“Garantismo”: el boomerang político que golpea a Pullaro y Scaglia

En 2008 Hermes Binner clausuró el único pabellón psiquiátrico penal de Santa Fe —decisión del propio espacio político— y nunca lo reemplazaron con un dispositivo seguro y efectivo; hoy, mientras Pullaro y Scaglia culpan al “garantismo” por la puerta giratoria, el vacío de política pública vuelve a estallar con el caso Cicarelli y exhibe una contradicción de fondo. AL DÍA DE HOY NO HAY PREVISIÓN PARA DETENIDOS PSIQUIÁTRICOS NI INFECTO-CONTAGIOSOS.

Por Alberto Martínez (*)

El discurso y la paradoja

En plena discusión por la inseguridad, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia señalan al “garantismo” judicial como responsable de la llamada “puerta giratoria”, especialmente en casos que involucran a imputados con trastornos de salud mental. Pero aparece una contradicción clave: la única unidad penitenciaria psiquiátrica de Santa Fe —el histórico “corralito” de Coronda— fue clausurada en 2008 por un gobierno de su mismo espacio político, el Frente Progresista, durante la gestión de Hermes Binner.

Qué se cerró en 2008 y por qué

El 5 de octubre de 2008, la Provincia cerró definitivamente el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda tras años de denuncias por violaciones a los derechos humanos. La decisión buscó reorientar la atención hacia el sistema de salud pública mediante dispositivos de salud mental y derivaciones hospitalarias. El acto fue presentado como un hito democrático y un cambio de paradigma: del encierro penal-psiquiátrico a la atención sanitaria en la red provincial.

La línea de tiempo de Pullaro

En ese contexto, Pullaro se desempeñaba como secretario del bloque de diputados de la UCR (2007–2011). Años más tarde, ya como ministro de Seguridad por cuatro años, su gestión no dejó replanteada una infraestructura específica y segura para alojar detenidos con patologías psiquiátricas bajo custodia penitenciaria. La crítica que hoy formula al “garantismo” choca, así, con una omisión política de larga data: qué hacer —y dónde— con los acusados peligrosos con padecimientos mentales.

El caso que reabrió la grieta

El reciente homicidio de Lucas Cicarelli, con uno de los acusados declarado inimputable y con múltiples detenciones previas, reavivó la tensión entre Justicia y Ejecutivo. El oficialismo provincial reclama endurecer el marco legal y cuestiona a jueces y peritos; del otro lado, se replica que el Estado provincial desarmó su única capacidad de contención penal-psiquiátrica y nunca la reemplazó por un dispositivo robusto de tratamiento y custodia.

¿Garantismo o vacío de política pública?

El corazón del problema parece menos ideológico que operativo: sin una arquitectura institucional clara —unidades de internación segura, reglas de derivación, cupos, custodia y protocolos entre Salud, Justicia y Servicio Penitenciario— el sistema deriva en lo peor de ambos mundos. Ni cárcel (por inimputabilidad), ni cama asegurada en salud mental (por saturación o falta de perfiles adecuados), ni supervisión sostenida. El resultado: riesgos para terceros, para el propio paciente y descrédito del sistema.

Lo que falta: reglas, lugares y control

• Infraestructura específica: unidades de alta seguridad sanitaria o módulos mixtos con conducción sanitaria y custodia penitenciaria.

• Puente judicial-sanitario: criterios unificados para pericias, derivaciones y altas, con seguimiento posinternación.

• Ley y protocolos: actualización normativa que compatibilice la Ley de Salud Mental con la necesidad de protección de terceros cuando hay peligrosidad comprobada.

• Trazabilidad: registro único de pacientes judicializados, alertas tempranas y auditorías independientes.

Preguntas que el oficialismo debe responder

Si se cuestiona el “garantismo” judicial, ¿cuál es el plan concreto para el eslabón que se desarmó en 2008? ¿Dónde, cómo y bajo qué estándares se alojará a inimputables peligrosos? ¿Qué inversión habrá en camas, personal y tecnología? ¿Cómo se auditarán decisiones clínicas y judiciales para evitar abusos y también para prevenir daños?

Epílogo: más gestión, menos eslogan

Santa Fe necesita menos consignas y más ingeniería institucional. Sin lugares adecuados, protocolos sólidos y responsabilidades claras, la discusión sobre “garantismo” se vuelve un boomerang: vuelve sobre quienes la enarbolan y exhibe una deuda estructural que atraviesa gestiones y partidos. La seguridad —y la salud— requieren política pública sostenida, no un eslogan de campaña.

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¡Quién quiera oír que oiga!

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Autor del libro «La Doctrina de la Sospecha Permanente» (2005) donde analiza en profundidad estas cuestiones.

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