Grave denuncia en Gendarmería: un cabo primero acusa persecución, hostigamiento y abuso institucional

Hugo Manuel Gómez asegura que desde que comenzó a denunciar presuntas irregularidades quedó sometido a actuaciones disciplinarias, permanece en disponibilidad desde hace aproximadamente un año y medio y enfrenta un proceso que podría terminar con su baja. El planteo también involucra a su esposa, integrante de la fuerza. Las acusaciones son graves y requieren una investigación independiente, pero las responsabilidades deberán establecerse sobre pruebas concretas.

Una grave denuncia interna vuelve a colocar bajo discusión el funcionamiento de los mecanismos disciplinarios y de control dentro de Gendarmería Nacional Argentina. El cabo primero Hugo Manuel Gómez sostiene que atraviesa desde hace tiempo una situación de persecución, hostigamiento y presión institucional que se habría profundizado después de comenzar a formular reclamos y denunciar hechos que considera irregulares.

La información fue difundida por Azules Siempre, que recogió el testimonio del efectivo y documentación relacionada con distintas actuaciones administrativas y judiciales. Por la naturaleza de las acusaciones resulta indispensable distinguir desde el comienzo entre aquello que Gómez denuncia y las responsabilidades que eventualmente puedan acreditarse: no corresponde anticipar culpabilidades, pero tampoco minimizar señalamientos que involucran procedimientos disciplinarios, actuaciones médicas, presuntas visitas a su domicilio y posibles represalias contra integrantes de su familia.

Según su relato, Gómez permanece en situación de disponibilidad desde hace aproximadamente un año y medio y considera que diferentes actuaciones internas estarían siendo utilizadas para sostener esa situación y avanzar finalmente hacia su separación definitiva de la institución.

Denuncia hostigamientos incluso fuera del ámbito laboral

Uno de los aspectos más delicados del planteo se refiere a hechos que, según Gómez, habrían excedido los límites de una controversia administrativa dentro de la fuerza. El gendarme afirma que personal perteneciente a la institución habría concurrido reiteradamente a su domicilio, incluso con efectivos vestidos de civil, y que se habrían realizado averiguaciones entre vecinos.

También sostiene que algunas personas habrían sido presionadas para suscribir actuaciones cuyo contenido no conocían completamente y asegura que determinadas intervenciones habrían ocurrido pese a la existencia de medidas judiciales que, según su interpretación, debían limitar ese tipo de acciones.

Son acusaciones especialmente sensibles porque, de comprobarse, ya no estaríamos únicamente frente a una diferencia disciplinaria entre un subordinado y sus superiores. Por eso debería establecerse con precisión quién ordenó cada actuación, qué personal intervino, bajo qué fundamento jurídico y qué documentación quedó registrada.

Si las visitas y averiguaciones formaron parte de procedimientos regulares, la fuerza debería poder acreditarlo. Si existieron actuaciones por fuera de los canales correspondientes, también deberá determinarse quién las dispuso y con qué finalidad.

Cuestionamientos sobre evaluaciones médicas y expedientes disciplinarios

Gómez formula además severas objeciones sobre procedimientos sanitarios y administrativos aplicados a su situación personal. Afirma haber recibido un diagnóstico que considera incorrecto, denuncia una presunta mala praxis y sostiene que determinadas decisiones médicas habrían sido utilizadas posteriormente dentro de actuaciones administrativas destinadas a justificar su permanencia en disponibilidad.

El efectivo asegura haber cumplido con los requerimientos que se le fueron imponiendo y cuestiona que, pese al tiempo transcurrido, su situación continúe sin una resolución definitiva que considere ajustada a derecho.

Aquí tampoco corresponde reemplazar las evaluaciones profesionales ni convertir una denuncia en una conclusión médica. Precisamente por eso resultaría necesario revisar los antecedentes clínicos, los informes producidos, las juntas médicas eventualmente intervinientes y la relación concreta que esos elementos tuvieron con las decisiones administrativas posteriores.

En una fuerza armada de seguridad, un procedimiento disciplinario puede tener consecuencias profesionales, económicas y personales de enorme magnitud. Por esa razón, la disciplina no puede funcionar separada del debido proceso, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad efectiva de ejercer la defensa.

La denuncia también alcanza a su esposa

El caso adquiere una dimensión todavía más delicada porque Gómez sostiene que la situación habría terminado afectando también a su esposa, quien continúa prestando servicios dentro de Gendarmería Nacional.

Según su versión, ella habría sido objeto de tres procedimientos disciplinarios después de intervenir para desmentir hechos que consideraba falsos y respaldar la posición de su marido. El denunciante relaciona además esos acontecimientos con un período particularmente sensible de la vida familiar, coincidente con el embarazo y nacimiento de uno de sus hijos.

Dentro del relato difundido se menciona a la cabo primero María José Ramírez, quien habría denunciado haber recibido presiones para realizar una presentación contra su esposo cuando se encontraba próxima a dar a luz.

Nuevamente, la gravedad del señalamiento obliga a actuar con cautela en las conclusiones pero con absoluta firmeza respecto de la necesidad de esclarecerlo. Si existieron procedimientos disciplinarios contra ella, debería establecerse cuáles fueron sus fundamentos, qué hechos concretos los originaron y si existe alguna relación entre esas actuaciones y las denuncias formuladas previamente por su marido.

Una cosa es investigar una posible falta disciplinaria y otra muy diferente utilizar el sistema disciplinario como represalia. Determinar en cuál de esos supuestos nos encontramos requiere revisar expedientes, fechas, órdenes y antecedentes, no simplemente confrontar versiones.

Presentaciones ante organismos públicos

Gómez afirma haber realizado presentaciones ante diferentes organismos dependientes del Ministerio de Seguridad y ante la Justicia de Santiago del Estero, además de recurrir a instancias relacionadas con las cuestiones médicas que denuncia.

Según sostiene, las respuestas obtenidas hasta ahora no permitieron esclarecer de manera satisfactoria los hechos planteados y, en algunos casos, su situación habría sido abordada fundamentalmente desde aspectos vinculados con su conducta sin ingresar, a su entender, en el análisis de las irregularidades que viene denunciando.

Si existen presentaciones formales, resoluciones, expedientes administrativos o actuaciones judiciales, esos documentos deberían constituir el punto de partida para una revisión integral del caso. La transparencia resulta particularmente importante cuando quien denuncia pertenece a la misma estructura jerárquica que señala.

La responsabilidad no termina en el subordinado

La denuncia menciona además a integrantes de la conducción de Gendarmería y a distintos responsables regionales y operativos, a quienes Gómez atribuye intervenciones u órdenes relacionadas con los acontecimientos.

Es fundamental mantener aquí una distinción que a veces desaparece en las denuncias públicas: mencionar a una autoridad no acredita su responsabilidad. Esa responsabilidad debe establecerse a partir de decisiones documentadas, órdenes, comunicaciones, actuaciones administrativas y demás elementos probatorios.

Pero el principio funciona también en sentido inverso. La jerarquía tampoco puede constituirse en una barrera que impida investigar hacia arriba cuando existen indicios suficientes.

Una fuerza federal funciona mediante cadenas de mando y responsabilidades diferenciadas. Si una medida fue ordenada por una autoridad superior, la eventual responsabilidad no debería detenerse automáticamente en el efectivo que materialmente la ejecutó. De la misma manera, si un procedimiento disciplinario fue correctamente dispuesto y fundamentado, la institución tiene derecho a demostrarlo con sus propios antecedentes.

Disciplina no significa ausencia de derechos

Gendarmería Nacional necesita disciplina, jerarquía y capacidad de mando para cumplir sus funciones. Eso resulta indiscutible. Pero precisamente porque sus integrantes trabajan dentro de una estructura fuertemente verticalizada, los mecanismos internos de revisión adquieren una importancia todavía mayor.

Un subordinado no dispone de las mismas herramientas que sus superiores para enfrentar una controversia administrativa. Si denuncia a integrantes de su propia cadena jerárquica, esa asimetría se profundiza.

Por eso las garantías de defensa, la imparcialidad de quienes instruyen expedientes, la trazabilidad de las órdenes y la existencia de instancias externas de control no debilitan la disciplina institucional: la legitiman.

La disciplina deja de cumplir esa función cuando puede convertirse en una herramienta para silenciar reclamos, perseguir denunciantes o resolver conflictos personales. Si algo de eso ocurrió en este caso deberá demostrarse. Y si no ocurrió, una investigación seria permitirá también despejar las acusaciones que pesan sobre los responsables mencionados.

Lo que debe aclararse

A esta altura, la cuestión principal no debería reducirse a decidir públicamente quién tiene razón. Lo imprescindible es determinar si las denuncias fueron investigadas con independencia suficiente, si las actuaciones disciplinarias respetaron el debido proceso, si las evaluaciones médicas cuestionadas tuvieron sustento profesional y si existieron o no intervenciones irregulares alrededor del domicilio y la familia del denunciante.

También debería establecerse si la situación de la esposa de Gómez guarda alguna relación con los reclamos formulados por él y, en caso de existir presentaciones judiciales o administrativas todavía abiertas, qué medidas se adoptaron para preservar documentación, comunicaciones y demás elementos que puedan resultar relevantes.

No se trata de proclamar anticipadamente la existencia de una “mafia” dentro de Gendarmería, una expresión cuya gravedad exige pruebas concluyentes. Se trata de algo más elemental y, al mismo tiempo, más exigente: cuando un integrante de una fuerza federal denuncia que el aparato disciplinario fue utilizado para perseguirlo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta despejar cualquier duda razonable.

La respuesta institucional no puede consistir simplemente en cerrar filas ni tampoco en condenar públicamente a personas antes de que los hechos sean esclarecidos. Debe consistir en abrir los expedientes, preservar las pruebas, determinar responsabilidades y garantizar que quien denuncie posibles abusos pueda hacerlo sin convertirse por ese solo hecho en objetivo del sistema que cuestiona.

Porque la autoridad se fortalece cuando puede explicar sus decisiones y someterlas a control. Cuando no puede hacerlo, la disciplina corre el riesgo de confundirse con obediencia ciega.

(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.