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ESCRITO PIERRI

Santa Fe - El abogado defensor del ex Jefe de Policia Dr. Miguel Angel Pierri presentó un escrito en tribunales para que citen a declarar a Bonfatti y el actual gobernador Lifschiftz. Es en relación a la Causa D4, por la cual aún permanece detenido bajo medida cautelar el ex jefe policía Rafael Grau. La defensa de este exige explicaciones a los responsables del ejecutivo.

La causa D4 reúne todos los condimentos necesarios para ser la punta del ovillo que desnude el deplorable estado institucional de las Fuerza de Seguridad

Provincial, y la ausencia total de voluntad política para ordenar el funcionamiento del Ministerio seguridad, a cargo de Maximiliano Pullaro.

El pasado miércoles, ingresó a la fiscalía Especial de Delitos Complejos de Santa Fe, un pedido de testimonial que llevaría a Bonfatti y Lifzchitz a prestar su
declaración en la causa D4, por la cual el Ex Jefe de Policía (de ambas gestiones) Rafael Grau, fue encarcelado bajo la acusación de “defraudación al estado” junto a otros oficiales de la fuerza.

Esta solicitud trascendió, al parecer, desde la propia fiscalía, y lleva la firma de los abogados defensores de Rafael Grau siendo estos: Miguel Angel Pierri,
Pedro E. Fontanetto D ́Angelo y de la hija de Grau, quien es parte de la defensa.

El mismo, fue recibido por la fiscalía regional I del ministerio público de la acusación, por el responsable Francisco Bogado.

Los funcionarios son citados a declarar bajo el firme requerimiento de que puedan explicar cual era el estado institucional operativo en que se encontraba
la Policía De Santa Fe al momento en que Rafael Grau se encontrara a cargo de la jefatura policial. Según la defensa, esta es la clave para demostrar la falsedad
de la imputación hacia el ex jefe de policía; a quien se lo acusa de ser el jefe de una organización delictiva que “funcionaba”, según el mismo Fiscal acusante
(Apullan), con dos años de anterioridad a que Grau sea elegido por Bonfatti como su último Jefe Policial.

Por la causa D4, Grau y otros 9 imputados que fueron acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta en una operación que implicaba el desvió de
fondos supuestamente destinados a la reparación y cambio de repuestos a móviles policiales, por lo cual los acusados habrían defraudado al Estado por un
monto de $ 96 616 .

La defensa sostiene que las acusaciones infundadas sobre Grau serían parte de una contraofensiva política y judicial del actual ministro de seguridad en
represalia a ciertos cuestionamientos que el jefe policial habría hecho sobre nombramientos irregulares en cargos de mando de la fuerza.

Los registros periodísticos indican que el 10 de diciembre de 2015, cuando Pullaro aún era Diputado, mantuvo una acalorada discusión con Rafael Grau. Un
articulo publicado por Utrapol el 13 de septiembre de 2017 (día posterior a la detención de Grau) dice:

“Rafael GRAU, en la mañana del 10 de diciembre de 2015, ya había tenido el primer encontronazo con quien aún no era ministro, PULLARO, una ardua  discusión que un tercero pudo frenar a tiempo, antes que se vayan a las manos; y el reproche del jefe de policía, era la designación de oficiales superiores en unidades operativas; sin que el lo supiera o se lo consultara[…] PULLARO, jamás quiso que Rafael GRAU continúe, al asumir su gestión, al frente de la fuerza; tampoco lo quiso a Luis BRUSCHI, elegido por el Gobernador; el ministro quería y quiere alguien más dócil, manejable tal cual un títere, y no lo ha logrado; porque siempre le salió todo mal; nunca pudo designar él un jefe de policía, y su peor momento llegó cuando el comisario general Luis BRUSCHI renuncio a poco de asumir, y el timón de esa tormenta lo tomo el Gobernador, y designo a Jose Luis AMAYA y José PEREZ, de ahí en más no pudo tener injerencia en la parte operativa; pero no pierde las ganas, está obsesionado con echar a Amaya y Perez; pero todo le sale mal a PULLARO, siempre todo le sale muy mal”.

El mismo día de la trifurca Rafael Grau presenta su renuncia (el 10 de diciembre de 2015). Sin embargo, el gobernador entrante, Miguel Lifzchitz le solicitó que
ante la transición de autoridades; privilegiara la estabilidad institucional y que para eso seria conveniente su continuidad en el Cargo. Este es el motivo
principal por el que Lifzchitz debería expedirse frente a la Justicia.

La defensa de Grau, desde el comienzo destaca la imposibilidad del ex jefe provincial de conocer las maniobras fraudulentas de las que se lo acusa, y el
absurdo de que este Funcionario pudiese ser la cabeza de una organización delictiva que estaba en funcionamiento, según la propia fiscalía acusatoria, dos
años antes de que Grau asumiera el cargo de jefe de policía.

Todos estos factores, parecen dar cuenta de un “ensañamiento” con Grau. Quien además, debemos destacar, fue el único de los acusados de esta causa que se
negó a un juicio abreviado, exponiendo firmemente la intención de demostrar su inocencia y no aceptar los cargos que se le imputan.

En la misma línea argumental se destacan algunas acciones que Grau llevo a cabo durante su gestión como jefe de policía, principalmente reglamentaciones
que avanzaban sobre el control técnico de las horas Ospe, Controles de Auditorias, y disposiciones para transparentar todas las partidas vinculadas a la
gestión y manejo operativo de fondos destinados a la fuerza.

Todas estas iniciativas, convirtieron a Grau en una piedra en el zapato del Ministro Pullaro, que pareciera estar obstinado por hacer y deshacer en la
institución policial sin que nadie obstaculice su decadente gestión. Si a esto le sumamos la cantidad de acusaciones que recayeron sobre la mayoría de los
Jefes Policiales de las 3 gestiones socialistas, de ser probada esta acusación de Apullan sobre los acusados también implicaría al anterior Jefe de Policia de
Bonfatti. Esta Cronología nos lleva a la conclusión de que ningún jefe de policía del socialismo pudo evadir el desmanejo institucional del FPCyS sobre la Policía
de Santa Fe.

Es valido aclarar, que el primer fiscal acusatorio, Apullan, fue apartado de esta causa y de otras por haber ordenado la intervención del teléfono del ministro

Pullaro. Actualmente, el fiscal a cargo de la acusación es Ezequiel Hernandez, protegido del fiscal regional Carlos Arietti mano derecha del ex ministro y actual
defensor del pueblo Raul Lamberto.

Los y las santafesinas siguen padeciendo las consecuencias de los sucesivos fracasos de la política de seguridad llevada a cabo por las 3 gestiones socialistas.
La corrupción y la impunidad con que el poder político a conducido a la policía de la provincia ha colocado a Santa Fe en los primeros lugares de los índices de
homicidios, delitos y violencia del país. Duele saber que nuestra provincia es una pieza fundamental en el esquema nacional del crimen organizado y el narcotrafico.

Fuente: https://colussi52.com

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