Mientras el gobierno provincial gira miles de millones de pesos a fundaciones recién creadas —muchas con vínculos políticos y religiosos—, el entramado histórico de clubes, mutuales y cooperadoras policiales sigue sin recibir un solo peso.
Por Rubén Pombo
La Ley de Emergencia en Seguridad, que obliga a invertir en becas, equipamiento y mejoras para el personal, permanece incumplida. La “familia policial”, base real del sistema de seguridad, quedó fuera del reparto y del discurso oficial.
Debate candente en Diputados
Un cruce en la Cámara baja encendió las alarmas: el diputado Miguel Rabbia denunció asignaciones millonarias y exprés desde APRECOD a asociaciones recién creadas o con vínculos con el partido UNO, socio del oficialismo. Walter Ghione —pastor y legislador de UNO— replicó que se trata de montos anuales, defendió la participación de iglesias evangélicas y habló de ataque electoral. El intercambio derivó en pedidos de informes y reclamos de publicar criterios, convenios y metas.
Tres casos “emblemáticos”
Rabbia enumeró un patrón de celeridad + montos altos + vínculos partidarios:
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Perseverar: más de $1.000 millones a ~60 días de su creación.
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Rockas Vivas (Rafaela): personería en marzo/2025; $924 millones dos meses después; referentes ligados a espacios evangélicos locales.
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Sinergia Ciudadana (Rosario): +$800 millones; uno de sus fundadores fue Luciano Sciarra, hoy titular de APRECOD.
Bulsicco lo llevó al aire (y a X)
El periodista Ariel Bulsicco amplificó el tema en radio “El Reino” (Santa Fe) y en X: detalló giros por casi $4.000 millones, cronogramas de constitución/beneficio y vínculos dirigenciales; además, mencionó pedidos de informes en curso. La discusión pública escaló y forzó nuevas explicaciones oficiales.
El contrapunto: la “familia policial”, afuera
Mientras estos convenios avanzan, clubes policiales, mutuales, centros de jubilados, cooperadoras y cooperativas —el tejido que sostiene a la familia policial— no cuentan con líneas específicas ni anuncios equivalentes. El Gobierno difunde programas generales, pero no existe una ventanilla dedicada para estas entidades con trayectoria en deporte, salud, cultura y contención familiar: velocidad para asociaciones nuevas; silencio presupuestario para organizaciones de base policial.
Emergencia en seguridad: promesas sin trazabilidad
En paralelo, sigue sin transparentarse si, bajo la Ley de Emergencia en Seguridad, se concretaron becas, equipamiento y mejoras para el personal policial, prioridades que deberían tener ejecución verificable y datos abiertos en un contexto de recursos extraordinarios. (Se solicitó información formal mediante pedidos legislativos).
Qué hace falta, ya
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Listado desagregado y en datos abiertos de todos los convenios APRECOD/“Redes del Cuidado”: beneficiarios, montos, fechas, metas, auditorías y resultados.
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Reglas de incompatibilidades y transparencia cuando funcionarios/dirigentes figuren en entidades receptoras.
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Líneas concursables específicas para el ecosistema de entidades de la familia policial, con trazabilidad y control social independiente.
No es un choque religioso
El eje no es la fe: es presupuesto, criterios y prioridades públicas. Si el Estado acelera transferencias millonarias a asociaciones recientes en nombre de la “emergencia”, con mayor razón debe mostrar los papeles y financiar de modo estable a quienes sostienen —desde abajo— a la comunidad policial. Hoy, la balanza luce inclinada.
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