Mientras los gremios denuncian recortes, cobros indebidos y falta de cobertura en el IAPOS, el gobierno provincial eligió responder con acusaciones políticas y chicanas, sin aportar soluciones reales a la crisis que afecta a miles de trabajadores estatales.
Por Rubén Pombo
El malestar por el funcionamiento del IAPOS ya no es un rumor: es un grito colectivo. La concentración provincial encabezada por AMSAFE, con la entrega de 18.981 firmas, visibilizó lo que miles de docentes, policías, penitenciarios y estatales sufren a diario: una obra social sostenida con sus aportes obligatorios, pero incapaz de garantizar la cobertura mínima y digna a la que tienen derecho.
La voz de los trabajadores
Los gremios fueron claros: el IAPOS ha abandonado su función.
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Cobros indebidos de plus médicos y bonos.
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Demoras interminables en turnos y estudios.
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Recortes encubiertos en medicamentos y tratamientos.
La foto es contundente: trabajadores que aportan mes a mes, pero deben pagar de su bolsillo para acceder a la salud. “Somos los que sostenemos el IAPOS, pero no tenemos voz en sus decisiones”, remarcaron desde AMSAFE.
La respuesta oficial: acusaciones y chicanas
Lejos de dar soluciones, el ministro de Economía Pablo Olivares eligió desviar el eje. En lugar de explicar cómo el gobierno va a garantizar el derecho a la salud, redujo el reclamo a una supuesta maniobra del “kirchnerismo para quedarse con la caja del IAPOS”.
No hubo anuncio de mejoras, no hubo plan para frenar los recortes, no hubo diálogo con los trabajadores. Solo agravios y estadísticas lanzadas como un salvavidas de plomo: números fríos que no resuelven la angustia de quien necesita un turno médico o un tratamiento urgente.
Lo que está en juego
La salud de los trabajadores estatales no puede ser tratada como una batalla de tribuna. La discusión sobre el manejo de los fondos puede ser legítima, pero no debe tapar lo esencial: el IAPOS está fallando en su misión principal y miles de afiliados lo padecen todos los días.
El gobierno no puede seguir respondiendo con chicanas políticas a un problema de vida o muerte. Los policías, docentes, personal de salud, municipales y todos los trabajadores estatales de Santa Fe no reclaman discursos: reclaman atención digna, transparencia y participación real en el destino de los recursos que ellos mismos sostienen.
La pelota que el ministro tiró a la tribuna volvió rápido al campo: la realidad se impone. Y la realidad es que sin salud, no hay derechos, ni educación, ni seguridad, ni Estado que funcione.
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