La reciente revelación sobre la participación de los jefes de la ex SIDE (actual Agencia Federal de Inteligencia) en reuniones destinadas a coordinar la represión de manifestaciones genera una grave preocupación en términos democráticos y legales.
Por Alberto Martínez (*)
Inteligencia sin límites y riesgo democrático
Según la Ley de Inteligencia Nacional (N.º 25.520), los organismos de inteligencia no pueden realizar tareas de espionaje, obtención de información o almacenamiento de datos sobre ciudadanos por su opinión política, afiliación sindical o participación en organizaciones sociales. Sin embargo, la presencia de estos agentes en la planificación de operativos represivos sugiere que el gobierno de Javier Milei ha decidido utilizar los mecanismos del Estado para vigilar y amedrentar la protesta social.
La falta de control sobre la inteligencia en Santa Fe
En esta provincia, la problemática adquiere una dimensión aún más alarmante. La reciente sanción de la Ley N.º 14.246, que establece el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, ha puesto en evidencia la falta de controles sobre la actividad de inteligencia en la provincia. Aunque la normativa busca regular la producción de información con fines de prevención del delito, su implementación ha sido opaca y carente de supervisión efectiva. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia, que debería garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, nunca fue conformada, lo que deja un vacío institucional que favorece la discrecionalidad y la opacidad en su funcionamiento.
Si bien la ley prohíbe expresamente la recopilación de información basada en criterios políticos, religiosos, sindicales o ideológicos, la ausencia de la Bicameral de control impide verificar su cumplimiento. La falta de regulación efectiva ha generado múltiples cuestionamientos, ya que permite la recolección de información sin mecanismos claros de auditoría. Sin supervisión legislativa, el riesgo de que la inteligencia provincial sea utilizada con fines políticos, disciplinarios o de represión social es altísimo.
Además, la ley provincial tampoco establece límites claros sobre la cooperación entre el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito y las fuerzas federales de inteligencia. Esto abre interrogantes sobre la posibilidad de coordinación con organismos nacionales como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en operativos de vigilancia sobre la sociedad civil. La falta de una estructura de control legislativo refuerza el temor de que el sistema pueda operar al margen de las garantías constitucionales y sin rendir cuentas a la ciudadanía.
Quiénes se benefician del vacío legal
Más allá de los riesgos institucionales, es crucial analizar a quién favorece la falta de control sobre la inteligencia provincial. La ausencia de regulación y supervisión permite que actores políticos, sectores empresariales con vínculos gubernamentales y redes de corrupción puedan aprovechar la opacidad del sistema para obtener información privilegiada, realizar espionaje encubierto o ejercer presión sobre opositores. La falta de sanciones concretas también contribuye a la consolidación de un sistema de inteligencia paralelo, sin transparencia ni rendición de cuentas.
La deuda pendiente en el caso de espionaje ilegal
A la falta de control legislativo sobre la inteligencia provincial se suma otra deuda pendiente: la resolución judicial sobre la causa de espionaje ilegal montada por Marcelo Saín durante la gobernación de Omar Perotti. La investigación reveló la existencia de un aparato de inteligencia clandestino dentro del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, utilizado para recopilar información sobre opositores políticos, sindicalistas y periodistas, sin justificación legal alguna. A pesar de las pruebas acumuladas y de la gravedad de los hechos, la causa sigue sin avances concretos, lo que evidencia la inacción del Poder Judicial ante una de las violaciones más graves a los derechos y garantías democráticas en la provincia.
La falta de condenas o sanciones efectivas genera un peligroso precedente: la posibilidad de que estas prácticas se naturalicen y se repliquen en futuras administraciones sin temor a consecuencias legales. Mientras la Justicia siga dilatando una respuesta clara sobre estos hechos, la impunidad seguirá siendo la norma en materia de inteligencia ilegal en Santa Fe.
Alternativas y soluciones
Ante este escenario, es imperativo avanzar en medidas concretas para limitar los abusos y garantizar el control efectivo del sistema de inteligencia provincial. Entre las posibles soluciones, destacan:
- Conformación inmediata de la Comisión Bicameral de Fiscalización, con representación plural y mecanismos de supervisión efectivos.
- Mayor transparencia en la implementación de la Ley 14.246, con auditorías independientes y rendición de cuentas periódicas.
- Sanciones para el uso indebido de la inteligencia estatal, con mecanismos judiciales que impidan la repetición de prácticas ilegales.
- Investigación y depuración de funcionarios vinculados al espionaje ilegal, para evitar la continuidad de estructuras clandestinas dentro del aparato de seguridad.
Posible citación a la Bicameral
Ante la gravedad de los hechos a nivel nacional y la falta de control sobre los organismos de inteligencia, diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han comenzado a exigir la convocatoria urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia del Congreso de la Nación. Esta instancia legislativa tiene la facultad de investigar y supervisar las acciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado SIDE (ex AFI), así como de requerir explicaciones a los funcionarios responsables de su accionar. De concretarse la citación, el gobierno de Javier Milei deberá responder por la participación de la inteligencia estatal en la planificación de operativos represivos, una maniobra que, de confirmarse, violaría abiertamente la Ley de Inteligencia Nacional y los principios democráticos fundamentales.
Un freno necesario
El Congreso y el Poder Judicial tienen la obligación de exigir explicaciones y poner un freno inmediato a este atropello. Si no lo hacen, el mensaje será claro: el gobierno tiene vía libre para usar la inteligencia del Estado como un instrumento de persecución política. Y cuando la democracia empieza a tolerar estas prácticas, el peligro ya no es una amenaza latente: es una realidad que nos golpea de frente.
La Legislatura de Santa Fe debe actuar
Pero no solo el Congreso Nacional y el Poder Judicial tienen responsabilidades en este asunto. La Legislatura de Santa Fe también debe asumir su rol y avanzar en la conformación inmediata de la Comisión Bicameral de Fiscalización. Es inaceptable que una provincia con antecedentes de espionaje ilegal y con un sistema de inteligencia sin supervisión efectiva continúe sin los mecanismos de control necesarios. Los legisladores santafesinos deben tomar cartas en el asunto y garantizar que la inteligencia provincial se use con fines legítimos y dentro de los límites del Estado de derecho. De lo contrario, estarán contribuyendo a la consolidación de un modelo de vigilancia sin regulación, con consecuencias imprevisibles para la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadano
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Fundador y editor de APROPOL Noticias
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