San Lorenzo (Santa Fe) – Un jugador de Villa Felisa protagonizó un violento incidente con un efectivo policial durante un partido de la Liga Regional Sanlorencina.
La secuencia quedó registrada por espectadores, pero el futbolista no fue aprehendido y, según la información difundida, el propio policía tampoco habría impulsado posteriormente una denuncia. El episodio provocó fuerte malestar dentro de la Unidad Regional XVII y vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Qué respaldo puede exigir la Policía si frente a una agresión directa tampoco funcionan sus propios mecanismos institucionales?
La violencia en las canchas del sur santafesino volvió a cruzar una frontera que nunca debería naturalizarse. Durante el encuentro entre Colón y Villa Felisa, correspondiente a la última fecha de la fase regular de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol, un jugador del conjunto visitante se enfrentó físicamente con personal policial encargado de la seguridad del espectáculo. La escena fue registrada con teléfonos celulares desde las tribunas y muestra el forcejeo producido dentro del propio campo de juego.
El hecho podría haber quedado registrado como otro episodio lamentable de violencia deportiva si no fuera por lo ocurrido después. De acuerdo con la información publicada originalmente por SL24, el futbolista no fue detenido en el lugar y posteriormente habría abandonado el predio sin quedar privado de su libertad.
El caso adquiere todavía mayor gravedad porque, según la misma fuente, el efectivo agredido tampoco habría formalizado una denuncia penal, circunstancia que habría provocado un profundo malestar entre integrantes de la Unidad Regional XVII.
Un policía no está en la cancha para pelear
Hay una cuestión que debe quedar perfectamente delimitada. Un policía destinado a un espectáculo deportivo no concurre como hincha, no integra una parcialidad y mucho menos puede aceptar que una agresión física sea interpretada bajo aquellos viejos códigos según los cuales determinadas cuestiones deben resolverse “entre hombres”.
Está allí en representación del Estado.
Por eso, cuando un funcionario policial es atacado durante el cumplimiento de un servicio, el problema excede ampliamente su decisión individual acerca de denunciar o no denunciar. Existe una dimensión institucional que necesariamente debe ser examinada.
Porque la autoridad policial no pertenece al agente como si fuese un patrimonio privado del que puede disponer voluntariamente. El uniforme, la función y la misión que cumple representan una potestad pública delegada por el Estado.
Y precisamente por eso una agresión contra un policía en servicio no puede degradarse culturalmente hasta convertirse en una simple pelea de cancha.
El peor mensaje posible
El mensaje que deja una escena de estas características resulta devastador: un jugador puede enfrentarse físicamente con un policía ante cientos de personas, quedar registrado por varios teléfonos celulares y, finalmente, marcharse del estadio sin mayores consecuencias inmediatas.
La fuente que informó inicialmente el episodio sostuvo que dentro de la UR XVII existió fuerte indignación por la conducta posterior del efectivo, especialmente porque la departamental todavía permanece golpeada por antecedentes recientes de violencia sufrida por personal policial en encuentros futbolísticos.
Es precisamente allí donde corresponde abandonar las explicaciones superficiales.
No se trata únicamente de determinar por qué un policía decidió no denunciar. También corresponde preguntarse qué condiciones institucionales producen policías que consideran preferible evitar una actuación judicial después de haber sido agredidos.
¿Temor al desgaste administrativo? ¿Desconfianza en la respuesta judicial? ¿Presiones del ambiente futbolístico? ¿Una cultura interna que todavía interpreta la denuncia como una demostración de debilidad? ¿O simplemente la certeza de que, después de horas de trámites, todo terminará prácticamente en el mismo lugar?
Cualquiera sea la respuesta, ninguna resulta tranquilizadora.
La autoridad también se destruye desde adentro
Durante años se ha reclamado legítimamente que el personal policial actúe dentro de la ley, documente sus procedimientos, respete garantías y responda institucionalmente por sus actos.
Exactamente el mismo principio debe aplicarse cuando ese trabajador resulta víctima.
No puede exigirse profesionalismo policial únicamente cuando el policía ejerce coerción. También debe exigirse cuando resulta agredido.
El agente tiene derechos como trabajador, pero además posee responsabilidades derivadas de su condición de funcionario público. Frente a un ataque sufrido durante un servicio, la respuesta adecuada no debería quedar subordinada a códigos informales, orgullos personales o arreglos propios del ambiente futbolístico.
Porque cuando el policía abandona el procedimiento institucional y adopta los códigos de la calle, termina debilitando aquello mismo que representa.
La Liga tampoco puede mirar para otro lado
El episodio tampoco puede reducirse a un problema interno de la Policía.
La Liga Regional Sanlorencina y los clubes tienen responsabilidades concretas en la preservación de condiciones mínimas de seguridad dentro de los espectáculos que organizan.
Hace pocos días, otro encuentro de la región terminó suspendido después de que un jugador agrediera de un golpe de puño a un árbitro tras recibir una tarjeta roja. En aquel caso, el agresor fue reducido por personal policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales.
La reiteración debería encender todas las alarmas.
Cuando golpear a un árbitro, enfrentarse con policías o convertir una cancha en territorio liberado empieza a incorporarse al paisaje habitual del fútbol regional, ya no estamos frente a incidentes aislados. Estamos frente a una degradación de las reglas de convivencia que necesita respuestas institucionales.
La camiseta no concede inmunidad.
La línea de cal tampoco suspende la legislación argentina.
¿Quién respalda al policía?
Existe además una cuestión que se viene planteando desde hace años: no puede construirse autoridad policial abandonando al trabajador policial a su suerte.
Si dentro de las fuerzas se instala la percepción de que intervenir sólo traerá problemas, que detener a un agresor significará horas de actuaciones administrativas, que una denuncia terminará archivada o que el propio agente puede acabar cuestionado por haber utilizado la fuerza necesaria para controlar una agresión, el resultado previsible será el repliegue.
Y una policía replegada tampoco protege a la sociedad.
Por eso sería demasiado sencillo descargar toda la responsabilidad sobre el efectivo que decidió no denunciar. Su conducta debe analizarse, pero también deben hacerlo sus superiores, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Fiscalía, los organizadores del espectáculo y la propia Liga.
La autoridad no se sostiene solamente con uniformes, armas o patrulleros.
Se sostiene cuando las instituciones respaldan al funcionario que actúa correctamente, investigan al que incumple sus obligaciones y transmiten a la sociedad que atacar a quien cumple una función pública tiene consecuencias.
Lo contrario es acostumbrarnos lentamente a que cada cancha, cada calle y cada conflicto tenga sus propias reglas.
Y ese camino ya sabemos dónde termina.
Fuente de la información original: SL24.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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