La reciente disposición interna de la Unidad Regional I, fechada el 2 de diciembre de 2025, ordena a los jefes de dependencia restringir las Licencias Anuales Ordinarias a un máximo de 15 días corridos, con el argumento de “no resentir la operatividad” de la unidad durante el verano.
Por Marcos Anglada
La comunicación —firmada por autoridades de Personal y Operaciones— vuelve a exponer un problema histórico de la Policía de Santa Fe: la improvisación permanente en materia de gestión de recursos humanos.
Porque, más allá del tono administrativo, esta medida tiene consecuencias concretas:
- Recorta derechos ya limitados.
- Penaliza al trabajador por la falta de personal.
- Desconoce los propios reglamentos que ordenan cómo deben planificarse las licencias.
- Genera acumulación de días que luego son imposibles de otorgar.
Las licencias no son un privilegio: son un derecho
Las Licencias Anuales Ordinarias están reconocidas en la Ley 12.521 y deben ser otorgadas íntegras, salvo casos excepcionales justificados. No son opcionales ni pueden restringirse por decisión unilateral. Pero la UR I pretende resolver un problema estructural —la falta crónica de personal— recortando el tiempo de descanso del personal operativo. Y eso no es responsabilidad de los trabajadores.
El marco legal vulnerado
El régimen de licencias policiales de Santa Fe —regulado por el Decreto 4413/79 y modificado por la normativa vigente— es claro y tajante: las licencias anuales ordinarias se computan en días corridos (art. 52), sólo pueden dividirse en dos fracciones, y cada una de ellas debe tener un mínimo de siete días corridos (art. 7 modif.). Además, el reglamento exige que el plan de licencias esté confeccionado antes del 30 de octubre de cada año (art. 8), justamente para evitar improvisaciones y restricciones de última hora. La comunicación de la UR I, al “sugerir” limitar licencias a un máximo de 15 días, no solo desnaturaliza el derecho al descanso sino que contradice el marco normativo que la propia institución está obligada a cumplir.
Lo más grave: violan sus propios reglamentos
El Reglamento de Unidades Regionales establece que las licencias deben ser planificadas anualmente, distribuidas equitativamente y programadas con anticipación. Nada de eso ocurrió. Recién en diciembre, con las fiestas encima y sin haber organizado previamente los turnos, la conducción decide (¡a modo de sugerencia!):
- Limitar licencias.
- Trasladar el déficit de personal al trabajador.
- Obligar a acumular días que después nunca se compensan.
Esta forma de conducción no es gestión: es administración de la emergencia en modo permanente.
Lo que hay detrás: el costo del ajuste silencioso
La fuerza viene trabajando con:
- planteles reducidos,
- personal sobrepasado,
- sin reemplazos adecuados,
- y con una carga operativa creciente.
En lugar de sincerar el problema, el mando decide avanzar sobre el único espacio de descanso anual que tiene el trabajador.
Esto no solo vulnera derechos: empeora el servicio, porque un personal agotado rinde menos, se enferma más y está más expuesto al error y al conflicto.
La UR I no necesita circulares: necesita planificación real
El circuito no ordena: “sugiere”. Pero en la cultura organizacional policial —y en cualquier estructura jerárquica— una “sugerencia” vertical funciona como orden tácita. La conducción superior redacta un mensaje ambiguo que, en los hechos, restringe derechos, pero delega su ejecución a los jefes de dependencia. Son ellos quienes deben negarle la licencia al trabajador, absorber el conflicto, responder el malestar y sostener la tensión cara a cara. La maniobra es conocida: la autoridad formal evita el desgaste político, mientras el nivel intermedio queda expuesto a reclamos, discusiones y pérdida de autoridad real. Así, la medida no solo afecta la moral del personal sino que erosiona la confianza interna y deteriora la convivencia laboral.
El problema no son las licencias.
El problema es:
- la falta de previsión,
- la ausencia de cuadros suficientes,
- y la cultura de improvisación que ya es marca registrada.
Si las licencias se hubieran planificado cuando correspondía, como manda el reglamento, hoy no estarían imponiendo restricciones de emergencia. Si hubiera dotación suficiente, hoy no estarían responsabilizando al trabajador por el déficit del Estado.
El circuito 401 no es un trámite más: es la confirmación de un modelo de gestión que sigue cargando sus falencias sobre la espalda del trabajador policial.
Los derechos no pueden ajustarse según la cantidad de personal disponible, el descanso no puede ser moneda de cambio y la planificación no puede reemplazarse por una circular de último momento.
El problema no es la licencia: es la conducción.
Irregularidades y consecuencias
La medida es irregular por donde se la mire: viola plazos reglamentarios, altera el régimen legal de licencias, encubre un recorte bajo apariencia de “sugerencia”, y desplaza la responsabilidad de la falta de personal hacia quienes no la generaron. A eso se suma la ausencia de planificación anual exigida normativamente, lo que deriva en decisiones improvisadas que perjudican al trabajador y afectan la operatividad real. En definitiva, la UR I no enfrenta el problema estructural —el déficit de personal— sino que opta por limitar derechos, generar conflictos innecesarios y sostener una conducción basada en ambigüedades administrativas. El resultado es previsible: más malestar, menos eficiencia y una institución que se desgasta desde adentro.
“En una fuerza que ya opera al límite, cualquier medida improvisada no solo vulnera derechos: deteriora la seguridad pública que debería proteger.”
APROPOL Noticias
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