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Rosario - Cumplieron dos años en prisión preventiva. El juez rechazó el pedido por lo grave del hecho imputado y el pedido del fiscal. Las defensas ya apelaron.

 

El juez federal Carlos Vera Barros rechazó el pedido de dar la libertad a los nueve policías que están en la cárcel acusados de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco y prorrogó por seis meses la prisión preventiva para todos ellos. La resolución motivó la apelación automática de parte de los defensores. Éstos señalan que todos sus clientes llevan dos años privados de la libertad sin un horizonte claro del momento de realización de juicio, sin que haya riesgos procesales fundamentados y cuando la causa tuvo modificaciones que, según afirman, desnaturalizan la idea de que Franco desapareció por acción de policías de la comisaría 7ª de Rosario y que murió allí por violencia infligida contra él.

La resolución de Vera Barros fue adoptada el martes y notificada ayer a las defensas de los policías que llevan dos años detenidos por la desaparición de Casco, el joven bonaerense que apareció muerto en aguas del río Paraná a fines de octubre de 2014 tras haber sido visto por última vez en la seccional de Cafferata al 300. El defensor oficial Federico Tschopp solicitó el cese de la preventiva de cuatro de los policías a los que asiste. Según el magistrado, luego de eso el defensor Andrés Pennisi, que representa a la querella que ejerce el padre de la víctima, Ramón Casco, pidió que se prorrogara la prisión preventiva. A la vez el fiscal federal Guillermo Lega dictaminó que debían proseguir las detenciones, dado que en el expediente aún hay pruebas por rendirse, es decir que la etapa de instrucción no terminó.

Argumentos sostenidos

Al prorrogar la prisión preventiva, Vera Barros reitera los argumentos expuestos cuando procesó a los acusados. Entiende que el análisis de todo el caudal probatorio acumulado en el trámite "permite inferir la posible existencia de los hechos por los cuales ahora se encuentran procesados y detenidos los imputados", que son doce personas en total. Indica la probabilidad de que el presunto delito atribuido pueda haberse llevado a cabo por un accionar que habría impedido formalizar la búsqueda de la víctima y con irregularidades e inconsistencias tendientes a que no se constataran los motivos de la desaparición de Franco.

El juez marca también que en su carácter de personal policial, los imputados pueden contar con mayores recursos como para desbaratar elementos probatorios en su contra. Y que eso es lo que constituye la peligrosidad procesal de los imputados. La gravedad del tipo de delito investigado, que es desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, más todo lo que había señalado, es fundamento suficiente para Vera Barros para rechazar los pedidos de cese de prisión.

Los que seguirán en la cárcel en virtud de esta medida son Diego José Alvarez, por entonces jefe de la 7ª, Cecilia Ruth Contino, Walter Eduardo Benítez, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Daniel Silva. El caso tiene en total a 18 policías procesados pero once están en libertad.

El defensor Marcelo Jaime, que representa a quien era entonces jefe de la comisaría, sostuvo que no existe ningún motivo que justifique el riesgo procesal y la prisión preventiva. "Las convenciones internacionales indican que una persona puede estar privada de la libertad si existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Mi cliente siempre estuvo a derecho, nunca tuvo una sanción y tiene arraigo en la ciudad. Cuando se enteró por los medios que sería detenido armó su bolso y se presentó espontáneamente a la autoridad competente", indicó.

Este defensor sostiene que los indicios que llevaron a conjeturar la hipótesis de tortura de Franco Casco o de posterior desaparición forzada se fueron cayendo del expediente. "Fue descartada la hipótesis de tortura completamente porque hoy está probado que las piezas dentarias ausentes en el cuerpo de Franco, el joven no las tenía de antes. Los dos odontólogos que realizaron la pericia de autopsia están sobreseídos porque no hay sospecha contra ellos. A Franco se lo ve en registros fílmicos caminando con posterioridad a salir de la comisaría, lo que vuelve insostenible la idea de que lo mataron allí", dijo Jaime.

La defensa de Alvarez presentó además una denuncia protocolizada con el número 030045/19 por falso testimonio contra los 13 detenidos que dijeron haber visto u oído como Franco era golpeado dentro de la comisaría 7ª. "El juzgado delegó a la Fiscalía Federal 3 para que investigue a estas personas porque hay gente detenida hace dos años en base a testimonios que estamos convencidos que son falsos".

Para las defensas estos testimonios quedaron como sostén central de la tesis fiscal. "Pero son mendaces porque dan una versión inicial de los hechos que luego cambian. Son falsas por constancias documentales y porque se contraponen con la de otros 15 reclusos que no dijeron eso. Señalan en algunos casos que vieron cuando golpeaban a Casco o lo oyeron gritar cuando es imposible por la disposición del penal de la 7ª o porque no hay forma de escuchar desde un lugar a otro", sostuvo Jaime.

Fuente: La Capital

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