Una huelga de hambre para visibilizar el deterioro salarial
Un grupo de exintegrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y personal retirado inició el lunes 2 de noviembre una huelga de hambre en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con el propósito de reclamar mejoras salariales, condiciones laborales dignas y una cobertura médico-asistencial que responda efectivamente a las necesidades del personal y sus familias, en una manifestación que sus protagonistas presentan como pacífica y orientada a defender a la propia institución.
La medida fue impulsada por Fernando, un exgendarme que aseguró haber sido separado de la fuerza después de denunciar presuntos hechos de corrupción ocurridos en Tucumán durante 2021, circunstancia que, según su testimonio, dio origen a una serie de reclamos administrativos que se prolongaron durante aproximadamente cuatro años sin obtener respuestas satisfactorias de las autoridades.
El manifestante explicó que uno de los motivos centrales de la protesta es la situación económica de los efectivos en actividad, señalando que un gendarme con nueve años de servicio percibe aproximadamente 800 mil pesos mensuales, una cifra que, según denunció, resulta insuficiente para afrontar los gastos familiares y obliga a numerosos trabajadores a recurrir al endeudamiento antes de finalizar cada mes.
La cifra constituye un testimonio de los manifestantes y no debe interpretarse como el salario uniforme de todos los integrantes de la fuerza, cuyos ingresos dependen de la jerarquía, la antigüedad, los suplementos y las condiciones particulares de prestación de servicios.
Una protesta que busca defender a la institución y no enfrentarse con ella
Uno de los aspectos más significativos de la manifestación es que sus organizadores procuraron diferenciar expresamente el reclamo laboral de cualquier posicionamiento contrario a la Gendarmería Nacional, una distinción que adquiere especial importancia en organizaciones donde tradicionalmente las demandas profesionales suelen interpretarse desde una perspectiva exclusivamente disciplinaria.
Fernando resumió esa posición mediante una expresión que sintetiza el sentido de la convocatoria: “No es contra la Gendarmería. Es POR la Gendarmería”, dejando en claro que el objetivo declarado es mejorar las condiciones de quienes integran la institución y no cuestionar su existencia ni sus funciones constitucionales y legales.
La convocatoria también estuvo dirigida a esposas, familiares y allegados de los efectivos en actividad, a quienes se invitó a acompañar públicamente la protesta ante las restricciones que, según los organizadores, encuentran los uniformados para exteriorizar sus reclamos laborales.
Esta circunstancia plantea un problema institucional que excede la discusión salarial, porque obliga a examinar qué mecanismos efectivos de representación, participación y diálogo tienen disponibles los trabajadores de las fuerzas de seguridad para formular demandas profesionales sin exponerse a consecuencias disciplinarias indebidas.
La cobertura sanitaria, otro motivo de preocupación
El reclamo por una obra social que garantice prestaciones adecuadas coincide con la profunda reorganización del sistema de cobertura sanitaria del personal militar y de las fuerzas federales de seguridad, iniciada mediante el Decreto 88/2026, que dispuso la disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades.
La reforma estableció que los integrantes de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina pasaran a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), mientras que el personal de las Fuerzas Armadas quedó comprendido en la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), una diferenciación administrativa que no elimina la responsabilidad estatal de asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones.
De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, OSFFESEG contrató a Medicus como prestadora médico-asistencial, aunque la existencia de una nueva estructura y de un prestador contratado no permite, por sí sola, determinar que todas las dificultades denunciadas por los afiliados hayan sido solucionadas.
En este contexto, la protesta de los retirados incorpora una dimensión particularmente sensible, porque las dificultades de acceso a tratamientos, medicamentos y prestaciones sanitarias pueden afectar especialmente a quienes transitaron una extensa carrera profesional y dependen de su cobertura asistencial durante el retiro.
El derecho a reclamar y las restricciones que pesan sobre los uniformados
La huelga de hambre también vuelve a colocar en el centro del debate la situación de los derechos laborales y profesionales del personal de las fuerzas de seguridad, particularmente la ausencia de mecanismos de representación colectiva equivalentes a los existentes en otros sectores del empleo público y las restricciones que enfrentan sus integrantes para organizar reclamos.
El carácter jerárquico, disciplinado y armado de estas instituciones justifica la existencia de obligaciones especiales y determinadas limitaciones al ejercicio de derechos, pero esa particularidad no significa que quienes prestan servicios en ellas queden excluidos de las garantías fundamentales que corresponden a toda persona en su condición de trabajador y ciudadano.
La discusión adquiere una importancia todavía mayor cuando los propios protagonistas explican que sus familiares deben asumir públicamente la defensa de reivindicaciones que los efectivos en actividad encuentran dificultades para expresar, porque esa situación pone de manifiesto la necesidad de revisar la eficacia de los canales institucionales de diálogo y representación profesional.
La preservación de la disciplina y de la continuidad de los servicios de seguridad constituye una obligación legítima del Estado, pero también lo es establecer procedimientos capaces de prevenir arbitrariedades, procesar conflictos laborales y ofrecer respuestas oportunas a problemas que, cuando permanecen sin solución, terminan trasladándose al espacio público.
La seguridad pública también depende de las condiciones de quienes la sostienen
La situación denunciada por los exgendarmes plantea una contradicción que atraviesa desde hace décadas a las instituciones policiales, penitenciarias y de seguridad: mientras el Estado exige a sus integrantes disponibilidad, disciplina, responsabilidad profesional y exposición a riesgos extraordinarios, los mecanismos destinados a garantizar condiciones laborales adecuadas, protección social y representación efectiva continúan siendo objeto de controversia.
No se trata de desconocer las particularidades del servicio ni de trasladar mecánicamente los modelos de organización sindical de otras actividades, sino de reconocer que las restricciones profesionales deben guardar una relación razonable con las garantías institucionales ofrecidas a quienes soportan esas obligaciones.
El deterioro de los ingresos, el endeudamiento familiar y las dificultades de cobertura sanitaria no constituyen solamente problemas individuales, porque pueden repercutir sobre el bienestar del personal, la estabilidad de sus familias y las condiciones generales en las que se desarrolla una función esencial del Estado.
La protesta iniciada en Plaza de Mayo expresa, en definitiva, una demanda que merece ser examinada más allá de las identidades partidarias y de las disputas coyunturales: ninguna política de seguridad pública puede considerarse institucionalmente sólida si desatiende sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de quienes tienen la responsabilidad de ejecutarla.
El desafío para las autoridades consiste en ofrecer respuestas verificables a los reclamos salariales y sanitarios, pero también en construir mecanismos permanentes de diálogo que permitan prevenir conflictos y reconocer la dignidad profesional de los integrantes de las fuerzas, sin comprometer el cumplimiento de sus misiones legales.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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