La investigación por el fallecimiento de la oficial Leila Sosa fue derivada a una fiscalía especializada en violencia familiar y de género. La Justicia buscará reconstruir el conflicto previo con su expareja y determinar si existen responsabilidades que excedan el hecho inicialmente caratulado como suicidio.
La investigación por la muerte de Leila Salomé Sosa, la oficial primera de la Policía de la Ciudad que se disparó frente a una comisaría de La Matanza, experimentó un giro judicial que podría modificar sustancialmente la lectura inicial del caso.
El expediente quedó concentrado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 21 especializada en Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Lorena Natalia Pecorelli. Allí serán reunidas las actuaciones relacionadas con la muerte de la agente y las denuncias previas originadas en el conflicto que mantenía con su expareja.
La medida no implica, por el momento, que se haya descartado la hipótesis del suicidio. Sin embargo, demuestra que la Justicia considera necesario analizar el contexto completo en el que ocurrió el fallecimiento y no limitar la investigación al instante en que la policía utilizó su arma reglamentaria.
Una vez producidas las nuevas medidas de prueba, la fiscalía especializada deberá resolver cómo continúa la causa. En caso de que aparezcan elementos que justifiquen otra calificación o la intervención de una unidad especializada en delitos contra la vida, el expediente podría regresar a la Fiscalía de Homicidios, conducida por Carlos Adrián Arribas.
El hecho
Sosa, de 37 años, murió durante la tarde del sábado frente a la comisaría San Carlos, situada en la calle Bedoya al 3400, en la localidad de Virrey del Pino.
Hasta esa dependencia había llegado su expareja, un joven de 27 años, acompañado por sus padres. El hombre denunció que la oficial se había presentado en su domicilio y había provocado daños en su automóvil y en el vehículo de su padre.
Mientras el denunciante era entrevistado por el personal policial, Sosa se presentó en la comisaría. De acuerdo con la reconstrucción difundida hasta ahora, se encontraba visiblemente alterada y permaneció durante algunos minutos en la vereda, a la espera de brindar su versión.
En ese momento se escuchó una detonación.
Los policías que se encontraban dentro de la dependencia salieron y encontraron a la agente gravemente herida por un disparo efectuado con su pistola reglamentaria Pietro Beretta. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Paroissien, donde ingresó sin vida.
El arma fue secuestrada y se ordenaron las pericias correspondientes. Inicialmente, la causa fue caratulada como suicidio y quedó en manos de la fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.
Las actuaciones previas
Uno de los puntos que ahora deberá reconstruir la fiscalía es el historial de denuncias, medidas judiciales y episodios conflictivos entre la policía y su expareja.
Según la información conocida, semanas antes del fallecimiento la madre del joven había solicitado una restricción perimetral contra Sosa. Esa presentación habría sido realizada el 12 de julio, trece días antes de la muerte de la agente.
La existencia de actuaciones previas obliga a establecer qué medidas se habían dispuesto, si fueron notificadas correctamente, qué intervención tuvieron los organismos judiciales y policiales y cuál era la situación emocional y laboral de la oficial.
También deberá determinarse si existían denuncias formuladas por la propia Sosa, comunicaciones anteriores, pedidos de auxilio o antecedentes que permitan comprender la dinámica de la relación.
La derivación a una fiscalía especializada indica que el caso comenzará a ser examinado como una secuencia y no solamente como una fotografía tomada en el momento final.
Una investigación que recién comienza
El giro judicial no habilita conclusiones anticipadas ni convierte automáticamente a alguna de las personas involucradas en responsable de la muerte. Las denuncias existentes deberán ser comprobadas, confrontadas y ubicadas dentro de una cronología precisa.
Sin embargo, la decisión de unificar las actuaciones resulta relevante. El interrogante ya no se reduce a establecer cómo murió Leila Sosa, un extremo que materialmente parece claro, sino a reconstruir qué ocurrió antes, qué intervenciones institucionales existieron y si el desenlace pudo haber sido advertido o evitado.
La investigación también debería examinar el acompañamiento psicológico y profesional que recibía la agente, el control sobre la portación de su arma reglamentaria y la respuesta de la fuerza ante eventuales indicadores de crisis emocional.
La muerte de una policía mediante su propia arma no puede considerarse únicamente un episodio privado. Existe una dimensión institucional inevitable: el Estado selecciona, forma, arma y exige disponibilidad permanente a sus agentes. Por eso también tiene la obligación de detectar situaciones críticas y brindar mecanismos reales de protección.
Mientras la familia y sus allegados despiden a Leila Sosa, la Justicia deberá avanzar sin prejuicios ni simplificaciones. El cambio de fiscalía abre una nueva etapa: determinar qué había detrás del disparo y si, antes de aquella tarde, existieron señales que nadie supo, quiso o pudo atender.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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