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La gestión de Omar Perotti insistirá con su tratamiento en la Legislatura. Además, esboza un diagnóstico muy crítico a las autoridades anteriores. (foto Sarnaglia - Saín la dupla de la crisis).

 

Por Hernan Lascano

La iniciativa apunta a un programa de emergencia en erogaciones de Seguridad, con un aporte de mil millones de pesos de Rentas Generales como contribución principal. La vigencia prevista de la ley es hasta el 30 de junio de 2021.

¿Tendrá finalmente destino de ley un proyecto en emergencia en seguridad que naufragó hace un mes en el Senado provincial, donde el gobierno de Omar Perotti tiene mayoría, antes de pasar a la Cámara de Diputados? Esta vez la iniciativa que remitirá la semana próxima la Casa Gris, con el trazo de Marcelo Saín en la redacción de lo que concierne a su área, se incorpora con algunos cambios, pero retiene los que distinguieron al que no fue convalidado. Se espera un mayor frente de lucha en la Cámara baja, en la que el oficialismo está en notoria minoría y donde los ánimos están atizados por 50 días sin tregua en los cruces políticos.

El proyecto de necesidad pública en seguridad retoma el reclamo de reestructurar y modernizar las bases orgánicas de la policía santafesina para controlar el delito y las violencias criminales. Parte de la base indica que el ordenamiento legal actual dejó como resultado una estructura policial fragmentada, con problemas de conducción, ineficiente para el control del delito, regulada por normas que son parches para posibilitar un servicio policial deficitario.

El proyecto fija la vigencia de estas atribuciones excepcionales hasta el 30 de junio de 2021. Lo que busca el gobierno en esta área específica es cambiar la estructura orgánica de la fuerza de seguridad santafesina, modificando funciones policiales, eliminando reparticiones y creando otras, para racionalizar el servicio, y supervisarlo de manera más eficaz. Esto, de acuerdo al texto, sin modificar derechos adquiridos de los empleados policiales.

Un apartado central de la iniciativa es lo que permite contrataciones especiales derivadas del estado de necesidad pública para compra de insumos, equipamiento o bienes necesarios para cumplir el servicio de seguridad, a fin de agilizar las adquisiciones, garantizando pluralidad de oferentes y con supervisión del Tribunal de Cuentas. Un artículo de la norma proyectada implica crear el “Programa de Emergencia en Seguridad”, destinado a las erogaciones en los rubros construcciones, maquinaria y equipo, que se financiaría con aportes de Rentas Generales del Estado por hasta mil millones de pesos. También con el 15% de los aportes de los servicios de Policía Adicional, con el 50 por ciento de los recursos percibidos por la agencia de Seguridad Vial, aportes provenientes del Estado Nacional que puedan ingresar, entre las contribuciones principales.

El reclamo de intervenir en la estructura orgánica policial se asienta en un diagnóstico que constata una escasa dotación de policías prestando tareas de calle en los turnos de servicio y la necesidad de disponer de esos recursos haciendo foco en las áreas con mayor complejidad. El diagnóstico indica que a diciembre de 2019, al asumir Perotti, la policía santafesina contaba con una dotación de 21.418 integrantes, de los cuales 19.247 estaban activos, mientras que 2.171, es decir el 10,13%, se encontraban inactivos por diferentes razones, tales como tareas diferenciadas, cese precario o disponibilidad, entro otros motivos.

De entre los activos, 3.745 policías (el 17,48%) se dedicaban a una gama de actividades diferentes de las que se centran en el control y la prevención criminal. Esto implica personal administrativo, servicios especializados como operaciones especiales o bomberos, investigaciones criminales como la PDI y la Dirección de Asuntos Internos.

Eso significa, señala el gobierno, que sólo 15.502 policías estaban destinados a la prevención criminal distribuidos en las 19 regionales y las Direcciones Generales no operacionales. En forma estimativa, un 20% de ese número estaba abocado a tareas de apoyo y administrativas en esas dependencias, lo que significó que sólo 12.402 policías estaban asignados a prestar servicio de patrullamiento, vigilancia preventiva y labores de control especializadas. Vale decir, en la calle.

El planteo es que si esa dotación de 12.402 policías se divide en cuatro turnos, es decir, los cuatro cuartos de los servicios policiales ordinarios, “quedan solo 3.100 policías por turno haciendo prevención policial para 3.369.000 habitantes”.

Afinando números, el gobierno determinó que en las unidades regionales afectados a tareas exclusivamente operativas quedaban entonces 9978 uniformados, lo que implica 2.945 por turno en todas las unidades regionales cumpliendo tareas preventivas.

Y eso, de acuerdo a lo observado, “en base a un despliegue anacrónico y desequilibrado del personal policial, entre las unidades orgánicas, sin tener en debida cuenta las características demográficas, la extensión territorial y las tasas de criminalidad oficial en el ámbito provincial, variables estas que debería ser tenidas en cuenta a la hora de distribuir orgánicamente la dotación de recursos humanos”. En el proyecto que se mandará a la Legislatura el gobierno señala que esto ocurrió en gran medida porque la policía provincial “no cuenta con un eficiente dispositivo de análisis criminal ni labora mediante formas de policiamiento focalizado”.

Otro punto de objeción se refiere a que la situación de recursos humanos policiales es crítica por la pronunciada falta de mandos superiores con capacidades de alta gerencia policial. Uno de los problemas detectados es el de la antigüedad. Según el diagnóstico, el 25% del personal ingresó hace menos de 5 años, el 50,5% hace menos de diez años y casi el 75% en los últimos 15 años. Esto delinea una dotación mayormente joven, asentadas en escalas medias y bajas, por un lado. Y en segundo lugar “no se siguió una estrategia de promoción y capacitación de altos mandos policiales”. Los ascensos a grados superiores se lograron por antigüedad, permanencia en la institución e influencia política o institucional, “aún en los `concursos’, tal como quedó evidenciado en numerosas ocasiones, y no por mérito”.

El diagnóstico asegura que en Santa Fe el Ministerio de Seguridad nunca contó con un dispositivo destinado a la gestión del conocimiento basado en información y análisis acerca de las violencias y problemáticas delictivas, ni tampoco para la evaluación de los organismos del sistema de seguridad. Esto implica que el trabajo de calle en materia de seguridad preventiva sea “meramente reactivo y sin planificación” derivada de los eventos delictivos o violentos. La forma de prestación del servicio está basada “en el patrullamiento o vigilancia aleatorios y en la respuesta a llamados de emergencia, siempre en el marco de una acción meramente reactiva y de escasa eficacia en el abordaje de eventos delictivos”.

Saín sostiene que las situaciones delictivas pueden ser eficazmente conjuradas si se interviene de manera focalizada en el espacio urbano abandonando la presencia policial aleatoria y creando métodos de conocimiento cabal de los problemas del delito de manera georreferenciada.

Otro punto fuerte que se pide transformar es el manejo de fondos especiales, que no tienen control adecuado. Actualmente estas partidas de dinero la manejan de forma autónoma las áreas antinarcóticos, la Tropa de Operaciones Especiales y la Unidad de Asuntos Internos. Por eso, el gobierno insiste en que es necesario que se fijen pautas claras para el contralor y la rendición de cuentas. Y que sean las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad las que establezcan las prioridades y objetivos de esos “gastos extraordinarios”, evitando “el autogobierno policial”.

Para prever el destino del proyecto que enviará a la Legislatura en unos días todas las miradas se posarán en los sectores que impidieron que la primera iniciativa prosperase: la oposición del Frente Progresista y el sector de seis senadores díscolos del PJ comandados por Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), que fueron los que cercenaron hace un mes los artículos determinantes que pedía Saín, a tal punto que lo sustancial del proyecto elaborado en la Gobernación se eliminó en el Senado.

Fuentes del Frente Progresista indicaron una mirada más acorde a consentir el manejo de fondos especiales y también con flexibilizar los procesos que implican gastos en seguridad. Pero fueron firmes en rechazar la idea de habilitar al Ejecutivo atribuciones orgánicas sobre el manejo policial.

“Contra lo que se crea, la mayoría en el Frente Progresista coincide ampliamente con los lineamientos de Saín, aunque es claro que no con el estilo que demostró últimamente”, planteó un referente legislativo del espacio que habló en off. “A Saín lo trajo a la provincia el gobierno anterior. Podemos acompañar una ley con lo que plantea Saín centralmente pero no entregar manejos discrecionales al Poder Ejecutivo. Estas facultades en manos de Saín son una cosa, pero mañana puede dejar de ser ministro y venir en su lugar un funcionario con perfil muy distinto. No se nos escapa que Perotti llegó a la Gobernación en el mismo espacio que Traferri”, indicó el legislador: “No daremos un cheque en blanco”, concluyó.

Fuentes del Frente Progresista indicaron una mirada más acorde a consentir el manejo de fondos especiales y también con flexibilizar los procesos que implican gastos en seguridad. Pero fueron firmes en rechazar la idea de habilitar al Ejecutivo atribuciones orgánicas sobre el manejo policial.

Fuente: Aire de Santa Fe

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