Escuchas revelan connivencia entre jefe policial y clan dedicado al narcomenudeo

sanlorenzo trafico

La Cámara confirmó el procesamiento para el ex jefe de la Brigada Antinarcóticos de San Lorenzo, un abogado penalista y dos hermanas por cohecho. Las intervenciones dan cuenta cómo una de las mujeres contactó al abogado para que le pagara al policía a cambio de la liberación de su hermana y su hija.

 

El 2 de agosto de 2018, el titular del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó al personal de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo tres allanamientos en viviendas de la cuadra Fournier al 1200 de esa ciudad. La Brigada Antinarcóticos estaba a cargo del subcomisario Cristian Acosta y en los operativos secuestraron poco más de 30 gramos de cocaína y unos 600 gramos de marihuana fraccionados y listos para la venta.

Ese día, los policías detuvieron a Magdalena Jesús “Tapi” Mansilla junto con su hija Zaira y a Antonio Luis Centurión y su hijo Manuel. Fue esta detención y las intervenciones de los teléfonos de padre e hijo, quienes ya eran investigados por la fiscal Adriana Saccone en otra causa por comercialización de estupefacientes, lo que dejó al descubierto las maniobras entre el titular de la Brigada Antinarcóticos de San Lorenzo y el abogado de las mujeres, Leandro Demichelli, para que recuperaran la libertad.

Al jefe policial las escuchas también lo dejaron en evidencia sobre el pedido de dinero a cambio de dejar que las involucradas continuaran con la venta de drogas, según indicó el juez Vera Barros en su procesamiento por cohecho donde también acusó a la hermana de Tapi, Yolanda “Yoli” Luna, y al abogado de ambas.

La banda y la coima

Así las cosas la Justicia Federal dividió las causas: por un lado, quedó la investigación donde secuestraron estupefacientes en los allanamientos de Fournier al 1200 y siguen la pista de dos bandas, una en Rosario y otra en San Lorenzo. Y, por el otro, está la pesquisa por cohecho activo y pasivo que involucra a Tapi, su hermana Yoli, el abogado de éstas, Demichelli, y el entonces jefe de la Brigada Antinarcóticos de San Lorenzo, Acosta.

En agosto del año pasado quedaron detenidos y al mes siguiente Vera Barros procesó al cuarteto, los dejó en prisión preventiva y les trabó un embargo de 122.500 pesos. Luego el abogado lograría la excarcelación.

Esa resolución fue apelada por las defensas del abogado y del policía representadas por Walter Calenta y José Nanni, respectivamente. En ese marco, el 10 de febrero pasado el planteo de los penalistas fue rechazado por la sala A de la Cámara Federal de Rosario integrada por los magistrados Fernando Barbará y Aníbal Pineda.

Para el procesamiento Vera Barros tuvo en cuenta las escuchas entre los involucrados, donde entendió por probado que el abogado intermedió junto con Yoli Luna para que el jefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos recibiera dinero y que su hermana Tapi y la hija de ésta, Zaira, recuperaran su libertad, en el marco de los allanamientos en agosto de 2018. En el caso del procesamiento de Acosta, su intervención está agravada “por su calidad de funcionario público encargado de la prevención y persecución de los delitos previstos en la ley 23.737”.

Las escuchas

Según el fallo, ese 2 de agosto el subcomisario Acosta dejó constancia en el acta de procedimiento de que, mediante una comunicación telefónica con el juzgado, su secretario le ordenó detener a los principales cabecillas y liberar a los demás.

Así, un hombre llamado Antonio Centurión y su hijo Manuel –quienes eran los inicialmente investigados– quedaron a disposición del juzgado junto con otra persona, mientras que Tapi y Zaira Mansilla recuperaron la libertad. Pero de las escuchas de otra causa a cargo de la fiscal Saccone, que también investigaba a los Centurión como posibles vendedores de drogas, surgió la trama que desembocó en el procesamiento de las mujeres, su abogado y el policía Acosta.

La primera conversación que llamó la atención de los investigadores ocurrió el mismo día de las detenciones, cuando una media hermana de Tapi, apodada Yoli contactó al abogado Demichelli, quien le dijo que “necesitaría aunque sea unos pesos” para poder moverse: “Y no voy a estar frenado, voy a tener que ir a la policía”, explicaba el penalista.

En esa charla,  Yoli preguntó cuánto y el abogado le respondió: “Diez mil pesos necesitaría para moverme”.

En otra conversación, Demichelli le dijo a Yoli: “Consígame eso y un poquito más, yo lo tengo todo solucionado. Estoy manejando para que la larguen dentro de un rato”, y le explicó que el acuerdo era por ambas mujeres, madre e hija y no incluía a los Centurión.

En las numerosas horas de grabaciones, Yoli le refirió a un tal José que ya había arreglado, que juntó “diez” y que va a ver si juntaba “aunque sea veinte”.

En otra conversación de Yoli con su abogado “éste dialoga en segundo plano con un masculino al cual menciona como Acosta, preguntándole si eran ellos los que estaban allanando en ese momento”, de acuerdo al expediente.

“Sí. ¿Puede hablar Acosta?”, preguntó el abogado y se presentó: “Eh Demichelli. Bien, ¿Están allá? Ah, ustedes están trabajando… bueno, bueno porque yo quería ir para allá, para ver el procedimiento”.

“Tuve que pagar”

La propia involucrada, Tapi Mansilla, le contó días después de su liberación a una persona no identificada los pormenores de ese operativo:

—Tapi: Y el jueves, bueno, me cayeron los patas negras, estuve detenida como seis horas, tuve que pagar.

—NN: ¿Que arregló, por guita, por plata?

—Tapi: Sí, tuve que pagar sí, puse abogado todo.

—NN: ¿Mucha guita?

—Tapi: Eh, cien mil.

—NN: Bueno, pero ahora hay que tener cuidado.

—Tapi: Sí, hay que tener cuidado, pero no, ya arreglé con los milicos, ahora puede trabajar tranquila.

Con base en estas escuchas y otros elementos de prueba, el juez procesó a Tapi Mansilla, su hermana Yoli y al abogado Demichelli por cohecho activo, y al policía Acosta por cohecho pasivo, resolución que fue apelada por los defensores. También a Tapi la acusó de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización.

Ante esta situación, los dos apelaron su procesamiento. El fiscal federal general Claudio Palacín consideró que la resolución estaba debidamente fundada y que las intervenciones telefónicas fueron ordenadas en el marco de una legítima investigación judicial que dio cumplimiento a todos los requisitos legales.

Por otra parte, Palacín marcó que el juez federal omitió expedirse sobre uno de los hechos imputados al policía: el de otorgar protección a una persona para que se continúe con el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con lo que explicó, esto constituiría una participación en el hecho.

“Yo ya arreglé”

El fiscal general hizo referencia a esta escucha entre Tapi y Manuel Centurión.

—Tapi: Y vos decís que yo sigo vendiendo ¿o no?

—Manuel: Sí, mandale cuete hasta que salga, después cuando salga vamos a hablar, vamos a arreglar de alguna forma, vamos a buscarle la forma para, entendés.

—Tapi: Pero si yo ya arreglé digamos, a mí me dijeron que yo tengo que pagar noventa mil y me dejan trabajar un año.

—Manuel: ¿Y vos ya pagaste eso?

—Tapi: No, dentro de un mes tengo que pagar eso…

—Manuel: Bueno cuando yo esté afuera vamos, esa persona que te ofreció eso, yo voy a ir a hablar con esa persona…

—Tapi: Es el mismo que la tía Yoli arregló.

—Manuel: Está bien, pero perfecto, pero yo quiero hablar con la persona esa, para estar seguro de lo que yo tengo pensado hacer, hacerlo tranquilo entendés, esa es la onda.

—Tapi: Lo único que me dijo él, vos tenés que cuidarte de los gendarmes, porque con los gendarmes no hacemos arreglo…

Tras los planteos en la apelación, los camaristas Barbará y Pineda confirmaron el fallo al señalar entre sus argumentos que “existen en autos conversaciones telefónicas que acreditan –en grado probable– tanto la existencia del hecho, como la participación de Acosta y Demichelli en su comisión”.

Y con respecto a lo señalado por el fiscal Palacín, la Cámara consideró que, si bien el juez le había dictado la falta de mérito por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tanto para el abogado como para el jefe policial, no se había pronunciado específicamente sobre lo señalado por la Fiscalía. Es por ello que dispuso que se haga lugar a lo solicitado y que el magistrado se expida sobre ese aspecto en relación con la connivencia de Acosta.

Fuente consultada: El Ciudadano

APROPOL Noticias

 

Imprimir