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Santa Fe - Ezequiel Hernández, el fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, imputó este viernes a un efectivo que presta servicio en la Policía de Santa Fe por haber sustraído un teléfono celular de una de las seis víctimas de la masacre del barrio Alfonso ocurrida en 2017, en Monseñor Zazpe al 4100.

 

El funcionario judicial le atribuyó al personal policial, identificado como W.A., el delito de "hurto calamitoso" tras considerar que el mismo se llevó un celular Motorola modelo Moto C, color negro, el cual era propiedad de Franco Lezcano, el único sobreviviente de la matanza femicida desatada por el agente penitenciario Facundo Solís el 29 de diciembre del 2017.

Para el fiscal, la conducta de W.A. fue realizada cuando el mismo se desempeñaba como Jefe de la Segunda Zona de Inspección de la Unidad Regional I. En este sentido, la investigación detectó, que el funcionario policial ingresó a la vivienda donde fue atacado Franco y asesinada su madre, Sonia Noguera.

Tras el ataque y la posterior retirada de Solís de la escena del crimen, el jefe policial, aprovechando la indefensión de la víctima -creen los investigadores- se adentró en la vivienda, vio la escena del crimen y se llevó el teléfono de Franco.

La imputación contra el personal policial llegó después de que los investigadores detectaron que el teléfono Motorola de Franco lo tenía en su poder una mujer. Mediante un informe de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación se logró establecer que el el aparato estaba en uso.

A partir de la obtención de los números de IMEI –Identidad Internacional de Equipo Móvil– se obtuvo la nueva línea de teléfono que se encontraba activa en el aparato el cual se encontraba en la vivienda de una mujer, la cual indicó luego que dicho aparato había sido proveído por un personal policial.

El caso además cuenta con otra imputada, la cual también tenía en poder el teléfono de Mariela Noguera, la expareja de Solís y quien también fue asesinada aquella torrida siesta. Se trata de una vecina de la victima a la cual en 2018 el fiscal Hernández le atribuyó el delito de encubrimiento.

Fuente: UNO Santa Fe

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