Un adolescente perdió una mano, otro sufrió la destrucción de la mandíbula y un tercero perdió la visión de un ojo durante las protestas estudiantiles.
El Gobierno francés terminó suspendiendo temporalmente un tipo de granada utilizado por la Policía, mientras un efectivo fue imputado por las graves lesiones causadas a un menor. El caso vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del agente y dónde comienza la responsabilidad política de quienes diseñan, autorizan y ordenan determinado modelo de control del orden público?
Las protestas estudiantiles que atraviesan Francia desde mediados de septiembre dejaron de ser solamente un conflicto por presupuesto educativo, falta de docentes y deterioro de las escuelas. En apenas dos semanas, la respuesta estatal abrió un debate mucho más profundo sobre los límites del uso de la fuerza, el empleo de armas denominadas “menos letales” y la responsabilidad de las autoridades políticas cuando las consecuencias previsibles de una determinada doctrina operacional terminan siendo cuerpos mutilados.
El episodio más grave ocurrió el 5 de octubre en Lens, donde un estudiante de 15 años perdió completamente una mano durante el bloqueo de un liceo. La investigación quedó en manos de la Inspección General de la Policía Nacional francesa (IGPN) y las primeras reconstrucciones apuntaron al estallido de una granada GM2L, un dispositivo de estruendo utilizado por las fuerzas de seguridad.
El hecho provocó finalmente una decisión que llegó después del daño: el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dispuso suspender temporalmente la utilización de ese modelo de granadas durante las movilizaciones estudiantiles mientras se investigan las circunstancias en que se produjo la mutilación.
Pero Lens no fue un caso aislado.
Un chico de 14 años con la mandíbula destrozada
El 28 de septiembre, frente al liceo Château-d’Épluches, en Saint-Ouen-l’Aumône, Eden, un estudiante de apenas 14 años, recibió prácticamente a quemarropa el impacto de una granada lacrimógena disparada mediante un lanzador Cougar.
El proyectil le fracturó la mandíbula en dos lugares y destruyó buena parte de sus dientes. Las lesiones requirieron complejas intervenciones quirúrgicas y durante semanas el adolescente quedó imposibilitado de hablar normalmente.
Las imágenes del episodio resultaron especialmente comprometedoras porque muestran al joven muy cerca de los policías en el momento del disparo. Según la documentación técnica citada por medios franceses, ese tipo de lanzador no está concebido para efectuar disparos directos a corta distancia contra una persona.
El policía que realizó el disparo fue formalmente imputado por “violencias cometidas por una persona depositaria de la autoridad pública seguidas de mutilación o incapacidad permanente”. Además, quedó bajo control judicial, apartado de sus funciones y con prohibición de portar armas.
La familia del adolescente fue todavía más lejos y presentó una denuncia por tentativa de homicidio.
Una sucesión de lesiones que ya no puede explicarse como excepción
Los casos se acumularon rápidamente. En Tours, un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo en un episodio que la Justicia investiga como posiblemente provocado por un proyectil policial.
Al 7 de octubre ya existían al menos 18 investigaciones confiadas a la inspección policial francesa por posibles irregularidades durante las protestas. Reuters informó posteriormente que la cantidad de expedientes bajo examen había continuado aumentando.
Las cifras generales tampoco son menores. Más de 6.500 personas fueron detenidas desde el inicio de las movilizaciones, una enorme mayoría menores de edad. Solo entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre se contabilizaron 6.059 arrestos y 5.060 personas colocadas bajo custodia policial; el 87 por ciento eran menores.
La dimensión de esas cifras supera incluso registros de algunas de las jornadas más conflictivas del movimiento de los “chalecos amarillos”.
Del otro lado también existen policías lesionados. Las estadísticas oficiales francesas hablan de centenares de efectivos heridos durante enfrentamientos, ataques y disturbios registrados alrededor de distintas movilizaciones.
Ese dato tampoco debe ocultarse.
Porque analizar críticamente el empleo de la fuerza no significa desconocer que el policía tiene derecho a proteger su propia vida, la de sus compañeros y la de terceros. Significa precisamente discutir cuáles son las herramientas adecuadas para hacerlo sin transformar un procedimiento de mantenimiento del orden en una sucesión de lesiones irreversibles.
Las armas “menos letales” no son inocuas
Existe además una cuestión terminológica que muchas veces distorsiona el debate. Una granada aturdidora, un lanzador de proyectiles, una escopeta con munición antidisturbios o un dispositivo lacrimógeno pueden ser clasificados como armas “menos letales”. Eso no significa que sean inofensivos. Pueden matar, cegar o amputar y pueden producir lesiones permanentes cuando se utilizan fuera de las distancias, ángulos, condiciones y protocolos para los cuales fueron diseñados.
Por eso la capacitación, las reglas y la supervisión operativa, la cadena de mando resultan tan importantes como la conducta individual del agente que finalmente acciona el dispositivo.
El último eslabón siempre tiene nombre y apellido
Aquí aparece una cuestión conocida para cualquier policía del mundo.
Cuando una política de seguridad funciona, los gobiernos exhiben las estadísticas, los procedimientos y los resultados como triunfos propios. Cuando algo termina mal, en cambio, la cadena política suele evaporarse con notable velocidad y queda un funcionario policial sentado frente a un fiscal explicando qué hizo durante algunos segundos de una operación decidida, planificada, equipada y conducida por otros niveles.
Esto no significa justificar una conducta manifiestamente ilegal.
Si un policía dispara deliberadamente contra el rostro de un adolescente a una distancia incompatible con el arma utilizada, debe investigarse su responsabilidad y, si corresponde, sancionarse.
Pero la investigación no debería detenerse allí.
También debe preguntarse quién autorizó esas armas, qué instrucciones se impartieron, qué entrenamiento recibió el personal, cuál era la situación concreta que justificaba su utilización, qué supervisión existía y qué órdenes habían bajado por la cadena de mando.
Porque sería demasiado cómodo construir una doctrina represiva desde un despacho y descubrir después, cuando aparece un mutilado, que toda la política de seguridad cabía dentro del dedo índice de un agente.
Cuando el poder político descubre los límites después de la tragedia
La decisión francesa de suspender temporalmente determinadas granadas contiene además una contradicción difícil de ignorar.
Si el dispositivo podía utilizarse normalmente hasta que un estudiante perdió una mano, pero deja de considerarse adecuado después de esa mutilación, la pregunta inevitable es por qué fue necesario que ocurriera una tragedia para revisar los protocolos.
Ese interrogante excede largamente a Francia.
Los Estados modernos han incorporado durante décadas tecnologías presentadas como alternativas menos peligrosas al arma de fuego. En muchos casos significaron efectivamente una mejora. Pero esa clasificación también produjo una falsa sensación de inocuidad que puede reducir el umbral político para autorizar su utilización.
Lo “menos letal” puede terminar convirtiéndose entonces en una herramienta de uso cada vez más frecuente simplemente porque parece políticamente menos costosa.
Hasta que aparecen las consecuencias.
Ni impunidad policial ni hipocresía política
La democracia necesita policías capaces de intervenir cuando existe violencia, proteger personas, restablecer el orden y defenderse frente a agresiones. Pretender que esas funciones puedan cumplirse sin ningún nivel de coerción constituye una ficción.
Pero exactamente por la misma razón, el Estado tiene la obligación de establecer límites claros.
No puede exigírsele al policía que actúe y después abandonarlo frente al expediente judicial. Tampoco puede utilizarse la complejidad del trabajo policial como excusa para tolerar cualquier utilización de la fuerza.
Francia enfrenta ahora ambas discusiones simultáneamente.
Hay adolescentes gravemente mutilados. Hay policías lesionados. Hay miles de menores detenidos. Hay investigaciones judiciales. Hay un funcionario policial imputado. Y existe finalmente una decisión política de revisar el empleo de algunas de las armas utilizadas.
Será la Justicia la que determine las responsabilidades penales individuales.
Pero existe otra responsabilidad que ningún expediente contra un agente debería ocultar: la del Estado que determina la doctrina, entrega el arma, establece las reglas y ordena el operativo.
Porque cuando el sistema funciona, la autoridad política no puede apropiarse del éxito, y cuando fracasa explicar que todo comenzó y terminó con el policía que estaba en la calle.
Proteger al que protege también significa exigir reglas profesionales, capacitación adecuada, órdenes legales y una cadena de mando que asuma sus propias responsabilidades.
El espejo argentino: el caso Pablo Grillo
La discusión francesa tiene un antecedente inmediato que en la Argentina todavía sigue produciendo consecuencias judiciales. El 12 de marzo de 2025, durante una protesta de jubilados frente al Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería Nacional.
La investigación judicial determinó que el proyectil fue disparado de manera prácticamente horizontal, pese a que el manual del arma establece que ese tipo de cartuchos no debe dirigirse contra las personas y que deben utilizarse en forma oblicua para reducir su capacidad lesiva. En mayo de 2026, la Fiscalía pidió elevar a juicio oral al cabo primero Héctor Jesús Guerrero por lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas.
El paralelismo con Francia resulta evidente: nuevamente aparece un arma definida como “menos letal”, nuevamente existen protocolos concretos para su utilización y nuevamente una persona termina con lesiones gravísimas cuando el dispositivo es empleado de una manera que la investigación considera contraria a esas reglas.
Pero Grillo tampoco fue un hecho completamente aislado. Distintos relevamientos realizados sobre las movilizaciones desarrolladas en Buenos Aires durante 2025 documentaron heridos por postas de goma, gases irritantes, proyectiles químicos, golpes y otros elementos utilizados durante operativos de control de manifestaciones. La Comisión Provincial por la Memoria contabilizó 1.341 personas heridas en las protestas que monitoreó durante ese año, entre ellas 184 trabajadores de prensa.
El caso argentino agrega además otra dimensión al problema de la responsabilidad institucional. Mientras la Justicia avanzó sobre la conducta concreta del gendarme, las actuaciones disciplinarias internas de Gendarmería concluyeron inicialmente que no existían elementos suficientes para aplicarle sanciones, según informó posteriormente el propio Ministerio de Seguridad al Congreso.
Francia y Argentina muestran así una misma tensión: cuando un arma “menos letal” produce una lesión devastadora, la explicación no puede agotarse en el hombre que apretó el gatillo. Hay que examinar también capacitación, protocolos, órdenes, supervisión, conducción operativa y decisiones políticas. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de convertir al último eslabón uniformado en el único responsable visible de un sistema que fue diseñado mucho más arriba.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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