El abogado penalista Gabriel Sarla, defensor de numerosos efectivos policiales en causas judiciales, alzó la voz con firmeza en defensa de sus representados.
En un mensaje grabado y difundido esta semana, expresó su preocupación por una situación cada vez más frecuente: policías presos por acusaciones de los mismos delincuentes que detuvieron.
Según Sarla, se ha vuelto costumbre que los delincuentes acusen a la policía de irregularidades en los procedimientos, lo que termina beneficiando al imputado y perjudicando al agente. “La nueva moda es que el procedimiento no fue como la policía dice, que plantó cocaína, o que entró sin orden en una casa… entonces, el delincuente sale sobreseído y el policía termina preso”, denunció.
Las declaraciones del abogado fueron realizadas esta semana en Rosario, Santa Fe, epicentro de una crisis de seguridad sin precedentes. El contexto es alarmante: un nuevo caso de prisión preventiva dictada contra un efectivo, basado únicamente en la versión de un imputado.
Porque, afirma, el sistema judicial está invirtiendo los valores elementales de la justicia. “Estoy enojado porque últimamente veo casos de policías que terminan detenidos, con prisión preventiva, porque quien cometió el delito denunció que el policía fue malo”, sentenció.
Y agregó:
“Al policía que sacó de circulación un arma, al que sacó de circulación droga, al que está haciendo su trabajo… lo metemos preso porque no se le cree su palabra. Hoy, la palabra del delincuente vale más. Esto tiene que cambiar”.
Una crisis de confianza institucional
Lo que Sarla plantea no es menor. Si la palabra de quien viola la ley vale más que la del agente que la hace cumplir, estamos frente a una crisis que va más allá de lo judicial. Se trata de una derrota moral y política del Estado, que deja desprotegido a quien actúa en su nombre.
Este fenómeno, cada vez más frecuente, genera miedo, desmoralización y parálisis operativa entre los agentes. ¿Cómo actuar con firmeza si una denuncia infundada puede convertir al servidor público en imputado?
¿Quién protege al que protege?
La advertencia de Sarla no es solo una crítica jurídica: es un llamado urgente a la política, al poder judicial y a la sociedad civil. Porque si seguimos permitiendo que los delincuentes dicten las reglas del juego, ningún policía va a querer intervenir, y la calle va a quedar en manos de quienes no respetan la ley.
“Esto tiene que cambiar”, repitió Sarla. Y tiene razón. Porque proteger al que protege no es un privilegio: es una obligación del Estado.
Publicado en APROPOL Noticias