Mariano Soria, docente y dirigente gremial, relató cómo fueron los allanamientos realizados en su domicilio y en el de su pareja dentro de una causa por presuntas expresiones antisemitas.
Aseguró que la investigación busca silenciar la solidaridad con Palestina, cuestionó el secuestro de libros políticos e históricos y sostuvo que antisemitismo y antisionismo no son sinónimos.
Mariano Soria, docente rosarino, integrante de la Asamblea de Acción por Palestina y militante de Izquierda Socialista, habló públicamente después de los allanamientos realizados por la Policía Federal en su domicilio y en el de su pareja en el marco de una investigación por presuntas expresiones antisemitas.
Según relató, al momento del procedimiento todavía no había podido acceder al expediente y las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos estaban realizando gestiones para conocer cuáles eran concretamente las pruebas y los elementos reunidos en la causa.
Soria interpretó el operativo como una medida dirigida a intimidar a quienes vienen desarrollando actividades públicas en respaldo al pueblo palestino y cuestionando la actuación del Estado de Israel en Gaza. “Está claro que el allanamiento intenta silenciar esta campaña, intenta que nos callemos la boca, intenta amedrentar, intenta generar temor”, afirmó en declaraciones a Conclusión.
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La interpretación pertenece al propio docente y no constituye por sí misma una conclusión judicial sobre la finalidad de los procedimientos. Sin embargo, su testimonio introduce elementos que ahora deberán ser esclarecidos dentro del expediente: qué expresiones concretas fueron investigadas, qué relación guardan con una eventual conducta discriminatoria y por qué determinados materiales políticos e históricos fueron considerados relevantes para la causa.
Dos domicilios allanados
Soria explicó que la Policía Federal se presentó tanto en su vivienda como en la de su compañera. Él se encontraba en ese momento acompañando a su madre, que padece Alzheimer, y regresó después de recibir el aviso.
Según su relato, durante el procedimiento los agentes buscaron material político, volantes y banderas y secuestraron además una computadora y un teléfono celular.
El docente destacó que no hubo daños en el inmueble, pero insistió en que el tipo de elementos buscados demuestra, a su entender, que la investigación está directamente relacionada con su actividad política en solidaridad con Palestina.
“Lo que van a encontrar allí es la participación nuestra en redes sociales con esta campaña”, señaló.
Los libros que se llevó la Policía Federal
Uno de los puntos más sensibles del testimonio está relacionado con los libros secuestrados durante el procedimiento.
Soria afirmó que entre ellos había obras de Ilan Pappé, historiador israelí conocido por sus trabajos sobre la expulsión y desplazamiento de palestinos, así como un texto del intelectual marxista judío Abraham Léon, autor de estudios sobre la cuestión judía y el sionismo que murió en Auschwitz durante el nazismo.
También sostuvo que fue incautado material referido a la represión británica contra el levantamiento palestino de 1936. Según el docente, los cuatro libros secuestrados estaban relacionados con la historia y la cuestión palestina y no constituían propaganda antisemita.
El dato resulta especialmente relevante porque la primera información oficial difundida sobre otra investigación reciente en Rosario habló del secuestro de cuatro libros definidos conjuntamente como de contenido “antisemita y antisionista”, una formulación que exige distinguir cuidadosamente conceptos diferentes.
En el caso relatado por Soria, será indispensable que la Justicia determine por qué esos textos fueron incorporados como evidencia, cuál es su relación con las expresiones investigadas y si su secuestro responde a una necesidad probatoria concreta.
“Antisemitismo no es antisionismo”
Ese es precisamente uno de los argumentos centrales planteados por el docente.
Soria sostuvo que su actividad está dirigida contra las políticas del Estado de Israel y en respaldo a la causa palestina, pero rechazó que ello implique hostilidad hacia las personas judías.
“Nuestra lucha es denunciar sistemáticamente al Estado de Israel, y ellos buscan emparentar esto con una campaña antisemita, de odio de los judíos, y no tiene nada que ver con eso”, afirmó.
La distinción no es secundaria.
El antisemitismo supone hostilidad o discriminación dirigida contra las personas judías por su identidad religiosa, cultural o étnica. El antisionismo y la crítica al gobierno israelí pertenecen, en cambio, al terreno de las posiciones políticas, aunque en algunos contextos puedan aparecer discursos antisionistas que incorporen efectivamente elementos antisemitas.
Por eso la valoración jurídica no puede realizarse solamente a partir de etiquetas generales. Debe examinar qué se dijo concretamente, contra quién estuvo dirigido y si existió amenaza, discriminación, persecución o incitación a la violencia.
El antecedente de “La Gran Palestina”
Soria vinculó además los allanamientos con las actividades que viene realizando alrededor del documental La Gran Palestina, proyectado en distintos espacios de Rosario.
El film ya había generado una fuerte controversia meses atrás, cuando fue exhibido en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Después de cuestionamientos del presidente Javier Milei y de funcionarios nacionales, el rector Franco Bartolacci pidió disculpas a la comunidad judía y aclaró que aquella proyección no había contado con autorización ni aval académico institucional.
En aquella oportunidad, desde el Gobierno nacional se sostuvo que el documental había sido realizado en colaboración con Hamás, organización incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo, y se advirtió sobre posibles responsabilidades penales relacionadas con actividades de apoyo a organizaciones terroristas.
Soria, sin embargo, mantiene una interpretación completamente diferente y considera que las actividades vinculadas con el documental forman parte del derecho a informar y debatir sobre la situación palestina.
AMSAFE respaldó a los docentes
La causa también produjo una reacción gremial.
La Asociación del Magisterio de Santa Fe repudió públicamente los allanamientos y expresó su solidaridad con los docentes involucrados. La organización sindical sostuvo que defenderá la libertad de expresión y reclamó el cierre inmediato de la causa.
Ese respaldo incorpora al conflicto una dimensión gremial adicional, porque la discusión deja de involucrar solamente a dos personas investigadas y comienza a plantearse también como un debate sobre los límites de la intervención estatal frente a la actividad política y sindical.
Una causa que todavía debe explicar mucho
Hasta ahora existen dos relatos claramente enfrentados.
Por un lado, una investigación federal vinculada con presuntas expresiones antisemitas que derivó en allanamientos y secuestro de material.
Por otro, los docentes involucrados sostienen que se trata de una acción intimidatoria orientada a frenar una campaña política en apoyo a Palestina.
Determinar cuál de esas interpretaciones encuentra respaldo en la evidencia exige conocer el expediente.
Será necesario saber cuáles fueron las publicaciones o expresiones que dieron origen a la investigación, quién formuló la denuncia, qué delito concreto se atribuye, por qué fueron allanados ambos domicilios y qué relación probatoria tienen los libros, volantes, banderas y dispositivos electrónicos secuestrados.
La gravedad del antisemitismo exige investigaciones serias cuando existen amenazas, discriminación o incitación al odio. Pero esa misma gravedad obliga a evitar que la categoría termine expandiéndose hasta abarcar cualquier crítica al gobierno israelí o cualquier posición favorable a la causa palestina.
Soria lo planteó de manera desafiante al referirse a los libros incautados: espera, dijo, que quienes intervienen en la investigación puedan leerlos y comprender por qué antisemitismo y antisionismo no significan necesariamente lo mismo.
Ahora corresponde que la Justicia dé una respuesta bastante más precisa.
Porque si existen expresiones realmente antisemitas, deberán identificarse y evaluarse conforme a la ley.
Pero si lo que aparece detrás de los allanamientos es únicamente actividad política, circulación de libros, documentales y críticas al Estado de Israel, entonces la discusión dejaría de ser solamente penal y pasaría a involucrar directamente un derecho fundamental: la libertad de expresión.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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