerte de Olga reavivó la indignación de vecinos del barrio Nueva Esperanza, que exigen justicia y mayor protección frente a la violencia de género. Este femicidio no solo interpela a la sociedad, sino también a las instituciones que deben garantizar que quienes portan armas en nombre del Estado lo hagan en condiciones de salud física y mental compatibles con su función.
Exhortación de APROPOL
Desde APROPOL expresamos nuestra profunda preocupación por este caso y exhortamos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a cumplir con su deber de garante de la vida y la seguridad pública.
Es inadmisible que personal policial con licencias médicas, en especial psiquiátricas, sea coaccionado a reincorporarse al servicio sin el alta de sus médicos tratantes. Este tipo de prácticas no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que expone a la sociedad a riesgos evitables.
Del mismo modo, denunciamos que la situación salarial precaria y la imposibilidad de realizar horas extras o adicionales empujan a los trabajadores a regresar a tareas armadas aun sin estar en condiciones de salud, generando un círculo de vulnerabilidad que el Estado no puede ignorar.
Reclamamos:
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Respeto irrestricto a las licencias médicas, sin presiones ni retornos forzados.
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Protocolos claros y públicos sobre portación de armas, especialmente en casos de antecedentes psiquiátricos.
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Condiciones salariales dignas, que eviten la necesidad de exponer a personal no apto en servicios operativos.
El Estado debe garantizar que quienes portan armas en nombre de la sociedad lo hagan en condiciones legales, sanitarias y humanas plenas. Lo contrario no es seguridad: es negligencia institucional.
Estadística local
Este hecho debe entenderse dentro de un contexto más amplio. Según datos oficiales, al 31 de octubre de 2024 se investigaban en Santa Fe 22 muertes violentas de mujeres, una baja del 54 % respecto al año anterior. Sin embargo, el Observatorio Mercedes Pagnutti alertó que la provincia sigue entre las tres con mayor tasa de femicidios en relación a su población femenina y de diversidades: solo en el primer semestre de 2025 ya se habían registrado 21 casos.
El femicidio de Olga Estela González no es un hecho aislado: es parte de una realidad estructural que exige políticas públicas efectivas, controles institucionales serios y una verdadera protección de las víctimas.
APROPOL Noticias