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Oberá (Misiones) - “Si me denunciás, voy y te mato a vos y a tus hijos, total después me pego un tiro y listo”, amenazó un superior a una subalterna de la Policía de Misiones que cumple servicio en una dependencia de Posadas, según quedó plasmado en un audio de WhatsApp que la semana pasada llegó a manos de la cordobesa Adriana Rearte, presidenta de la Mesa Nacional Contra la Violencia Institucional en Fuerzas De Seguridad, Derechos Humanos y Género y ademas de la FASIPP.

 

Según denunció la víctima, la persecución y el hostigamiento comenzaron cuando rechazó las insinuaciones de índole sexual de su jefe, al tiempo que las autoridades de la fuerza habrían minimizado la cuestión, con el riesgo que ello implica para la integridad de la policía y su familia.

Se trata de un caso de los tantos denunciados por personal femenino de las fuerzas de seguridad de Misiones, donde persisten prácticas que perjudican la carrera y hasta la salud de muchas mujeres.

En ese contexto, el último jueves Rearte llegó a la provincia para tomar contacto con algunas víctimas de violencia, acoso y abuso institucional. Asimismo, pudo entrevistarse con la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, y con el subjefe de la Policía, comisario general José Roberto López.

“En Misiones hay muchos casos de acoso sexual a mujeres de las fuerzas de seguridad. Nosotras ya contamos con más de diez denuncias y el 80 por ciento son de mujeres policías. En esta provincia hay hechos de mucha gravedad y, para colmo, cuando la víctima denuncia, lo primero que hacen los jefes es pasarla a situación pasiva, perseguirla o echarla. Es lamentable lo que está pasando y pedimos a las autoridades que actúen de manera urgente”, alertó.

Comisarios acusados

Rearte llegó a Misiones acompañada por Alejandra Pereyra, vicepresidenta de la Mesa Nacional, quien en 2013 tuvo una enorme repercusión mediática por el apoyo que recibió por parte del papa Francisco tras ser violada por un comisario de la provincia de Córdoba.

En diálogo con El Territorio, ambas mencionaron que antes de ser referentes fueron víctimas de la violencia institucional y llegaron a Misiones para visibilizar y concientizar sobre un drama que se repite más de los que muchos creen. Se estima que por cada caso denunciado hay otras diez víctimas anónimas que no se animan a recurrir a la Justicia.

“El acoso sexual va de la mano del acoso laboral, porque cuando se rechaza una propuesta sexual comienzan a ser perseguidas con traslados y recargos, como el caso de Adriana González, una policía de Capioví que ya radicó 18 denuncias contra dos comisarios que todavía están en el mismo lugar y la siguen acosando”, remarcó Rearte.

Precisamente, el viernes por la tarde la comitiva de la Mesa Nacional se trasladó hasta Capioví para entrevistarse con González, quien cursa un embarazo de alto riesgo.

Al respecto, la dirigente indicó que “el subjefe de Policía nos dijo que están investigando, pero nos parece que mientras tanto los acusados deberían estar en situación pasiva porque pueden entorpecer la investigación, como harían con cualquier subalterno. Además, la víctima es continuamente intimidada con controles vehiculares frente a su casa. Es increíble cómo se le ríen en la cara”. En tanto, opinó que “Asuntos Internos no sirve para investigar este tipo de conductas porque priorizan el amiguismo, el rango y las relaciones. Esto en Misiones se nota mucho”.

Modus operandi

Explicaron que la intención de la Mesa Nacional, que tiene presencia en casi todas las provincias, es poder trabajar en red con el Estado y las instituciones para evitar situaciones de injusticia. Las referentes en Misiones son Mabel Rivero, Norma García y dos funcionarias en actividad cuyas identidades se reservan para evitar posibles represalias, tal como reconocieron.

Sobre la reunión con el subjefe de Policía, Rearte comentó que “según él, no tenía conocimiento de algunas situaciones, pero ahora están avisados. Por ejemplo, el caso gravísimo de una chica del Comando de Posadas que aportó un audio en el que un superior la amenaza con matarla a ella, a los hijos y que luego se va suicidar. La prueba es contundente y esperamos que actúen para evitar una tragedia”.

También mencionó que la estigmatización es parte del modus operandi que tienen los jefes de las fuerzas para desacreditar a las víctimas. “Lo primero que hacen es desparramar que tuvieron un romance y la mujer es despechada”, indicó.

En tal sentido, mencionó que tales actitudes se encuadran en acoso laboral o mobbing, que se da cuando el hostigador produce miedo, desprecio o desánimo en la víctima, lo que “puede derivar hasta en suicidio”, alertó.

“También hombres que son acosados por superiores femeninas -indicó Rearte-. En general, a la mujer le cuesta denunciar por temor a represalias laborales, pero el hombre tiene vergüenza de aceptar que está siendo acosado”.

Asimismo, destacó la actitud que viene demostrando la directora general del SPP, alcaide general Nilda Correa, en situaciones de acoso contra el personal.
“Vemos que la titular del Servicio Penitenciario brinda protección a las víctimas de estas prácticas nefastas, lo que seguramente tendrá que ver con que es mujer. Por eso sería bueno que la Policía también tenga una mujer en la cúpula”, subrayó.

Caso emblemático

En su visita a Oberá, Alejandra Pereyra contó detalles del calvario que padeció en carne propia y la motorizó a involucrase para ayudar a otras víctimas. “Yo fui abusada por un comisario y en un primer momento no se investigó nada, hasta que me decidí a escribirle una carta al papa Francisco.

Una noche de agosto del 2013 el papa me llamó y me dijo que entre las cientos de cartas que recibe a diario, la mía le había llegado al corazón”, recordó emocionada. En 2008 Pereyra fue violada por un jefe de la Unidad Departamental de Río Segundo, de la Policía de Córdoba, quien llegó a amenazarla con un arma en la cabeza.“El Papa me dijo que no estaba sola y que se iba a hacer justicia. Después viajé a Roma y lo conocí”, comentó.

El fiscal de su caso fue Luis Nazar, quien en abril del año pasado fue condenado a tres años de prisión efectiva por cobrar una coima para liberar a un detenido. “Dios pone todo en su lugar”, agregó Pereyra. 

 

El ejemplo del Servicio Penitenciario Provincial

En diálogo con este matutino, Adriana Rearte y Alejandra Pereyra destacaron el compromiso y la valentía de la directora del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Nilda Correa, en la lucha contra la violencia y el acoso en la institución que dirige.

Precisamente, el 22 de abril se concretó el pase a disponibilidad del alcaide general José Luis Snaider, tercero en la línea de mando de la institución, quien fue denunciado por acoso sexual y laboral por una penitenciaria de 25 años.

Tal como se informó en la ocasión, la presunta víctima acudió a la directora Correa para contarle el calvario que había comenzado a vivir hace alrededor de un año. Así, fue contenida y asesorada para realizar una denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Posadas.

“Siempre había insinuación de que debía mantener una relación amorosa con él. Él me saludaba con dos besos, lo cual no es común dentro de nuestra institución”, se lee en la denuncia efectuada por la penitenciaria.

Asimismo, detalló que durante varios meses no volvió a cruzarse con Snaider, quien había sido pasado a disponibilidad por otro hecho y recién se reintegró en julio de 2018, momento en el cual la joven decidió tomarse unos días de franco compensatorio, justamente para evitar el contacto con su superior.

Pero Snaider la volvió a contactar y le dijo que al culminar su licencia debía reincorporarse como su secretaria. Se repitieron las insinuaciones y la cuestión se agravó cuando comenzó a recibir amenazas en contra suya y de sus familiares, lo que la motivó a radicar la denuncia.

Días después, dos mujeres guardiacárceles acusaron al jefe de la Unidad Penitenciaria III de Eldorado por acoso y persecución laboral.

 

Fuente: 

APROPOL Noticias

 

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