El sargento Facundo Giménez tenía 31 años y formaba parte del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª de Florencio Varela.
Murió de un disparo en la cabeza mientras participaba de un allanamiento contra una organización dedicada al narcotráfico en el barrio Pico de Oro. Junto a él actuaban efectivos de las comisarías 1ª y 6ª. Tres personas fueron detenidas y la Justicia intenta determinar quién efectuó el disparo mortal. Pero hay una certeza que no necesita pericias: una vez más, un policía murió cumpliendo una misión de alto riesgo.
El operativo se desarrolló en una zona que desde hace años aparece vinculada a hechos de violencia y actividades de narcomenudeo. Según las primeras reconstrucciones, los efectivos fueron recibidos a tiros al irrumpir en el lugar y Giménez cayó mientras avanzaba por un descampado cercano al búnker investigado. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
El costo humano de una guerra desigual
Las imágenes se repiten con dolorosa frecuencia. Un policía muerto, una bandera sobre el féretro, discursos oficiales y promesas de justicia. Luego el tiempo pasa y el nombre del caído se suma a una larga lista de hombres y mujeres que dejaron su vida en servicio.
Pero detrás de cada ceremonia queda una pregunta incómoda: ¿está el Estado haciendo todo lo necesario para proteger a quienes envía a enfrentar a organizaciones cada vez más armadas y violentas?
El combate contra el narcotráfico exige inteligencia criminal, coordinación entre fuerzas, tecnología, protección jurídica y apoyo integral a las familias de quienes arriesgan la vida. Cuando alguna de esas piezas falla, el resultado suele medirse en sangre.
De Florencio Varela a Rosario
La muerte de Giménez ocurre apenas días después del asesinato del subinspector de la Policía Federal Rodolfo Manfredi en Rosario, emboscado en Villa Banana durante otro operativo vinculado al narcotráfico. Son jurisdicciones distintas y realidades diferentes, pero el denominador común es inquietante: las organizaciones criminales muestran una creciente capacidad de fuego y una disposición cada vez mayor a enfrentar directamente al Estado.
El problema ya no puede reducirse a una discusión sobre cantidad de patrulleros o endurecimiento de penas. Estamos frente a estructuras criminales que disputan territorio, manejan recursos económicos importantes y conocen las debilidades institucionales.
Honrar a los caídos es algo más que despedirlos
La sociedad tiene derecho a exigir seguridad. Pero también tiene la obligación moral de preguntarse en qué condiciones trabajan quienes deben garantizarla.
Honrar a un policía caído no consiste solamente en colocar una bandera sobre su ataúd o pronunciar discursos emocionados. Significa garantizar entrenamiento adecuado, equipamiento moderno, apoyo psicológico, salarios dignos y una estrategia integral que reduzca la exposición innecesaria al riesgo.
Porque cuando un policía muere en un operativo, fracasa el delincuente que disparó, pero también fracasa una parte del sistema que no logró evitar que la tragedia ocurriera.
Y si las muertes se repiten con demasiada frecuencia, la pregunta deja de ser quién apretó el gatillo para pasar a ser otra mucho más incómoda: ¿cuántas veces más la sociedad aceptará que el costo de la seguridad se pague casi exclusivamente con la vida de sus policías?
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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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